Polémica por las multas de la Zona de Bajas Emisiones: los 1,4 millones de ingresos previstos enfrentan a gobierno y oposición

La Zona de Bajas Emisiones es uno de los proyectos más importantes que se van a poner en marcha este mandato en la capital. Aunque obligados por ley, algo en lo que insiste el gobierno del PP en el Ayuntamiento de Granada cada vez que hablan de la misma o presentan alguna iniciativa relacionada, la reducción del tráfico en la ciudad para la mejora de la calidad del aire es una necesidad imperiosa en la capital. Para eso, el PP modificó el proyecto inicial por el que Granada venía apostando en mandatos anteriores del propio PP y del PSOE y rehizo el plan para ampliar a toda la ciudad la ZBE: más espacio físico pero menos coches afectados ya que solo se prohibirá el acceso, a partir del 1 de abril de 2025 aunque desde este octubre ya está en pruebas, a los coches que cumplan dos cuestiones: estar empadronados fuera y además no tener pegativa ambiental (los de gasolina de antes de 2001 y los diésel anteriores a 2006).

La medida tiene distintas consideraciones para los tres partidos con representación en el Salón de Plenos municipal: el PP defiende su nuevo modelo, el PSOE dice que no va a tener el efecto deseado en la reducción de la contaminación y Vox directamente pide que se elimine al no estar de acuerdo en la medida por incluirse en una Agenda 2030 que rechazan a nivel de partido.

Y también tiene otro punto de polémica en el que se ha incidido en las últimas semanas: las multas. El documento de presupuestos que ya se tramita en el Ayuntamiento para entrar en vigor el 1 de enero de 2025 recoge en el capítulo de ingresos, dentro del apartado de multas, una dedicación especial a lo que se recaudará en 2025 por sanciones relacionadas con la ZBE. Porque a partir del 1 de abril del año próximo se multará a los coches que tienen vetado el acceso y se 'cuelen' en la ciudad (sin estar autorizados tampoco puntualmente por excepciones como ir al médico o al taller). En el primer mes de prueba han sido 40.500 las sanciones que se podrían haber puesto y que hasta abril solo serán cartas informativas a los conductores de su situación. Según los presupuestos paa 2025, el Ayuntamiento de Granada prevé ingresar 1,4 millones de euros por multas de ZBE, un ingreso extra en 2025 respecto a lo de este año, lo que hará que los ingresos por multas de tráfico suban de los 12,1 millones de euros de 2024 a los 13,7 millones de 2025.

Este aumento de ingresos ha sido ya criticado por la oposición y defendido por el Gobierno, que asegura que las sanciones están recogidas en el propio desarrollo estatal de las ZBE y que de no ser así no tendría sentido esta medida. Para eso, se están modificando las ordenanzas de movilidad para incluir todo lo relativo a la ZBE, sus limitaciones y la política de sanciones, una modificación que estará lista para abril del año que viene a través de una única ordenanza de Movilidad que aglutine las actuales disposiciones.

En la última comisión de Movilidad, precisamente, este martes se volvió a tratar el tema. Vox pidió que se retrase al máximo esa imposición de multas como hacen otras ciudades con una moratoria de las sanciones, algo que el PP rechazó alegando que el propio Gobierno ha incidido en la instrucción de activar las sanciones. El grupo municipal también en sus alegaciones a los presupuestos ha pedido que "dejen de gastar el dinero de todos los granadinos en cosas para las que nadie les ha votado, como la imposición de la Zona de Bajas Emisiones". Con respecto a la Zona de Bajas Emisiones proponen la eliminación del gasto destinado a la imposición de una zona de bajas emisiones en el municipio (1 millón de euros destinado en las cuentas de 2025 como gasto para su implantación) y la eliminación de los ingresos previstos por sanciones relacionadas con las restricciones a la movilidad por la zona de bajas emisiones de las que no existe respaldo alguno en ninguna ordenanza municipal para justificar dichos ingresos" de 1,4 millones.

Desde el PSOE también se ha criticado la medida, asegurando que se van a utilizar las multas de la ZBE para cuadrar las cuentas. Consideran que no se han tomado medidas para mejorar la calidad del aire y prima el "afán recaudatorio", sumando también el millón más que se ingresará por el aumento de la zona ORA en la ciudad. Para el PSOE, el PP ha "pervertido el proyecto de ZBE, reconvertido en una herramienta para multar sin aportar ni un solo informe que indique cuánto bajará la contaminación en Granada o el impacto que tendrá en la economía de la capital”. Para la edil, “Carazo ha dispuesto un sistema de multas que supondrán unos ingresos de 1,4 millones de euros para el Ayuntamiento, pero no ha tenido en cuenta que esta decisión puede tener unas consecuencias en nuestra economía que no ha valorado ni cuantificado, en un ejemplo más de que el PP gobierna a base de improvisación con el objetivo único de recaudar”. Por eso han pedido que la medida sea compensada con partidas en los presupuestos para poner en marcha “el proyecto de líneas de autobuses coordinadas con el Área Metropolitana o la nueva de línea de metro que conecte la capital con los municipios de Huétor Vega, Cájar, Monachil, La Zubia, Ogíjares y Cájar, medida que sí resolvería el problema de contaminación y reduciría el flujo total de vehículos, pero no engrosaría la cuenta de las multas de Carazo”.

Otra de las incidencias que tendrá la implantación de la ZBE en la ciudad, además de las multas y la recaudación municipal, será la actividad de los aparcamientos, donde miles de vehículos tendrán que estacionarse para no saltarse la amplia restricción del término municipal. El Ayuntamiento de Granada ha aumentado a 11 (cuando se presentó la medida eran ocho) los aparcamientos de borde de la ciudad para facilitar que no se entre en la Zona de Bajas Emisiones y que los vehículos que tienen prohibida su circulación en el municipio dejen el coche en el perímetro y desde ahí se desplacen hacia adentro en transporte público o andando. Pero son conscientes de que obligar a pagar un parking es complicado para muchas familias que tendrán que hacer uso continuo de este recurso, por lo que se están intentando acuerdos con estos aparcamientos para rebajar tarifas y ofrecer precios especiales más competitivos.