Cuatro policías locales de Granada declaran como investigados por revelar información de un víctima de violencia de género
Fue la propia víctima la que interpuso una denuncia ante la Guardia Civil, dando origen a la investigación
Citan a la concejal Raquel Ruz para un acto de conciliación tras sus declaraciones sobre la Policía Local de Granada

Granada/La Policía Local de Granada tiene ante sí otro frente judicial abierto que se sumaría al presunto amaño en las oposiciones al Cuerpo. Según ha podido saber este periódico, en la mañana de este miércoles, cuatro agentes han prestado declaración en el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital (el mismo que mantiene abierta la causa de las oposiciones) investigados de los presuntos delitos de organización criminal, revelación y descubrimiento de secretos después de haber filtrado información sensible de una víctima de violencia de género de alto riesgo en el sistema Viogén. En total, son siete los agentes implicados en la causa y se espera que el resto de acusados testifiquen próximamente.
Según detallan fuentes del TSJA, los cuatro agentes comparecieron a lo largo de esta mañana y todos contestaron a las preguntas planteadas en sede judicial por las partes. Todos acudieron estando en situación de libertad y el Juzgado ha acordado mantenerlos en esta misma situación de libertad provisional aunque con cargos.
Los hechos se remontarían al pasado junio, cuando la víctima habría interpuesto una denuncia contra su expareja, subinspector de la Policía Local en la capital y contra el que pesaba una orden de alejamiento que habría incumplido en varias ocasiones. Al ser un miembro del Cuerpo, y además formar parte del Grupo de Mujer y Menores (Grumume), la víctima sospechó que este podría tener "información privilegiada de sus movimientos debido a consultas no autorizadas en el sistema de violencia de género", lo que le llevó a interponerr la citada denuncia, según consta en las diligencias del Instituto Armado facilitadas a este periódico por fuentes judiciales.
Una vez interpuesta la denuncia, la Guardia Civil solicitó una auditoría al sistema Viogén a la Secretaría de Estado de Seguridad, al ser el organismo competente. Tras recibir la información, el Instituto Armado compró que el informe de la denunciante había recibido una serie de consultas que "evidenciaban un uso incorrecto del aplicativo".
El siguiente paso fue la consulta a otras unidades territoriales de la provincia, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Local, para que reportaran las consultas efectuadas sobre la víctima y el porqué de las mismas. En cada uno de los casos la respuesta era la misma: las consultas coinciden con la prestación de servicio como Halcones (núcleos de servicio que componen diversas patrullas al mando de un suboficial o cabo) que serían los encargados del seguimiento y protección de las víctimas de violencia de género, por lo que su consulta quedaría justificada.
El problema surge con las consultas efectuadas por los agentes de Policía Local de la capital, los mismos que ahora están citados a declarar, y que habrían realizado más de 40 consultas en distintas fechas y horarios (solo uno de ellos llegó a realizar más de 30). Preguntados a este respecto, alegaron que las consultas se habrían hecho para darle traslado al gabinete jurídico del Ayuntamiento, ya que "el autor se corresponde con un miembro del Cuerpo y con un expediente disciplinario abierto". Sin embargo, como reconoce la Guardia Civil en su informe, al no residir en la capital la víctima su protección y el seguimiento dependería de la Guardia Civil.
Finalmente, en enero de este año el juzgado solicitó informe a la Policía Local de Granada sobre si existió orden directa a varios agentes de controlar a la víctima y el Grumume aseguró que "en ningún caso" se ha ordenado ni dado instrucciones a ningún agente de controlarr al presunto agresor ni de efectuar un seguimiento a la víctima por no tenerla asignada", recoge el requerimiento al que ha tenido acceso este periódico.
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