El plan de infraestructuras judiciales en Granada arranca con Órgiva: la nueva sede iniciará su construcción en noviembre

Granada/El ambicioso plan que transformará la Granada judicial de aquí a 2030 ya ha comenzado. Y en lugar de hacerlo con el gran proyecto que la Consejería de Justicia está poniendo en marcha con la compra del edificil del Cubo a CaixaBank para convertirlo en una Ciudad de la Justicia, este ha arrancado con otro, también importante para la provincia, pero de menor envergadura: la nueva sede judicial en Órgiva, que iniciará su construcción “de manera inminente, en menos de 30 días”. De esta manera, la comarca de la Alpujarra de Granada tendrán muy pronto nueva sede judicial, después de que el proyecto haya estado parado durante 15 años.

Según ha informado este miércoles el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, las obras para la construcción de la nueva sede de Órgiva comenzarán su construcción en el próximo mes de noviembre. Nieto ha detallado que este mismo martes 22 de octubre, la Junta de Andalucía firmó el contrato con la UTE adjudicataria, formada por Soluciona Obras y Servicios y Lirola Ingeniería y Obras, para la ejecución del edificio en un plazo de 14 meses. El presupuesto total supera los 5,6 millones, incluyendo la dirección facultativa. Nieto ha defendido en Comisión parlamentaria que se están cumpliendo los plazos fijados para dotar a la localidad granadina de un edificio que unifique las dos sedes actualmente dispersas, una en propiedad y otra en alquiler, y resuelva los problemas de espacio y de accesibilidad que presentan.

Según ha informado la propia Junta, este nuevo edificio en la capital de la comarca de La Alpujarra se trata de un proyecto “prioritario” en el Plan de Infraestructuras Judiciales (PIJ) 2023-2030 y un compromiso personal del actual Gobierno con un municipio "al que anteriores ejecutivos llevaban prometiendo una nueva sede judicial desde 2009". De esta forma, incluso se adelanta las otras dos grandes intervenciones que contempla el plan para la provincia: la ampliación de Motril, para lo que se estiman 2,5 millones, y sobre todo la compra y habilitación del edificio del Cubo como Ciudad de la Justicia de Granada.

EL PIJ en Granada

Estos tres son los pilares fundamentales del Plan de Infraestructuras Judiciales (PIJ) de la Junta en Granada, que está dividido en cuatro fases bianuales hasta 2030 para definir planes, impulsar proyectos, elaborar y solventar problemas de tramitación o financiación y ejecutar proyectos iniciados en fases anteriores. En todas las fases hay actuaciones previstas en la provincia, ya sea de rehabilitación como de construcción y adecuación. Aunque la que prima por encima del resto es la de la capital, que pese a que se anunció ahora hace un año todavía no está finalizada.

En la fase I hasta 2024 se recoge la "compra nueva sede" en Granada, la del Cubo, que tiene que firmarse este año. La fase II (2025-2026) recoge la "adaptación de esta nueva sede", que será la que permita adaptar este edificio a las necesidades de los juzgados, con salas de vistas, despachos y otras necesidades específicas por unos 12 millones de euros. La fase III (2027-2028) incluye una nueva actuación en "rehabilitación de edificios históricos" y la mejora en el partido judicial de Loja de la eficiencia energética, y para la ultima fase, la IV, a desarrollar entre 2029 y 2030, se reserva el mayor número de actuaciones: mejoras de eficiencia energética en las sedes judiciales de Baza y Huéscar, ampliación del complejo judicial de Motril y renegociación y ampliación del alquiler en la sede judicial de Almuñécar.

A finales de septiembre, tal y como informó este periódico, la compra del edificio del Cubo está pendiente de los últimos flecos, que llevarán a definir los detalles de una operación que se fijará en el contrato que tendrán que firmar la Junta y CaixaBank, que aún no se ha rubricado. Entonces, la Consejería de Justicia esperaba aún los últimos informes sobre el estado del edificio para firmar el documento y convertirlo en la primera sede judicial unificada de la futura Ciudad de la Justicia granadina. Desde que antes de verano, en el mes de julio, el edificio fue desalojado por la entidad bancaria, que ha trasladado a los trabajadores que tenía allí al Serrallo, los técnicos de la Junta evalúan el estado en el que está el bien previo a la firma del contrato final de compraventa, que se ha establecido en 22,3 millones de euros pero que no está cerrado definitivamente. Unos trámites para los que el tiempo ya apremia, ya que la compra del edificio, según el cronograma del Plan de Infraestructuras Judiciales, tiene que realizarse en este año.

Según ha podido saber este periódico, además del estado en sí en que está el edificio, también entra en la ecuación final de negociación y valoración el hecho de ser una construcción singular, el valor de una obra de 'firma' del arquitecto Campo Baeza.

Así será la sede orgiveña

El partido judicial de Órgiva presta servicio a 24.000 vecinos de 26 municipios, muchos de ellos pequeños y con su población diseminada en núcleos principales y pedanías. Cuenta con dos juzgados mixtos repartidos en dos edificios con 360 metros cuadrados, uno propiedad de la Junta situado en la calle Fleming y otro en la calle Estación alquilado, cuyo arrendamiento supone un coste anual de 15.196,92 euros. Ambos carecen de espacio para adecuar las instalaciones a las necesidades actuales y a futuros crecimientos posibles. “En 720 metros cuadrados, que el espacio mínimo para un juzgado, tenemos dos”, ha señalado Nieto, además de tener problemas de accesibilidad debido a barreras arquitectónicas que no se pueden eliminar.

La nueva sede multiplicará el espacio disponible y se ubicará en área de expansión de la localidad y plenamente accesible, un solar de 992 metros cuadrados situado en la avenida González Robles. El edificio proyectado alcanza una superficie construida de 2.515,34 metros, repartida en plantas sótano, baja, primera y segunda. Albergará una sala de vistas, dos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, las dependencias de la Fiscalía, el Servicio Común, el Registro Civil, despacho para el Juzgado de Guardia, espacio para los Colegios Profesionales, el servicio de mediación, la consulta médico-forense, área de detenidos y archivos. También incorporará una sala multiusos y sala Gesell para la práctica de pruebas preconstituidas que evite a las víctimas más vulnerables tener que declarar varias veces durante el proceso judicial.

Para agilizar los trámites, se sacaron a licitación a la vez tanto la dirección facultativa de la obra, a la que se presentaron seis empresas, como la ejecución, con 13 candidatas interesadas. Finalmente, el proyecto ha sido adjudicado a la UTE formada por la empresa murciana Soluciona Obras y Servicios y la almeriense Lirola Ingeniería y Obras, con sede en El Ejido.

El consejero ha defendido que esta proyecto forma parte del Plan de Infraestructuras Judiciales y es un ejemplo del compromiso de la Junta de actuar en el 100% de los 85 partidos judiciales para resolver los problemas las sedes judiciales, no solo de las capitales, donde se completará la red de Ciudades de la Justicia, o grandes municipios sino también en zonas rurales como Órgiva, que da servicio a los municipios de Almegíjar, Alpujarra de la Sierra, Bubión, Busquístar, Bérchules, Capileira, Carataunas, Cádiar, Cástaras, Cáñar, Juviles, Lanjarón, Lobras, Murtas, Nevada, Pampaneira, El Pinar, Pórtugos, Soportújar, La Tahá, Torvizcón, Trevélez, Turón, Ugíjar, Válor.

El objetivo, según ha concluido Nieto, es que los habitantes de estos municipios cuenten con “los mismos servicios” que el resto, contribuyendo así fijar la población en comarcas rurales de interior como La Alpujarra granadina.