El perjuicio económico del BBVA a la Alhambra superó los 621.000 euros

Un amplísimo informe pericial, de más de 700 páginas, encargado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, que lleva la causa del presunto fraude de la venta de entradas a la Alhambra revela que en las irregularidades intervinieron oficinas del BBVA no sólo de Granada sino de otras provincias, como Madrid, Málaga o Sevilla, si bien las que acumulan mayor número de anomalías son la sucursal la Plaza Isabel la Católica, en Granada, y una de Las Gabias.

A consecuencia de estas irregularidades, el Patronato dejó de percibir al menos 621.399 euros que debía haber ingresado del banco en concepto de entradas al monumento que fueron canceladas por la entidad financiera.

Aunque esa cantidad podría ser mayor si se tiene en cuenta que el informe sólo abarca el periodo comprendido entre los años 2002 y 2005 (ambos inclusive) y el convenio suscrito entre el Patronato y el BBVA abarcó más tiempo: en concreto desde 1999 a 2007.

El informe pericial, al que ha tenido acceso este periódico, concluye que el banco habría cometido numerosísimas irregularidades en la venta, tanto a particulares como a agentes autorizados, que se extralimitó en sus funciones y no respetó el acuerdo que había firmado con la Alhambra.

En virtud del mismo, del total de las entradas al recinto el BBVA podía vender el 35% a particulares y el mismo porcentaje a agentes autorizados. El 30% restante se tenía que adquirir en las taquillas.

A los agentes autorizados, el banco les tenía que pedir un código identificativo. Lo que ocurrió en la práctica es que esas entradas se las llevaron otros agentes, no autorizados, que daban el código de quienes sí lo estaban. Para el Patronato, esa cuestión les pasaba desapercibida porque el BBVA les hacía llegar siempre el código correcto, el de la agencia de viajes que sí tenía permitido comprar. Pero que en la práctica se quedaba sin tickets porque los acaparaban otros. Un ejemplo: el hotel Ciudad de Úbeda compró entradas utilizando el código de Aníbal Travel S.L. y éste código fue el que el BBVA envió al Patronato, con lo que aparentemente todo era legal.

Esa práctica puede delatar un claro favoritismo del banco (o de algunos empleados, en concreto) hacia determinados clientes: agentes de viajes o guías que en ocasiones ni siquiera estaban correctamente identificados (a veces bastaba para ello un número o una letra). Casi el 70% de las entradas que se vendieron en ese periodo incumplían la normativa del acuerdo, según los peritos.

Pero eso, de por sí, no supuso que el Patronato dejara de percibir dinero, algo que sí ocurrió con la política de anulaciones que por su cuenta y riesgo empezó a aplicar el BBVA.

En teoría, cuando un agente autorizado pedía entradas por adelantado debía pagar el 20% de su importe. Si después no las quería, se cancelaban y ese porcentaje debía ser para el Patronato. Ocurrió, en cambio, que algunos empleados del BBVA optaron por devolver ese importe a los agentes (en muchos casos no autorizados o simples guías turísticos) y ponían de nuevo a la venta los tickets. Les daba igual hacer una anulación (que justificaban por "errores operativos en la venta" como una cancelación, porque en ninguno de los casos el dinero iba al destinatario correcto. En ese periodo se anularon entradas por un importe de 417.218,69 euros y el coste de las canceladas asciende a 109.327,68. En total, 526.546,37 euros. Y ese es el presunto fraude sólo a agentes, no a particulares.

De esa manera, los clientes amigos siempre podían tener a su disposición entradas, con la seguridad de que si no las vendían recuperarían su inversión, y de paso dejaban sin la posibilidad de comprarlas a otros agentes turísticos que sí tenían autorización para ello. En cuanto al beneficio que obtenían los empleados del BBVA por ello, el informe pericial no lo determina, pero es más que previsible que hubiera una connivencia entre éstos y los compradores, porque de lo contrario no se habrían arriesgado a hacer tantas anulaciones. Por ejemplo, en una oficina de Las Gabias se anularon 28.137 y en otra de Granada, 25.618. Entre sólo 16 empleados anularon 132.593.

En cuanto al fraude presuntamente cometido en la venta a particulares, el BBVA incumplió varios puntos del convenio. Vendió entradas a agencias de viajes (en ocasiones más de 800 entradas a la misma en un mismo día), colegios o institutos, y no respetó la norma de facilitar como máximo cinco entradas al día a la misma persona. Alguna se llegó a llevar más de 200. Tampoco identificó correctamente a los compradores, lo cual no dejaba de ser una estratagema para que el comprador (un guía, por poner un ejemplo) se presentase en una determinada taquilla con todo su grupo e hiciese pasar a todos sus componentes con nombres ficticios.

Su política de devoluciones fue similar a la de los agentes autorizados: sus clientes de confianza acaparaban el citado cupo del 35% sobre el total y si luego renunciaba, se le devolvía el dinero (que en este caso no era un porcentaje, sino el importe íntegro) sin que se enterase el Patronato, que en esos cinco años dejó de percibir por este concepto 94.852,79 euros.