¿Cómo se monta una fábrica de tabaco ilegal? Organización, sociedades pantalla y explotación laboral en Granada

Granada/Corría un martes 3 de octubre del año 2017 en la localidad sevillana de Carmona. Allí, Adolfo C. M. conducía una camión que contenía hasta 128.0000 cajetillas de tabaco de una extraña marca: J5 figuraba en los cartones, que procedían de la provincia de Granada. Ese mismo día, el chófer fue detenido por la Guardia Civil, que empezó a tirar del hilo hasta llegar a una nave situada en un pequeño pueblo, Pilas de Algaida, situado en el llano de Zafarraya aunque administrativamente pertenece a Alhama de Granada, a pesar de que está más lejos que de la localidad zafarreña. Cuando los agentes de la UCO, coordinados nada menos que por Europol, entraron en la nave pocos meses después, el 5 de diciembre del mismo año, se encontraron 4,5 millones de cigarillos, 10 toneladas de hojas de tabaco y 4 de picadura, informó en su día la Benemérita. En su interior, seis ciudadanos de nacionalidad ucraniana elaboraban el producto hacinados y sin las medidas de seguridad necesarias para el trabajo por el que estaban siendo explotados, y por como mucho 700 euros al mes de los que ni siquiera consta que cobraran.

Así cayó una organización criminal que operaba tanto en Granada como en Málaga, y que se montó expresamente para fabricar cigarrillos y venderlos sin ningún tipo de control en el mercado negro. Trece de los entonces 18 detenidos aquel día se enfrentan desde el próximo 14 de octubre al juicio por estos hechos. En total, las condenas que se les pide desde la Fiscalía suman 118 años y medio de prisión y las multas ascienden hasta los 2.017.528,27 euros, que salen del valor de las mercaderías incautadas (1,1 millones) y el importe defraudado al fisco entre el impuesto al tabaco y el IVA (879.448 euros). Y sin sumar los intereses de demora tributarios.

El juicio oral se celebrará entre los días 14 y 17 de octubre y ya fue aplazado el pasado mes de enero por petición de las defensas, después de que uno de los procesados no pudiera ser citado por estar en busca y captura, y otro se personara en los juzgados de la Caleta sin representación legal después de haber solicitado un cambio de letrado. A todos ellos, en mayor o menor grado de responsabilidad, se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, tanto en las variantes de promoción, dirección y coordinación, además de participación activa en la comisión del delito; además de otro de contrabando y un tercero contra los derechos de los trabajadores.

La cúpula

El relato que ofrece el escrito de acusación de la Fiscalía destapa toda una organización criminal que operaba "al margen de la ley" y destinada a "obtener beneficios económicos ilícitos". Estos los conseguían con la "puesta en marcha y explotación de una fábrica ilegal de tabaco" situada en unas "cámaras interiores (...) dentro de una nave agrícola" situada al pie de la carretera A-402, en un cortijo llamados Los Pegueres, que hacían pasar por un almacén de aperos y maquinaria para el campo. Al ser una zona donde la actividad es puramente agrícola podía pasar desapercibido. La trama estaba perfectamente organizada, estructurada y jerarquizada, pensada para "permanecer en el tiempo" y que las ganancias obtenidas con los cigarrillos fueran "recurrentes".

En la cima de la organización, la Fiscalía sitúa a dos personas: Manuel G. G. y Zulkupar S., este último de nacionalidad rusa, además de una tercera persona que sigue huida de la justicia. Estas tres personas se reunieron en "diversas ocasiones" durante el año 2017 para diseñar "las líneas maestras" con las que montar la fábrica ilegal de cigarrillos. No sólo la financiación de la misma, sino la elección del personal, la maquinaria para elaborar el tabaco, la logística de la distribución, y la forma de esconder la actividad. Eran los capos y a ellos se les solicitan las mayores penas por el caso: 14 años de cárcel cada uno y multas de 4 millones de euros, a las que se añaden otra con el pago de 20 euros al día durante 9 meses.

Los intermedios

Justo por debajo de ellos se abría un segundo escalón de mando donde el ciudadano ruso, Zulkupar, tenía un hombre de confianza: Fedir P., de nacionalidad ucraniana. Según el relato del fiscal, ambos se conocían de "haber trabajado en el pasado (...) en la producción de tabaco en algún país del Este de Europa", y entre ellos existía un "fuerte vínculo". De hecho, era su "lugarteniente en la fábrica" y el "nexo" de comunicación con los trabajadores extranjeros que estaban a su servicio. De hecho, ambos hicieron esa especie de selección de personal.

También en ese segundo escalón figura Manuel G. O., padre de Manuel G. G., uno de los tres cabecillas del grupo, quien también acudía a las reuniones de la cúpula de la organización, "coadyuvando en algunas ocasiones a trasladar fondos" o hacer entregar del "producto ya terminado" al "resto de asistentes". En este mismo nivel estaban Mario F. M. R. P., que ejercía de traductor y chófer de sus superiores, además de Manuel V. P, conocido como Matías, que actuaba como representante de los promotores de la nave, y supervisaba la actividad. En el caso de José M. M. S. se ocupaba de la logística y prestaba su nombre "o el de empresas" para recibir la maquinaria de fabricación. Juan G. M. ejercía labores de "contravigilancia y seguridad" para "eliminar riesgos de ser detectados". Las penas que se les piden oscilan entre los diez y los ocho años de cárcel en función de su implicación en la trama, con que varían de los 3 y 2 millones de euros.

La base

La tercera escala de la organización lo conformaban el resto de incriminados, y eran "quienes ejecutaban sobre el terreno los planes trazados por los promotores" y "las órdenes directas de los coordinadres", como detalla el escrito de acusación. Así, Francisco M. C. y Pedro G. F. hacían un "control diario del funcionamiento de la fábrica donde trataban de dar la apariencia de dedicarse a trabajos agrícolas". También eran los encargados de trasladar directamente desde la vecina provincia de Málaga a los trabajadores. José B. Z. era el proveedor de las viviendas de estos, mientras que Juan Carlos P. M. y Adolfo C. M. se encargaban del transporte, tanto de la maquinaria como de la materia prima, los embalajes y el producto una vez elaborado. Para tratar de despistar a la policía lo máximo posible, la organización contaba con una nave en un polígono de la localidad de Chauchina, que funcionaba como almacén tanto del propducto como de destino de los "precursores" para la elaboración del tabaco que llegaba desde el extranjero en camiones de matrícula búlgara y rumana. Las penas a las que se enfrentan son de entre siete y seis años de cárcel y multas entre los dos y un millón y medio de euros.

Condiciones terribles

Una vez salían los camiones desde Chauchina y Pilas de Algaida, se simulaba que las entregas iban a dos sociedades radicadas en Portugal que estaban controladas por la propia organización para dar apariencia de legalidad a su actividad. Las comunicaciones, además, las realizaban con medidas de seguridad y aplicaciones tecnológicas "para intentar que sus conversaciones no fueran interceptadas". La organización también tenía a su cargo a seis trabajadores que no están en la causa, y que eran prácticamente víctimas de la trama, "aprovechándose" de su situación de "emergencia económica". No solo no estaban dados de alta, sino que carecían de permisos ya no solo para trabajar, sino para residir en España. En la fábrica no había las más básicas medidas de prevención de accidentes, estaba cerrado al exterior cualquier acceso por lo que no podían huir ni siquiera en caso de incendio. Tampoco había extintores. Las jornadas de trabajo iban de ocho de la mañana a seis de la tarde con veinte minutos solo "para comer un bocadillo". Todo ello por un salaro de entre 500 y 700 euros al mes "que no consta que se hubieran abonado en ningún caso".