La petición de la Universidad de Granada para el nuevo modelo de financiación: de ir ‘al peso’ a premiar el rendimiento

La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, defenderá el próximo martes 10, una vez más, la postura de la institución granadina en el futuro modelo que determinará cómo se reparten los fondos de la Junta entre las diez universidades públicas andaluzas. La novedad es que, en esta ocasión, lo hará ante el consejero de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, Rogelio Velasco, y el resto de rectores andaluces con un marco ya definido de cómo se hará el reparto. Un borrador del que Aranda ya ha señalado que “espero” que beneficie a la institución granadina. Los intentos de los dos anteriores consejeros del Gobierno socialista del ramo –los socialistas Antonio Ramírez de Arellano y Lina Gálvez– de consensuar un nuevo modelo fracasaron.

El martes se presentará el prometido borrador de modelo de financiación, que Velasco anunció como prácticamente rematado el pasado 19 de septiembre en el Rectorado de la Universidad de Granada. Entonces, en un discurso en el que asumió como propios buena parte de los argumentos de la rectora, Velasco anunció que el modelo que ahora entra en la fase crítica de ser debatido por los máximos responsables de las universidades andaluzas, sería la materialización del “firme compromiso” de la Consejería de “aumentar los recursos”. En esto están de acuerdo todas las universidades. También adelantó que el reparto de fondos deberá tener en cuenta la “eficiencia” y orientar la financiación “a los resultados” de las universidades. Ahí es donde surgen voces que apuntan a que es necesario tener en cuenta las singularidades de cada una de las instituciones y donde la UGR –consciente de que es, porque así lo dicen los rankings internacionales, la que puede salir mejor parada– la que insiste en que la investigación tenga un peso destacado en ese reparto.

La UGR es la primera andaluza y –ya es tradición– se coloca siempre en los puestos de cabeza entre las universidades españolas más punteras en investigación. Cuenta con tres especialidades –Documentación, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Minería– entre las 50 mejores a nivel mundial y hasta ocho investigadores entre los más citados del mundo, según la última clasificación de Clarivate Analytics. La Hispalense tiene dos. Suma 13.508 trabajos en Web of Science en el quinquenio 2014-2018, mientras que la de Sevilla cuenta con 11.133. La de Málaga, 5.710. El porcentaje de artículos altamente citados es del 2,28%, según la memoria académica del 2018/2019, la última publicada. Por otro lado, el número de estudiantes de grado ha bajado de los 52.409 de 2014/2015 a los 47.101 del pasado curso.

La Junta es el principal sostén financiero de las diez universidades públicas andaluzas. En las cuentas para el ejercicio 2019 se indica que el presupuesto de la UGR para este año es de 424,2 millones de euros. Hasta 345,7 –298,4 de gastos de personal y 47,3 de gastos corrientes– se espera que el borrador confirme que los abona la Comunidad. Sólo en costes de personal, la Junta aprobó un presupuesto para este 2019 de 1.274 millones de euros a repartir entre las diez universidades públicas.

De la Junta depende, en buena medida, que la Universidad pueda subir cada día la persiana. El nuevo modelo, según indica la rectora, prevé cubrir el apartado de los gastos de personal y funcionamiento en una “parte importante” y también incluye un “reparto a través de resultados de investigación”, algo que, reconoce Aranda, “favorece” a los intereses de Granada. El reparto de los fondos, cómo se distribuyen, siempre ha sido uno de los principales escollos para llegar al consenso, especialmente entre los rectores. El sistema universitario público andaluz cuenta con dos instituciones de grandes dimensiones, la Universidad de Sevilla y la de Granada. La tendencia a un menor número de estudiantes de grado ha puesto a la UGR en una posición de poner en cuestión la opción de repartir en función del tamaño y del número de alumnos. “El modelo que existe nos ha perjudicado”, incidió Aranda en el desayuno informativo con el que dio por abierto el curso académico. Por otro lado, la rectora esgrime la “importante” actividad investigadora que se desarrolla en centros de la UGR, y que “debe reconocerse” en el nuevo modelo.

Otra cuestión clave para Granada es el patrimonio. Se trata de un argumento recurrente en los discursos de la rectora. El reparto debe tener en cuenta el coste de mantener el ingente patrimonio que debe sostener la Universidad de Granada, con casi cinco siglos de existencia. Cuenta con cuatro Bienes de Interés Cultural –Colegio San Pablo, Hospital Real, Alfar Romano y Colegio Máximo– de requieren de una importante inversión económica de forma periódica para su mantenimiento. “Aquí, todo es de dos millones para arriba”, dijo de forma muy gráfica la rectora ante los medios en el mismo desayuno informativo. Sobre la mesa están las necesidades de rehabilitación del Hospital Real y, sobre todo, la escasez de vías de financiación. Recientemente, en las IV Jornadas de Vicerrectores de Extensión Universitaria, el subdirector general del Instituto de Patrimonio Cultural Español, Javier Rivera, explicó que se prevé la creación de un plan nacional de universidades para que el Estado pueda articular ayudas para rehabilitar patrimonio universitario. Este plan específico no existe y, según Rivera, desde Cultura “no podemos dar apoyo a las universidades porque las competencias están transferidas”. En estos momentos, la única herramienta estatal que permite financiar estas actuaciones es el 1,5% cultural, dependiente de Fomento y que exige que la otra parte disponga el 50% del coste de la intervención.

Que no sea ‘al peso’, que se premie la excelencia y que se tenga en cuenta el coste de mantener el patrimonio son los ejes que, públicamente, ha esgrimido la rectora sobre las líneas que debe abordar el nuevo modelo.

Ante estas exigencias –y el hecho, público, de que el propio consejero ha avalado que el peso de la investigación se tenga en cuenta a la hora de repartir los fondos– desde la Consejería de Economía destacan que “la colaboración y el consenso con los rectores de las universidades públicas andaluzas van a ser primordiales para la aprobación de un nuevo modelo de financiación, que pretende establecer un marco estable”.

“La financiación de las universidades en Andalucía se ha vinculado de facto mucho más a la cantidad que a la calidad. En cambio, vemos cómo hay países de nuestro entorno con modelos de financiación que han evolucionado hacia fórmulas que operan sobre variables de escala (cantidad) y de rendimiento (calidad) y que pueden incorporar criterios de cumplimientos de objetivos específicos. Estamos convencidos de que debemos nutrir de una mayor coherencia al modelo andaluz para hacerlo más transparente y dar más peso a los resultados, a través de un sistema basado en los principios de suficiencia, equidad y eficiencia”, indican desde el Ejecutivo andaluz (PP-Cs).

El compromiso del departamento que lidera Rogelio Velasco (Cs) es “conseguir un marco estable de financiación a través, sobre todo, de un uso más eficiente de los recursos orientándolos a los resultados”. Por ello, el nuevo modelo tendrá en cuenta no sólo las necesidades de estas instituciones, sino que también se valorará el rendimiento, siempre sobre la base de la objetividad, la transparencia y la corresponsabilidad”, según confirman desde la Consejería.

Tras un primer plan, que estuvo vigente de 2002 a 2006 y que permitió duplicar durante este periodo la aportación pública, los socialistas aprobaron en 2007 un segundo plan que, supuestamente, debía actualizarse en 2011, algo que no ocurrió. Este segundo modelo planteó una financiación con mayor vinculación a resultados y con el horizonte puesto en el 1,5% del PIB regional, objetivo que no se cumplió en el plazo.

La incertidumbre económica acaecida a nivel nacional, y agravada al final de su periodo de vigencia, obligó a la Junta, gobernada entonces por el PSOE, a prorrogar hasta en tres ocasiones esta programación económica (2011, 2014, 2016), con la excusa de “asegurarlos fondos públicos comprometidos y paliar la merma de recursos propios y privados como consecuencia de la crisis económica”. Desde entonces, las universidades andaluzas carecen de un modelo de financiación.

El anterior Gobierno de Susana Díaz se comprometió con las universidades a aprobar un nuevo modelo de financiación en 2017 con vigencia hasta 2021. Se presentó un borrador y se trabajó sobre él, pero no alcanzó el consenso suficiente y, a pesar de estar bastante avanzado, se paralizó.