El nuevo contrato de transporte de Granada incluirá todos los cambios de movilidad a diez años: líneas coordinadas, ampliación de Metro y zona de bajas emisiones

A final de este mes caducará el contrato municipal del transporte público. Será el día 25 y en el área de Movilidad están realizando los pliegos para el próximo contrato. La concejal de Movilidad, Raquel Ruz, ha confirmado a este periódico que están trabajando pero que al ser un contrato de tanta importancia y no haber mucho trabajo previo hecho, no estará obviamente para la fecha porque hay que incluir todos los cambios de movilidad a diez años vista, el tiempo por el que durará la concesión en la gestión indirecta que es la que ha elegido en el Ayuntamiento.

"Queremos incluir aspectos que condicionarán el futuro contrato y el sistema de transporte ya que los autobuses urbanos se verán afectados por ejemplo por la ampliación del Metro y las líneas que se proyecten por el Centro o por los extremos; la propia revolución del transporte con vehículos menos contaminantes; la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones y su efecto en el transporte público y también queremos incluir las líneas coordinada que esperamos acepte la Junta de Andalucía", ha dicho Ruz.

Aunque ya se ha avanzado en la memoria de gestión y la apuesta por la gestión indirecta, aún quedan trámites que hacer con la reversión de bienes y resto de obligaciones al caducar una concesión. Pero son trámites que no preocupan exceso en el área de Movilidad. Donde sí ven más trabajo es en tener que "imaginar" cómo será el transporte en la próxima década y tener que hacer una previsión para incluirlo todo en el nuevo contrato.

Porque, por ejemplo, la implantación de la Zona de Bajas Emisiones quitará coches del centro y por tanto se esperan más usuarios del transporte público que hay que calcular a la hora de ver las necesidades de flota, por ejemplo.

En cuanto a la ampliación del Metro, según la línea por la que se opte, también va a suponer que haya muchos usuarios del Cinturón que dejen su coche y opten por el transporte público combinando Metro y bus, por ejemplo. Aunque en la propia memoria sobre el modelo de gestión se recoge que la ampliación del Metro en la capital, al ser un proyecto sin plazo y que se llevará más de diez años, no afectaría tanto a la nueva concesión. Sí lo harían las ampliaciones metropolitanas ya aprobadas, como la Sur, que espera entre en obras en 2023 y que cambiará la movilidad de miles de vecinos de Armilla, Churriana y Las Gabias que llegarán a la ciudad en Metro y utilizarán el transporte público para moverse por la capital.

Las líneas coordinadas también afectarían ya que habría que incluirlas en el contrato y el aumento de kilometraje y por tanto presupuesto que suponen. Estas líneas son como la línea 33, que une un municipio cercano con la capital con un mismo autobús. Y Granada ya presentó su petición a la Junta de Andalucía para que las acepte a través del Consorcio de Transporte Metropolitano. Y Ruz espera que la decisión sea finalmente favorable, lo que tendrá que incluirse en el contrato para evitar modificaciones posteriores o que no se puedan llevar a cabo hasta que se termine esta concesión.

Estas líneas unirían la capital de forma directa con Santa Fe, Maracena y La Zubia con dos grandes líneas coordinadas siguiendo el ejemplo de la línea 33 con Cenes que es todo un éxito en el transporte. Así, una línea 1 conectaría Maracena con Granada integrando el autobús 120 metropolitano y el N3 de la capital. La línea 2 conectaría Santa Fe uniendo la línea 140 con la N1 de la capital y por el extremo Sur continuaría hasta La Zubia fusionando con las líneas 175 y 177.

Sin fecha estimada para la aprobación de pliegos

Con todos estos condicionantes, el área de Movilidad trabaja en la redacción de pliegos pero no hay fecha todavía estimada para su licitación. Quedan trámites por hacer y no hay el retraso que por ejemplo se acumula con el contrato de basura, caducado desde final de 2019.

Una vez que se descartó la municipalización de forma oficial este mes de julio en pleno, lo que se conoce ya del nuevo contrato es que será adjudicado a una empresa externa, que será por diez años y que obligará, entre otras cuestiones, a la empresa adjudicataria a renovar la flota y realizar una inversión millonaria, uno de los motivos que llevó a decantarse por la gestión indirecta ya que las arcas municipales impiden afrontar ese gasto, estimado en unos 60 millones de euros por la elevada edad de la flota. Una gestión indirecta avalada además por tres informes: Mantener la gestión indirecta viene aconsejada por tres informes: estudio externo, informe de intervención y el de la propia área.

Dentro de la elaboración de esos pliegos también se contempla la cesión de una parcela municipal para evitar que se tenga que alquilar suelo donde ubicar las cocheras de los autobuses, un capítulo que supone un elevado gasto según el modelo actual y con el que se podría abaratar un poco el contrato.

En definitiva, un nuevo modelo que hay que revisar tras más de 60 años del contrato actual con Rober.