La polémica entre la Policía de Maracena y el Gobierno local sigue adelante y se traslada ahora a la unidad de violencia de género

Siguen los problemas en la Policía Local y el Ayuntamiento de Maracena. Si hace unos días el Cuerpo acusaba al equipo de Gobierno de querer "privatizar" el servicio, ahora la polémica se ha trasladado a la unidad específica de violencia de género, que desde la Policía aseguran que se quiere desmantelar "por la falta de medios, la falta de compromiso político y decisiones de carácter ideológico".

Por su parte, desde el Gobierno, un cuatripartito liderado por el PP, aseguran que se trata de una "renuncia a dar protección a las víctimas de violencia de género" por parte de los agentes al cargo, lo cual "achacan a falta de medios humanos y telemáticos". Así, desde este momento es la Guardia Civil quien ejerce las labores de vigilancia y protección de víctimas de violencia de género,

Así las cosas, el Ayuntamiento de Maracena ha condenado esta actitud, incidiendo en que lo que "debe primar siempre en el ejercicio de sus funciones es la protección a este colectivo tan vulnerable de la sociedad".

No obstante, ha agregado que ha comunicado este extremo a Guardia Civil de Maracena, que, según han añadido desde el Ayuntamiento, "ha manifestado que seguirán dando protección a estas víctimas como venían haciendo ellos y que si fuese necesario, reforzarían el servicio".

"El Ayuntamiento de Maracena quiere tranquilizar así a las víctimas de violencia de género y a la ciudadanía ya que el servicio estará totalmente cubierto", han concluido desde el consistorio.

"Se han visto obligados"

Desde el cuerpo de seguridad municipal, se ha señalado este lunes, por otro lado, que "la totalidad de los agentes de Policía Local del municipio se han visto obligados a rechazar formar parte de la unidad específica de Viogén".

Esta renuncia se ha realizado mediante escritos realizados al consistorio alegando motivos como "el clima de incertidumbre e ineficacia en la gestión de la Concejalía de Seguridad" así como "la escasez de medios, vehículos, vestuario" y "aparatos electrónicos".

También a "la intención de incorporar a agentes de dudosa reputación y afines políticamente a la Concejalía dirigida por Vox" y "la pretensión de privatizar parte del servicio de seguridad pública a través de vigilantes de seguridad que ejercerían sus servicios en espacios públicos, suponiendo una iniciativa muy peligrosa para la propia Policía Local, que se vería obligada a auxiliarlos dada sus inexistentes competencias".