Los municipios del Cinturón de Granada se suman al recurso de la capital por la deuda reclamada del Metro

Granada/El Ayuntamiento de Granada recurrirá los más de doce millones que Fomento le pide por el Metro, pero en esa batalla contará con otros compañeros de viaje, pues la cartera que ostenta Rocío Díaz ha pedido distintas compensaciones económicas a varios municipios del Cinturón, concretamente a Armilla, Albolote y Maracena, por donde también discurre actualmente el Metro, y cuya suma total rondaría los 3,8 millones de euros, una cantidad que ha sido recurrida por los distintos ayuntamientos, aunque con sus peculiaridades, pues algunos, como el de Albolote sí pagará parte del dinero.

Según ha confirmado el alcalde de la localidad, Salustiano Ureña (PP) a este periódico, la Junta le reclama 1,2 millones de euros aproximadamente por este concepto, pero parte de ese dinero, concretamente el correspondiente a los años 2021-2023 y que sería aproximadamente 390.000 euros, sí ha sido abonado, mientras que el resto de anualidades sí serán reclamadas, al considerar que esta no se hace en tiempo y forma.

El regidor alboloteño desgrana que ese dinero responde principalmente a la inversión, que concentra 250.00 euros, mientras que una parte menor corresponde a los gastos de explotación, que supondría, aproximadamente, 140.000 euros, siempre con fechas correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2021 y 2023.

De esta forma, el Ayuntamiento de Albolote llevó el asunto a unas de sus últimas juntas de gobierno local, en la que se aprobó la adjudicación de un contrato menor para el servicio de asesoramiento en la liquidación de la deuda. Dicho contrato, con cargo al presupuesto municipal, tendría un coste de unos 13.000 euros y recaería en el despacho de Rafael Revelles, según consta en el acta que ha consultado este periódico.

El objeto del contrato, prosigue el acta de la junta de gobierno, lo constituye "el asesoramiento, bien se resuelva en vía administrativa bien en el proceso judicial para la primera instancia toda la tramitación hasta la sentencia del órgano judicial correspondiente", incluyendo en caso necesario "la ampliación del recurso contencioso que se formule a la desestimación del requerimiento previo de anulación, así como todos los recursos de reposición en el proceso judicial". Es decir, el Ayuntamiento alboloteño recurre al despacho de abogados para realizar las labores que en la capital realizará el gabinete jurídico municipal.

Muy diferente es la postura adoptada por Armilla, a la que , según ha podido saber este periódico, Fomento ha solicitado una cantidad que ronda los 1,4 millones de euros derivados del convenio para la construcción y puesta en servicio de la Línea Metropolitana del Metro, un dinero que desde el propio Consistorio, en manos del PSOE, ya se encuentran trabajando para recurrir, siguiendo el camino de la capital.

El equipo de Gobierno argumenta que la reclamación no se ajusta a derecho, ya que se basa en un convenio de 2006 que, según la normativa vigente, se encuentra extinguido desde 2020. La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que los convenios interadministrativos deben adaptarse a la nueva legislación en un plazo máximo de tres años o, en su defecto, se prorrogarán automáticamente por cuatro. En el caso de Armilla, el Convenio no se adaptó y quedó prorrogado automáticamente hasta 2020, fecha en que se considera extinto en virtud de la Ley, explican desde el Consistorio.

A renglón seguido, Loli Cañavate, regidora del municipio, subraya que el Ayuntamiento lleva años reclamando a la Consejería el pago de las cantidades pendientes derivadas de la ejecución de la Línea 1 del Metro de Granada, sin que hasta el momento haya obtenido respuesta. Según la socialista, esta suma correspondería a unos cinco millones de euros. "Hasta que no se abone esta cantidad, no podemos empezar a hablar de sus exigencias", sentencia.

Un argumento similar mantienen desde Maracena. Su alcalde, Carlos Porcel, explica a este periódico que, efectivamente, han recibido el requerimiento por parte de la Junta de Andalucía, que en su caso se cifraría en algo más de 1,2 millones de euros y que se remontaría también al convenio de 2006, por lo que a juicio del Ayuntamiento estas cantidades estarían prescritos y se han iniciado un requerimiento previo para pedir la anulación de este pago.

Como la capital, estos municipios recibieron el requerimiento entre diciembre y principios de enero, dando inicio, según cada caso, a los trámites necesarios para recurrir la liquidación de este pago. De hecho, el portavoz del equipo de Gobierno de la capital, Jorge Saavedra, explicaba ayer a este periódico que estas solicitudes de Fomento son liquidaciones que está enviando la Consejería a todos los ayuntamientos porque no había pagado ninguno y ahora llega porque prescribía con base en los convenios firmados. La capital se agarrará a lo que considera "incumplimientos del convenio" para "intentar no pagar", igual que han justificado otros municipios andaluces que también han recibido la liquidación, como por ejemplo en Sevilla.

Fomento hace estas liquidaciones cumpliendo el convenio firmado en 2006 con Granada en concepto de inversión y explotación de la línea del Metropolitano y los porcentajes que debía pagar cada administración. Pero esos incumplimientos de convenio y modificaciones del propio proyecto que relataba Saavedra son los que esperan que sirvan para no pagar, por eso el recurso, "para defender los intereses de Granada" y no tener que hacer el abono, por lo que también se pedirá la anulación del mismo. Saavedra ya recordó que en época de Pepe Torres ya pagó el Ayuntamiento nueve millones.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Junta de Andalucía para conocer su versión, sin haber obtenido respuesta de momento.

Los casos de Sevilla y Málaga

Uno de los ejemplos más destacados es la reclamación de la Junta de 172,6 millones de euros a los cuatro municipios beneficiados por el Metro de Sevilla, que además de la ciudad hispalense incluye a Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache. Este dinero se exige a cuenta de la deuda por la explotación de la línea 1 durante los 15 años que lleva en funcionamiento (2009-2023). Se trata de la financiación acordada en concepto de subvención al precio del billete para compensar la diferencia entre la tarifa real y la más reducida que se cobra al usuario.

En el caso de Málaga, donde el Metro tan solo circula por el término municipal de la capital costasoleña, la reclamación que le hace la Junta al Consistorio de Paco de la Torre asciende a cerca de 64 millones de euros. Ya en el Pleno del pasado mes de enero el Ayuntamiento malagueño solicitó la anulación de esa deuda. El acuerdo entre ambas instituciones se remonta a 2003, cuando el Ayuntamiento se comprometió por convenio al pago de un 25% de los gastos de explotación y de inversión en las líneas 1 y 2. Ahora, la Junta de Andalucía le pide que se haga cargo de estos pagos, que superan los 63 millones de euros.