El PP granadino exige que los ayuntamientos reciban financiación para cumplir la ley de colonias felinas

Granada/El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición No de Ley que reclama al Gobierno de España un fondo para financiar la captura, esterilización y retorno en la gestión de las colonias felinas, tal como exige la nueva ley de bienestar animal.

La diputada granadina Lourdes Ramírez ha defendido esta iniciativa en la Comisión de Política Territorial. “El Gobierno impone a los municipios la gestión de las colonias felinas sin proporcionar los recursos necesarios, generando una carga financiera insostenible para muchas administraciones locales”. “El ejecutivo muestra desinterés por los problemas reales del país, enfocándose en asuntos ajenos y en privilegiar a las personas cercanas a Pedro Sánchez”, ha apuntado.

Así, Ramírez critica que “la actual situación provocada por la inacción del Gobierno en este asunto está obligando a los ayuntamientos a desviar fondos de áreas esenciales para cubrir responsabilidades impuestas, poniendo en riesgo servicios básicos”. “La exclusión masiva de las entidades locales de las subvenciones evidencia la falta de recursos asignados por el Gobierno Central y su incapacidad para gestionar las necesidades reales de las entidades locales”.

Para la diputada popular, “no podemos olvidar que la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local establece que cualquier ampliación de competencias impropias debe de ir acompañada de financiación suficiente para cubrir los costes efectivos”, al mismo tiempo que afirma que “es necesaria una mayor financiación y coordinación con las ayudas”.

Así, la diputada pide “establecer un mecanismo de coordinación y apoyo técnico entre el Gobierno y las administraciones locales para garantizar la correcta implementación del protocolo de gestión de colonias felinas”.

De esta forma, Ramírez ha recordado que, además de la esterilización, “debe realizarse un seguimiento continuo de las condiciones de vida de los animales, la garantía de su salud y seguridad, y la colaboración con asociaciones protectoras y voluntarios”. “Todo ello, sin duda, representa un desafío considerable para las administraciones locales, que deben asumir responsabilidades adicionales en un contexto ya de por sí complejo en cuanto a la gestión de los recursos municipales”, ha concluido.