27 millones, el agujero económico del caso Marchelo

Granada/El juez de Santa Fe que acaba de poner punto y seguido a la fase de instrucción del caso Marchelo (que con 12 años de duración ya es un caso histórico en España), ha puesto cifras concretas a los posibles perjuicios económicos para las arcas públicas provocados por las supuestas actividades delictivas de las 16 personas que ya han sido procesadas. En total, la suma de las cantidades señaladas es de 27,3 millones de euros, un dinero que habría perdido el Ayuntamiento de Alhendín en cuatro grandes operaciones urbanísticas desarrolladas a comienzos de la década anterior en el área metropolitana de Granada. Estos datos revelan que se trata del caso de posible corrupción urbanística más importante de la historia de esta provincia y uno de los más gravosos para un ayuntamiento en el territorio nacional.

La puntualización sobre las cantidades económicas supuestamente defraudadas es el dato más relevante y diferenciador que el instructor ha aportado ahora, respecto a lo que había en octubre de 2009, cuando el primer juez encargado del caso dictó otro auto similar a éste que ponía fin a la instrucción y abría el camino para la celebración del juicio, a los tres años de haberse iniciado las pesquisas.

Pero aquella resolución fue recurrida por el Ayuntamiento de Alhendín (con el apoyo de la Fiscalía), al considerar que aún cabía practicar más diligencias de investigación para apuntalar la acusación contra los entonces imputados.

La Audiencia Provincial de Granada estimó al recurso y ordenó dar marcha atrás para hacer más averiguaciones, con rapapolvo incluido al juez por finalizar la fase de instrucción sin haber finalizado algunas averiguaciones. De este modo, la investigación se reanudó con una prórroga que al final ha durado 9 años (más los 3 iniciales), hasta ahora, en que no es previsible otra vuelta atrás, porque ya se han practicado todas las pruebas solicitadas, en especial la entrega de un informe pericial de tipo económico.

Novosur

Ese informe técnico de un perito externo ha permitido establecer el desfase entre el dinero que el promotor de la urbanización Novosur (con más de 1.500 viviendas construidas al borde de la autovía de la Costa) pagó al Ayuntamiento y el que tenía que haber abonado por la compra de los aprovechamientos urbanísticos que le correspondían al municipio. La diferencia es de 578.000 euros que no llegaron a las arcas municipales porque, según el juez Pedro de Dios Hernández, el convenio firmado entre el empresario Fernando Rodríguez Acosta y el gobierno local incurría en una larga lista de ilegalidades. En primer lugar, la ley obliga a que se justifique por qué es conveniente que el Ayuntamiento se deshaga de los derechos urbanísticos que le corresponden a cambio de una compensación económica. Esto no consta.

Además, la valoración de esa operación debería estar realizada por técnicos municipales, en base a criterios objetivos, algo que tampoco aparecía en el expediente. La cantidad que acordaron como contraprestación (1,2 millones de euros) estaba por debajo de los 1,7 millones que ha estimado ahora el perito judicial.

El juez argumenta que hay indicios en la causa de que el concejal de Urbanismo, Manuel Fernández (el principal imputado del caso), "pudiera haber recibido del promotor inmobiliario una dádiva en especie consistente en una vivienda sita en la urbanización Altos de Vista Nevada", valorada en 340.000 euros.

En el comienzo de este caso, en 2006, la Policía intervino el teléfono de este concejal durante casi un año. En las escuchas que aparecen en el sumario ha conversaciones donde ambos mencionan ese piso con el que supuestamente el edil habría recibido el pago a su trato de favor con el empresario.

Marchalhendín

Las principales sumas económicas del posible perjuicio para los intereses públicos investigado en este caso están relacionadas con la operación del parque empresarial de Marchalhendín. En este asunto también sostiene el juez que el concejal de Urbanismo habría maniobrado para favorecer los intereses de los empresarios promotores a cambio de una futura participación en la sociedad del 1,5%.

Para el desarrollo de aquellos terrenos (inicialmente rústicos) fue necesaria la firma de un convenio con el Ayuntamiento, que como en el caso de Novosur, también contenía una serie de irregularidades, especialmente la de la falta de justificación de las cuantías a pagar mediante una valoración adecuada de los técnicos del Ayuntamiento.

La empresa se comprometió a abonar 9,5 millones de euros, que eran 6,5 millones menos de la cantidad a la que tendría que haber ascendido esa compensación, según los informes con los que cuenta el juez instructor.

Pero eso no es todo. Los empresarios procesados por esta operación se hicieron con el proyecto del parque empresarial algunos años después de que la sociedad inicialmente propietaria de los terrenos hubiera firmado un primer convenio con el Ayuntamiento para la reclasificación de los terrenos en el años 2000. En aquel documento se pactaron una serie de contraprestaciones millonarias para el Ayuntamiento y para los empresas locales. Estas obligaciones tenían que haber sido asumidas de forma subrogada por la nueva sociedad creada para el desarrollo del parque.

Pero ese nuevo convenio que firmaron los empresarios con el Ayuntamiento de Alhendín en 2005 no contenía referencia alguna a esas obligaciones que, de ese modo, quedaron diluidas con el consecuente perjuicio económico para el municipio.

Se trataba de la entrega al Ayuntamiento de una parcela valorada en 4,1 millones de euros y de los 14,1 millones de euros de los terrenos que se tendrían que haber puesto a disposición de empresarios locales a precios limitados, según aquel acuerdo anterior alcanzado con el municipio en el año 2000 para impulsar el cambio de clasificación urbanística de las 342 hectáreas de suelo rústico. Todo eso quedó olvidado en el segundo convenio y el juez sostiene que los concejales que lo aprobaron eran conscientes de ello.

Un parque 'a dedo'

La otra operación que pudo suponer perjuicio económico al municipio fue la adjudicación por 2 millones de euros de la obra de un parque municipal para mercadillo a Tarje SA, la sociedad de los hermanos Muñoz Tamara, que lideraban también el proyecto de Marchalhendín. Esta licitación que se investiga se produjo un año después de que firmaran con el Ayuntamiento el convenio del parque empresarial antes citado, lo que revela que la vinculación entre políticos y empresarios se mantuvo de una forma transversal.

En aquel concurso, especialmente gravoso para un Ayuntamiento como el de Alhendín, la de Tarje fue la única oferta presentada al concurso y, según el juez, se manipuló a petición del concejal de Urbanismo para que esa sociedad reuniera las condiciones y pudiera acceder al contrato sin competencia y sin necesidad de rebajar su oferta.

Licencia para gasolinera

La operación urbanística que más incrimina al exalcalde de Alhendín, José Guerrero, es la concesión de una licencia para la instalación de una gasolinera en unos terrenos calificados como suelo de uso residencial. El negocio estaba vinculado a sus propios intereses, dado que el terreno fue adquirido por su familia por 9.000 euros antes de la revisión urbanística y luego revendido a otra empresa por 180.000 euros.