Las extorsiones de 'La Chuminga', 'Los Gambulleros' y 'El Mindolo': nueve personas, acusados de coacciones a una familia de Granada que les debían dinero

Granada/La Fiscalía solicita una pena de seis años de cárcel para nueve personas acusadas de los presuntos delitos de coacción y extorsión hacia una familia que se arruinó pagando la deuda de juego de uno de sus hijos. Un juicio que se celebrará a partir de este lunes 13 de enero en la Audiencia Provincial de Granada y que sienta en el banquillo a granadinos con alias tan peculiares como La Chuminga, Los Gambulleros o El Mindolo. Amenazas de muerte, cesiones de inmuebles ante notaría e incluso el fallecimiento de una de las víctimas que hacen que esta historia sea digna de un capítulo de Ley Y Orden.

Según el relato de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, esta historia comienza en el año 2017. El hijo mayor de una pareja residente en Granada, que tenía problemas de ludopatía diagnosticados, debido a las deudas que había contraído, solicitó a varios de los acusados en este juicio "prestamos de dinero por distintas e indeterminadas cantidades, contrayendo así una infinidad de deudas monetarias que se iban incrementando con intereses desproporcionados por el simple transcurso del tiempo". Cuando su padre se enteró de la situación, trató de ayudar a su hijo de la misma forma, pidiendo préstamos a algunos de los enjuiciados.

Las deudas contraídas por padre e hijo se fueron incrementando, y a pesar de que saldaban algunas partes con los acusados, la suma de lo debido a hasta tres grupos de prestamistas distintos creció de forma desorbitada debido a los elevados intereses que los acusados les hacían pagar. Las deudas en bloque eran hacia un grupo de cuatro de los acusados, otro grupo de tres acusados, y a los otros dos acusados restantes.

"Con el propósito de cobrar las deudas que padre e hijo les debían, los prestamistas y acusados, en conjunción con los demás acusados, les reclamaban insistentemente a ambos el pago de las mismas, amedrentándoles y atemorizándoles, haciéndoles saber que si no pagaban les causarían lesiones o incluso la muerte" relata el escrito de acusación de la Fiscalía.

Las amenazas iba contínuamente a más, llegando al extremo de presentarse el grupo de cuatro prestamistas en el domicilio del padre para amenazarlo, asegurándole que si no pagaban "le cortarían trozos de sus dedos o los de sus familiares y que las cosas irían a más", llegando incluso a indicarle que matarían a todos sus familiares siendo el padre el último en morir "para así hacerle sufrir más".

Ante estos hechos, y ante las "deudas exorbitadas" a las que tenían que hacer frente, el padre se vió obligado a deshacerse de diferentes bienes de los que disponía, implicando así a su pareja y madre del hijo, a hipotecar algunas de las propiedades familiares, e incluso a recurrir a los bienes de su madre, la abuela de la familia, despatrimonializándose de esta forma.

Hipotecas y reconocimientos de deuda

"Así las cosas, agobiado y atosigado por las conminaciones agresivas que los acusados le realizaban personándose en su domicilio para que satisfaciese las deudas contraidas junto a sus respectivos intereses", el padre y la abuela decidieron acudir diferentes notarías de Granada capital y del Cinturón para, con reconocimientos de deuda, escritos de compraventa e hipotecas, tratar de mejorar su situación.

Ante una gestoría del Área Metropolitana de Granada, padre y abuela hicieron diferentes reconocimientos de deuda hacia el grupo de cuatro acreedores acusados, en los que se estipulaban los valores de la misma y los plazos para saldarlas. El total de lo endeudado ascendía a más de 1,73 millones de euros. Antes de hacerlo, los acreedores les advirtieron que, de no hacer este movimiento de reconocer lo adeudado, "matarían a toda su familia comenzando por el hijo menor de estos". Días después, en una notaría de Granada capital, se hacía una nueva escritura para reducir el plazo de pago de parte de esta deuda "como forma de garantizarse su pronto cobro".

Después, en otra notaría situada también en el Área Metropolitana, el grupo de tres acusados por coacciones y extorsiones a esta familia creaba una sociedad "con el objetivo y finalidad de lucrarse económicamente y en detrimento de la abuela". Así, la obligaron a que realizara una escritura de compraventa a favor de esta sociedad, en la que los acusados se hacían con una gasolinera que era propiedad de la abuela, así como del bar y de la vivienda anexa a la misma.

Así las cosas, y con los reconocimientos de deuda en la mano, el grupo de cuatro acreedores acudieron posteriomente ante los tribunales hasta en dos ocasiones, reclamándoles a padre y abuela el pago del endeudamiento reconocido. Estos juicios se prolongaron durante el siguente año, 2018. Sin embargo, ambos procedimientos se encuentran actualmente suspendidos en su tramitación "por prejudicialidad penal" y porque, a finales de año, el padre de familia fallecía.

De esta forma, la familia acosada por los extorsionadores "sufrieron ansiedad y depresión, encontrándose en situación de ruina personal, emocional y patrimonial, deseando reclamar por todos los prejuicios que, con su conducta, los acusados les han irrogado".

Por todo ello, la Fiscalía pide para los nueve acusados una pena de seis años de prisión por los presuntos delitos continuados de extorsión y coacciones.