La nueva delincuencia: el diagnóstico de la Fiscalía sobre la criminalidad digital
El ministerio público alerta en su memoria anual del robo de identidad vinculado a los criptoactivos
Ante esta situación, se insta a crear una modalidad delictiva propia en el código penal
La Fiscalía de Granada alerta del aumento de viviendas sociales convertidas en centros para el cultivo de droga
Granada/El avance de la tecnología está trastocando todos los ámbitos de la sociedad, y la delincuencia no es una excepción. En los últimos años, el Ministerio del Interior viene alertando de cómo en Granada despuntan las estafas informáticas, un panorama sombrío al que ahora se suma la Fiscalía andaluza, quien en su última Memoria alerta de un aumento del 27% en la tramitación de este tipo de asuntos, tanto los iniciados en 2023 como los derivados de años anteriores.
En el texto, la Fiscalía andaluza se hace eco de las denuncias expresadas por la delegación granadina, que habla de un fenómeno vinculado con los criptoactivos, en los que intervienen los programas de control remoto instalados en los ordenadores de los usuarios, lo cual "convierte los hechos de estafas en descubrimiento y revelación de secretos". Considera el ministerio público que la inversión financiera en este caso "es una tapadera de un verdadero secuestro de identidad digital" que sirve a posteriori para cometer fraudes informáticos.
A raíz de esto, la Fiscalía expresa en su Memoria que es urgente "instar la introducción del robo de identidad digital como modalidad delictiva, a residenciar en el delito de usurpación de estado civil" y a considerarlo como "circunstancia de agravación para la comisión de cualquier hecho delictivo", al impedir o dificultar la identificación de la identidad del autor.
La petición de instar a la introducción de un nuevo modelo delictivo no es la única llamada de atención que hace la Fiscalía en su Memoria. Un poco antes también alerta del "impacto de los fraudes informáticos y sus aledañas calificaciones por blanqueo y falsedad documental", que según el ministerio público copan todas las modalidades.
En este sentido, el último balance de criminalidad de Interior, que recopila los datos del primer semestre del año, las estafas informáticas han subido un 9,7% en la provincia en comparación con los primeros seis meses de 2023, lo que la convierte en el segundo delito que más ha subido en ese tiempo, teniendo por delante únicamente los robos con violencia e intimidación (+11%). No obstante, en cifras absolutas, de enero a junio de 2024 se produjeron más ciberestafas (4.369) que robos (344) en Granada, suponiendo algo más del 21% del total de infracciones cometidas.
La situación en Granada parece pese a todo ser algo mejor que otras provincias andaluzas, especialmente que Almería, donde las estafas han subido un 23,4% o Huelva, donde han subido un 39,3%. La provincia de hecho se encuentra por debajo de la media andaluza, con una subida del 12,8% según el balance de Interior.
Volviendo al caso concreto de Granada, este auge de las ciberestafas es especialmente grave en municipios como Las Gabias, donde han subido prácticamente un 27% en un año, una situación muy diferente a la de Motril, la única localidad granadina (los datos de Interior se detienen en los municipios por encima de los 20.000 habitantes) en la que baja este delito, concretamente un 2,8%. En un punto intermedio está Loja, que con 60 estafas informáticas se mantiene igual en ambos semestres.
El balance de Interior muestra también cómo, a un nivel más general, la ciberciminialidad está al alza en la provincia. Así, de enero a junio se cometieron en Granada 5.038 infracciones penales englobadas dentro de este tipo, lo que supone un aumento del 14% en comparación al año anterior (4.421).
En este sentido la situación es bastante heterogénea en los distintos puntos de la provincia. Así, Motril vuelve a arrojar cifras negativas, con una caída del 3,3%, siendo el único municipio a la baja en Granada. También de nuevo, Las Gabias destaca, con un aumento del 35,7%, la más alta de la provincia.
De nuevo aquí, la situación de Granada es algo relativa en función de con qué otra provincia andaluza se compare. Así, lugares como Almería y Huelva vuelven a mostrar mayores cifras, con 27,1 y 38,7% respectivamente, mientras que Jaén y Cádiz arrojan un balance mejor que el de Granada, aunque también en positivo, con subidas del 4,8 y 9,5% respectivamente.
Por contra, la criminalidad convencional, aunque con matices, ha bajado de forma general un 4,3% en el mismo periodo. Curiosamente, ese contraste entre ambos grupos refleja una situación en la provincia prácticamente igual al pasado año, con un balance entre los dos semestres del -0,6%.
Rescate por los datos personales
Más allá de los fraudes relacionados con los criptoactivos, la Memoria de la Fiscalía también apunta hacia el incremento "todavía pequeño, pero constante" de causas por daños informáticos derivados "tanto de ataques ransomware", es decir, el secuestro de datos sobre los que se pide después un rescate a cambio de poder acceder a ellos; como de "actos de venganza de insiders en conflicto con sus organizaciones", que ven en este tipo de reacción, insisten desde la Fiscalía, una "respuesta a sus oponentes corporativos".
La provincia de Granada recibió hace no mucho un claro ejemplo de ataques de ransomware. Este verano, un grupo de hackers robó datos personales de 50.000 profesionales del SAS en la provincia, después de atacar las páginas web de los hospitales Clínico San Cecilio y Virgen de las Nieves, ambos en la capital; el Santa Ana, Motril, así como a las del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada y Distrito Sanitario Granada-Metropolitano.
Los hechos salieron a la luz cuando un atacante mandó un correo al webmaster de la web del San Cecilio y a otros destinatarios, indicando que había detectado una vulnerabilidad en la página mediante la cual podía ejecutar código malicioso y tomar el control de la base de datos si no se abonaba un rescate económico. En aquella ocasión, el atacante pidió 2.500 dólares en bitcoin en 48 horas para no publicar los datos, que no se pagaron tal y como estipula la normativa, una petición de rescate que se puso en conocimiento de las autoridades competentes, también en el ámbito estatal.
Tras detectar el ataque, "el SAS inmediatamente comenzó a gestionarlo con los organismos reguladores, así como con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", aseguraron desde Salud en su momento.
Por último, la Fiscalía también guarda un pequeño espacio en su Memoria para hablar de la pornografía, de la que se aprecia una disminución "al formularse calificaciones agravadas con penas muy graves". En el caso de la pornografía infantil también destaca el ministerio público un descenso, que atribuye a "las campañas periódicas realizadas por el cuerpo nacional de policía con los datos obtenidos por cooperación policial internacional".
También te puede interesar
Contenido ofrecido por Jetnet