La Policía Nacional identifica a tres escolares por el supuesto caso de agresión sexual a una niña en un colegio de Granada

La Policía Nacional en Granada ha identificado a tres menores por su presunta implicación en un supuesto caso de agresión sexual a otra menor, compañera de colegio de los tres niños, que fue denunciado por la madre de la niña. Los presuntos autores, que ya han sido cambiados de centro, están escolarizados en el tercer ciclo de Primaria (quinto y sexto curso) mientras que la niña es más pequeña.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, confirmó que se trata de tres menores que por tener edades por debajo de los 14 años son inimputables. Los hechos derivaron en una denuncia interpuesta por la madre hace unos dos meses, detalló Montilla, que indicó que lo ocurrido sucedió en un centro de Granada capital.

Desde Educación se indicó que se han seguido todos los pasos del protocolo de acoso y que los presuntos agresores han sido cambiados de centro con el expediente que se les ha abierto, cada uno a un centro distinto.

Una vez presentada la denuncia, se le dio traslado de los hechos a la Fiscalía de Menores, que considera los hechos como agresión, según el Código Penal, no como abuso o agresión sexual al no haber una intención de ánimo lividinoso ni deseo sexual.

La niña presentaba desde el pasado octubre "irritación y dolor" en la zona vaginal, con una posible rotura del himen, sin verbalizar la posible causa; un pediatra la examinó entonces, sin hallar heridas ni hematomas, y aconsejó seguir de cerca el caso.

Semanas después, la menor comenzó a verbalizar lo que parecían abusos sexuales por parte de niños y niñas de Primaria, mayores que ella, por lo que la madre la llevó directamente a Urgencias, donde otros sanitarios la exploraron y remitieron un parte de lesiones al juzgado de guardia.

El forense también realizó una exploración esa misma tarde y activó el protocolo judicial.

En la denuncia, la madre precisó que la actitud de la menor cambió radicalmente de octubre en adelante, mostrando su rechazo a ir al colegio y sintiéndose muy nerviosa y vulnerable en situaciones rutinarias del día a día. Al parecer, también en el propio colegio le confirmaron que la habían visto llorando.

Protección de la víctima

El experto en convivencia y mediación escolar y docente Juan Antonio Albadalejo explicó que en situaciones similares se toma como una de las primeras medidas la protección de la víctima. En este sentido se explica el cambio de centro de los tres menores supuestamente implicados, cada uno a un centro diferente, según especificó Educación. El protocolo abierto es supervisado por la Inspección educativa.

Además de las medidas preventivas, se pueden establecer acciones reglamentarias. En esta línea Albadalejo reseña que la máxima sanción dentro del sistema educativo que se puede imponer a un alumno es el cambio de centro. De forma paralela el equipo de orientación puede actuar para derivar a otros recursos disponibles a la víctima.

"Poner límite" al acceso a internet

La consejera andaluza de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, llamó a "proteger a los menores" y a "poner límite" al acceso indiscriminado que tienen en la actualidad a internet, las redes sociales y la pornografía tras conocerse el caso.

 A preguntas de los periodistas, Castillo enfatizó que "estas cosas pasan porque nuestros niños y niñas tienen un acceso indiscriminado a internet, a las redes sociales y a la pornografía" y porque "repiten acciones que no son habituales en niños de esas edades salvo que las vean o que a su vez las sufran". Llamó así a proteger a los menores, "a todos", poniendo límite a ese libre acceso a un entorno donde "no hay medidas de protección" para ellos, recoge Europa Press.

 La consejera dijo tener constancia de este caso en Granada. Recordó que una vez activado el protocolo "entra la autoridad", la Fiscalía de Menores y la autoridad judicial, para determinar lo que corresponda atendiendo a la edad de los presuntos agresores. La Consejería cuenta por su parte con "protocolos específicos" en los que se analiza la situación y se establecen medidas de protección de "todos los menores", víctimas y agresores.

 "No dejan de ser todos menores de doce años y necesitan una especial protección", recalcó la consejera, quien explicó que en el ámbito docente, y con niños de estas edades, las medidas pasan por un cambio de clase o incluso de centro como en este caso para que los presuntos agresores no tengan contacto con la presunta agredida.

 La Fiscalía Superior de Andalucía ya alertó el pasado septiembre en su última memoria del aumento de delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos por menores en el último año, que atribuye al "consumo excesivo" que este colectivo hace de las redes sociales y, en particular, de las páginas de pornografía.

 En la memoria, consultada por Europa Press, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, trasladó su "especial preocupación" por la situación de los menores, tanto en su papel de víctimas como de agresores, derivado del acceso temprano a las nuevas tecnologías. Abogó, de hecho, por una mejora en la regulación que limite el libre acceso de menores a contenidos inadecuados y pornográficos, llegando a tipificar penalmente la conducta de las empresas que lo permitan.