El nuevo modelo de financiación permitirá a la Universidad de Granada destinar el 10% de los recursos a mejorar sus indicadores docentes y de investigación

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha asegurado que, con el nuevo modelo de financiación del sistema público universitario andaluz, estas instituciones académicas podrán emplear el 10% de los recursos procedentes de la Junta a mejorar sus indicadores docentes y de investigación, según indica un comunicado de la Consejería remitido por la Universidad de Granada.

Velasco ha trasladado esta información sobre el modelo de financiación a la rectora de la Universidad de Granada (UGR), Pilar Aranda, con quien se ha reunido para abordar los detalles de dicho sistema de reparto, que pretende fijar una guía estable para la asignación equitativa de recursos que prime la excelencia y el rendimiento, que garantice la suficiencia financiera y que proporcione a estas instituciones académicas la dotación adecuada para el desarrollo eficiente de su función social.

Además de este asunto, Velasco y Aranda han analizado otros aspectos de especial interés como son los recursos disponibles para la UGR en el Plan de Inversiones autorizado por la Junta, que ascienden a 11,1 millones de euros hasta 2023.

El consejero de Transformación Económica ha confiado en que con la ronda de contactos iniciada con los máximos responsables de las instituciones académicas “se puedan cerrar aquellos aspectos que suscitan dudas sobre la nueva propuesta planteada, en la que no obstante se lleva trabajando en colaboración con los rectores desde hace más de un año y medio”. “Desde el Ejecutivo autonómico se está realizando un gran esfuerzo para fortalecer el sistema público universitario andaluz, dotándolo de una financiación que posibilite la mejora de la calidad y el fomento de la excelencia”, ha apostillado.

Asimismo, ha explicado que ahora deberá afrontarse una fase muy importante de ajuste y definición de indicadores, “para la que las universidades deberán aportar a la Consejería información cuantitativa con el fin de poder realizar los primeros cálculos de los recursos que les corresponderá a cada una de ellas”.

Por su parte, Pilar Aranda ha señalado que está convencida de que “el nuevo modelo será mejor del que hemos tenido anteriormente y que ha lesionado gravemente los intereses de la Universidad de Granada”.

Asimismo, ha destacado algunos de los importantes proyectos de futuro de la Universidad de Granada, que en esta reunión se ha continuado analizando y detallando con el consejero, como el IFMiF Dones y el desarrollo en Escúzar del centro de investigación, un gran centro de investigación sobre fusión nuclear e investigaciones aplicadas a la salud, la informática y la física.

“Por otro lado, hemos hablado de las actuaciones que se van a llevar a cabo en el Parque Tecnológico de la Salud (PTS) sobre el edificio que albergará la sede del gran centro de inteligencia artificial del proyecto Indra Google”, ha subrayado la rectora, quien se ha referido además “al proyecto de la conversión de la Azucarera de San Isidro en un centro abierto a toda la sociedad ligado a la creación artística”.

Entre 2019 y 2021, la Consejería de Transformación Económica viene facilitando que las universidades tengan una capacidad de gasto medio anual situado en los 1.530 millones, frente a los 1.272 millones de euros de promedio anual en el periodo 2016-2018.

Ese esfuerzo en la gestión ha permitido incrementar en esta legislatura los recursos dirigidos a las retribuciones de la plantilla de las universidades (13% más en 2020 respecto a 2018). Además, en los últimos dos años se ha aumentado en 1.151 el número de personas que componen la plantilla del sistema universitario.

De igual modo, en 2020 el Ejecutivo autonómico autorizó un Plan de Inversiones por valor de 165 millones hasta el ejercicio 2023. Esa cuantía se sumó a los 25 millones ya autorizados en 2019, lo que supone un total de 190 millones para inversiones para dos años, dando así cumplimiento a una de las principales demandas de los rectores. A esa medida se unen el abono de la deuda que dejó pendiente el Gobierno anterior: más de 180 millones desde el año 2015 que estaban sin pagar; y la puesta a disposición de las universidades de 61 millones procedentes del Fondo Covid-19 para compensar los gastos derivados de la pandemia.

En materia de I+D+I, entre 2019 y 2020, la inyección pública de la Junta al sistema andaluz del conocimiento se ha elevado a 251,1 millones de euros y para este 2021 se ha consignado una partida de 140 millones de euros a través de ocho líneas de incentivos.