El PP de Granada presenta una moción "en defensa de un sistema de financiación justo entre comunidades”

Granada/El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada ha presentado para el próximo Pleno de septiembre una moción en defensa de un sistema de financiación “justo y solidario” entre comunidades y ciudades autónomas, en la que exige al Gobierno de España “paralizar cualquier avance hacia la independencia fiscal solicitada por el separatismo y exigir garantías de que ninguna comunidad del actual sistema de régimen común sale del mismo ni se fragmente la Agencia Tributaria”.

El documento, presentado esta mañana por el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, considera que el Gobierno ha instaurado una forma de hacer política “que ha desplazado el interés general y el bien común, centrando su atención únicamente en las ambiciones políticas personales del actual presidente y, como consecuencia, los españoles padecemos decisiones políticas arbitrarias que dañan nuestro Estado de Derecho y nuestro Estado de Bienestar”.

En el mismo sentido se ha manifestado Saavedra, quien coincide en que “las cesiones asumidas por el presidente del Gobierno para asegurar su continuidad en la Moncloa han provocado un deterioro sin precedentes de la salud de nuestro Estado de Derecho. El peaje separatista va a suponer la quiebra del derecho que tenemos todos los españoles a acceder en las mismas condiciones a servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia, así como una ruptura del sistema de financiación autonómica sin diálogo, consenso, ni ningún estudio técnico que lo avale”.

Tras recordar que el Estado es el responsable de la gestión de los recursos públicos y de garantizar la igualdad de oportunidades de todos los españoles, el portavoz del Ayuntamiento ha reiterado que “si el Gobierno renuncia a todos a los impuestos en una comunidad autónoma, renuncia también a una fuente de ingresos para reducir desigualdades y permite que una parte de los ciudadanos deje de contribuir en igualdad de condiciones a sostener servicios públicos del Estado, incluidos los que ayudan a redistribuir la renta personal”.

A este respecto, la moción recoge la negativa a aceptar “la adopción del lenguaje independentista que equipara a Cataluña con los partidos separatistas” y considera que esta visión “tampoco beneficia a los propios ciudadanos catalanes. “El objetivo final del independentismo es hacerse con el control financiero, la llamada ‘llave de la caja’, para seguir impulsando el desafío del ‘procés’ mediante nuevos mecanismos, lo que no haría más que profundizar en la decadencia política y social que afecta a la región”.

Para Saavedra, que se ha mostrado convencido de que “esta concesión dinamita el sistema de derechos y deberes que nos dimos en la Constitución de 1978”, resulta “inaudito” que el PSOE esté “desprotegiendo a nuestro país de forma tan irresponsable, cuando las fuerzas independentistas reconocen abiertamente que el fin último de los recursos económicos adicionales que pretenden agenciarse a costa de los demás no es fortalecer el bienestar de nadie, sino una estructura administrativa que les permita repetir el golpe de 2017 con mayores garantías. No se trata de una mejor financiación de los servicios públicos, ni tan siquiera en una Comunidad Autónoma. Se trata de financiar, con los recursos de todos, un propósito ideológico excluyente y eso no lo debemos permitir”, ha concluido.

Recuperar el consenso

Ante esta situación, la moción del Grupo Popular insta al Gobierno de España a convocar “de manera urgente” la Conferencia de Presidentes Autonómicos, con el objetivo de recuperar las mínimas bases del consenso y abordar conjuntamente, y desde la multilateralidad y la transparencia la renovación del actual sistema de financiación autonómico. Este modelo, según recoge, debe ser acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que la AIREF participe del análisis de la propuesta del Gobierno.

También con urgencia, se pide la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) “para promover una reforma del sistema de financiación local conjuntamente con la financiación autonómica”. En ambos casos, se debe atender a todas las variables existentes en cada territorio que garanticen la suficiencia financiera autonómica y la prestación de servicios en igualdad de condiciones.

Respecto a la autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas y a todas las competencias autonómicas y locales recogidas en la Constitución y en los diferentes estatutos de autonomía, la moción pide al Estado que amplíe el montante económico total del sistema de financiación autonómica y, en paralelo a la reforma del mismo, cree un Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación que padecen todas las Comunidades y ciudades autónomas.

Entre las demandas, que una vez aprobadas por el Pleno serán trasladadas al Gobierno, al Congreso, el Senado y la FEMP, está la de garantizar la cogobernanza de los Fondos Next Generation y futuras inyecciones económicas de la UE, así como que se facilite a la Comunidades Autónomas disponer de los 18.000 millones de euros de fondos europeos Next Generation que el Gobierno no ha ejecutado, “con el fin de evitar que tengan que ser devueltos a la Unión Europea”.