Más de 175.000 personas piden en las redes el indulto de Juana

Concentración en apoyo a Juana en Maracena tras conocerse la sentencia. / Álex Cámara

Granada/Más de 175.000 personas han firmado una petición en 'Change.org' para solicitar el indulto para Juana Rivas, la madre de Maracena condenada a cinco años de cárcel por incumplir la orden judicial de devolver sus hijos al padre, acusado de malos tratos y condenado en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito familiar.

En concreto, esta petición solicita al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que "hagan todo lo posible para conceder el indulto a Juana Rivas de manera inmediata" y que empiecen a "poner fin a esta injusticia". Pasadas las 20:00 de ayer, más de 175.000 personas se habían adherido ya con sus firmas a esta petición.

Las juezas piden acabar con la justicia patriarcal "que la sociedad no tolera"

Esta campaña, promovida por la Asociación Ilicitana contra la Violencia de Género (Aivig), Amar y Alma, lamenta que "el Estado español deja a sus hijos en situación de vulnerabilidad máxima y sin su madre". "Lo único que Juana hizo fue intentar protegerles de un hombre ya condenado anteriormente por haberla agredido en 2009", apunta, al tiempo que asegura que "obliga a Juana a pagar 30.000 euros a su maltratador y todas las costas del juicio".

Por último, recoge que "Arcuri ejerce violencia durante once años sobre Juana y sus hijos y le caen tres meses de condena" mientras que "la madre se esconde un mes para proteger a los niños, tras un año pidiendo que el Estado español les ayude y este le responde con cinco años de cárcel, seis sin patria potestad y obligándole a pagar 30.000 euros a su maltratador".

Por otra parte, la Asociación de Mujeres Juezas denunció ayer la "gravedad y trascendencia" de la sentencia contra Juana Rivas por sustracción de menores, ya que, según advirtió, esto también condena a sus dos hijos a "perder el vínculo con su madre".

"Partiendo del absoluto respeto a todas las decisiones judiciales, la gravedad y trascendencia de las penas impuestas resulta evidente, pues con ellas no se condena sólo a la acusada, sino a dos hijos a perder el vínculo con su madre, a pesar de que todos los informes de especialistas, incluido aquel en el que se apoya la sentencia, confirman una relación positiva entre los menores y su progenitora", afirmó ayer la AMJE.

Para la asociación, "lo que se percibe como decisiones desproporcionadas o dictadas al margen de la realidad social no son sino el producto de ignorar la obligación de integrar la perspectiva de género en la aplicación del derecho, y con ella interpretar la norma salvaguardando los Derechos Humanos". Y, en este sentido, destacó de que "la persistencia de estereotipos en la labor judicial, como aquellos que afirman la existencia de un perfil típico de maltratador primario y atávico que forzosamente tiene que ser perceptible, o los que cuestionan la veracidad del testimonio de la mujer por no denunciar los hechos mientras el maltrato se producía, llevan a valoraciones de la prueba e interpretaciones de la norma que, aunque legales, corren el riesgo de consagrar una manifiesta injusticia".

Según las mujeres juezas, existen recientes pronunciamientos judiciales que integran el mandato de aplicar la perspectiva de género y la necesidad de atender a las particulares circunstancias que pueden darse frente a quien denuncia ser víctima de violencia machista.

Paqui Granados apunta a "violencia institucional"

La asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, criticó ayer la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Granada que ha condenado a Juana Rivas a un total de cinco años de prisión y consideró que dicho fallo es "un suma y sigue, elevado al máximo exponente, de la violencia institucional que vienen padeciendo" la madre y sus hijos". Granados sostuvo que la condena "no sólo va contra las víctimas, sino contra todo su entorno de apoyo", y advirtió de que, "de poco servirán las conquistas legales en la lucha contra la violencia de género, si los que tienen que aplicarlas no lo hacen". Francisca Granados recordó que, el 9 de junio de 2016, Juana Rivas se dirigió al Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena "para solicitar asistencia y asesoramiento jurídico debido a la situación de malos tratos que venía padeciendo", comunicándole que, "su hasta entonces pareja y padre de sus hijos, la había amenazado en muchas ocasiones con que, si la abandonaba, le quitaría a los niños y arruinaría su vida". La asesora se pregunta "cómo es posible que el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada fuera tan reticente a incorporar el 'tema de la violencia de género'-causa que explica y justifica las actuaciones de Juana Rivas- en el juicio" seguido contra la madre de Maracena y, sin embargo, "haga afirmaciones tan rotundas en la sentencia sobre la inexistencia de dicha violencia". Granados lamentó así que "el juez le resta toda credibilidad a la realidad de maltrato denunciada por Juana Rivas, argumentando para ello, entre otras cosas, que no consta que se haya tramitado la denuncia, y ningún juzgado ha declarado la veracidad de los hechos relatados en la misma". ¿Cómo es posible que la propia inoperancia del sistema judicial, que el incumplimiento flagrante del deber de diligencia por parte de los poderes públicos, sea utilizado en contra de la propia víctima?", se preguntó también la asesora de Maracena.