Embargos millonarios, divorcios y el dinero del dormitorio

Granada/A punto de cumplirse los dos años de la Operación Nazarí, aquella enorme actuación policial coordinada por la jueza María Ángeles Jiménez que puso la ciudad patas arriba, la investigación continúa con menos sobresaltos o grandes titulares que otros asuntos, pero sí ha condicionado en parte la vida a esas 15 personas que fueron detenidas por su supuesta participación en uno de los casos de corrupción municipal más sonados del país. Solo tardaron unas pocas horas en recobrar su libertad aquel mismo 13 de abril de 2016, no se les impuso fianza, pero más de 80 propiedades inmobiliarias y unos 150.000 euros requisados en los registros quedaron embargados como garantía de los futuros resultados de la investigación.

Aquellas trabas impuestas por el Juzgado para impedir la fuga de dinero y patrimonio se mantienen dos años después, salvo algunas excepciones que la jueza ha autorizado en los últimos meses tras analizar cada petición remitida por algunos investigados de levantar la prohibición de disponer de los bienes trabados. Los motivos alegados son diversos, desde enfermedades familiares a negocios con terceros afectados, pero se repiten sobre todo los divorcios y la necesidad de vender pisos y casas para que las parejas puedan hacer el reparto de sus bienes.

Al Juzgado de Instrucción 2 de la capital han llegado los detalles de diferentes historias personales en las que este medio no se detendrá más allá de los rasgos generales que permiten vislumbrar la evolución de este proceso judicial y su incidencia. Pero el caso es que la magistrada y la fiscal han tenido que conocer variopintas situaciones para tomar decisiones sobre estos aspectos. En casi todos los casos han valorado que las garantías económicas o patrimoniales adicionales que existían o se han aportado después eran suficientes para aliviar ese problema que la retención de los bienes estaba provocando. Un ejemplo es el de uno de los funcionarios de Urbanismo investigados, que recientemente ha conseguido la autorización de la magistrada para disponer de una de sus fincas y así poder cumplir con un contrato de venta antiguo. Alegaba que el Juzgado ya le tenía trabados otros bienes (casas y pisos) por valor 1,8 millones de euros, lo que podría ser suficiente para asegurar su posible responsabilidad económica en el futuro.

En total, solo contando los valores catastrales de los bienes inmobiliarios de los investigados que la Policía desglosó en un informe, la cuantía del patrimonio sujeto por el Juzgado superaría los 7 millones de euros. Pero esa cantidad podría llegar a triplicarse en valor real de mercado. Eso sí, las prohibiciones de disponer de esos bienes ordenadas por la jueza para que aparecieran en todos los Registros de la Propiedad afectados solo afectaban al patrimonio personal de los investigados, de modo que no se han visto afectadas las propiedades empresariales, aunque algunos de los imputados sean promotores.

Uno de estos empresarios, José Julián Romero, y su esposa, son precisamente los afectados por la última decisión de la jueza en este asunto de liberar fondos y patrimonio retenido. La magistrada Jiménez se ha vuelto a ratificar en su negativa de devolver a la mujer del promotor los 52.470 euros que dicen ser suyos y que fueron hallados por la Policía en el dormitorio de la pareja. El dinero, que estaba dentro de una caja fuerte de la estancia conyugal, fue confiscado el día de la Operación Nazarí y llevado a la cuenta del Juzgado, del mismo modo que se hizo con otras cantidades encontradas a otras investigados.

La pareja del empresario, con su propio abogado y procurador, ha insistido en personarse en la causa Nazarí alegando que es afectada por el embargo de ese dinero cuya propiedad se atribuye en exclusiva. Por ese motivo, reclama la devolución del dinero ella misma. La jueza ya rechazó liberar ese dinero hace unos meses, al considerar que no quedaba acreditada la titularidad de esa cantidad económica. Dado que la afectada recurrió esa decisión, la magistrada ahora ha reiterado su negativa y sostiene que no queda claro que el investigado J. J. Romero "desconociera la existencia" del dinero e incluso, como había sostenido la esposa, que ni siquiera supiera que había una caja fuerte en su dormitorio.

Como fundamento de su recurso, presentó una larga lista de movimientos bancarios que acreditarían que ella misma hacía importantes reintegros en metálico para tener dinero en efectivo ante las dificultades económicas que la crisis estaba provocando. Con esto trataron de demostrar que los fondos tenían un origen limpio y que era la mujer la encargada de manejar esas cantidades económicas. También alegaba que el domicilio del promotor es una casa que es propiedad en exclusiva de ella, inscrita a su nombre en el Registro y que, por tanto, no está trabada por el Juzgado.

La jueza insiste en su último auto del 23 de marzo pasado en que la titularidad de la vivienda no determina quien es el propietario del dinero que pueda haber dentro y que no está claro que el empresario no tuviera conocimiento de la existencia de esos fondos encontrados en la caja fuerte de su dormitorio.

JJ Romero no es el único empresario que tiene embargado dinero por el juzgado del caso Nazarí. Aunque la Policía no llegó aquel día de los registros y en jornadas posteriores a encontrar grandes cantidades millonarias, los 71.300 euros requisados de una caja de seguridad de Roberto García Arrabal fueron también reclamados por los abogados del promotor para obtener su devolución. Éste llegó a pedir a la magistrada a los pocos meses de la Operación Nazarí que le otorgara una mensualidad de 2.500 euros para poder subsistir, ante la "imposibilidad de obtener ingreso alguno" a raíz del estallido del caso judicial. La respuesta fue negativa.