Las prácticas de universitarios de Granada con Justicia, paralizadas a falta de un informe de los Servicios Jurídicos

La nueva ley de la Seguridad Social incluía como una de sus novedades la obligación de que el estudiantado en prácticas fuera dado de alta. La novedad, que se aplica desde el 1 de enero de 2024 tras una moratoria de seis meses, ha supuesto un serio quebradero de cabeza para las universidades que, ahora, se ha trasladado a parte del estudiantado.

Universitarios de distintos grados de la Universidad de Granada han manifestado a este diario que sus prácticas se han trastocado por la falta de convenio. El caso de una estudiante de Psicología que tenía previsto completar su formación en un centro de menores infractores de Granada no es el único. Ahora, un grupo de estudiantes de Educación Social indican que su formación en esos mismos centros de menores infractores se han cancelado "hace escasos días" precisamente "por falta de convenio", explican. "Además, no se nos ha ofrecido alternativa compensatoria", critican.

Las prácticas en estos centros de menores infractores dependen de un convenio entre la Universidad de Granada y la Administración pública. En este caso, la Junta de Andalucía y concretamente la Consejería de Justicia. Desde esta Consejería se explica que los convenios tipo, como el que regula las prácticas canceladas de estas estudiantes de la UGR, están a la espera de un "informe" de los servicios jurídicos de la Consejería. Una vez que se estudie la nueva ley de la Seguridad Social se determinará en ese informe "cómo adaptar" los convenios de prácticas. Sobre los plazos, desde la Consejería se confió en que se dé respuesta en "breve".

Justicia precisamente es el ámbito que quedó fuera del convenio suscrito recientemente -se publicó en BOJA el 23 de enero- entre la Consejería de Universidad y los rectores de las universidades públicas andaluzas. Este convenio articulaba la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de los alumnos que realicen prácticas formativas o académicas externas no remuneradas incluidas en sus programas de formación. Sin las prácticas no pueden titular. Y una buena cantidad de estudiantes hacen sus prácticas en organismos públicos, desde colegios a centros de salud.

El documento establecía que las universidades actúan de empleadores, pagan las prácticas y luego, a final de curso, la Junta abona ese dinero. En el caso de la UGR, se han presupuestado 400.000 euros para hacer frente a las cotizaciones de la Seguridad Social de sus miles de estudiantes que hacen prácticas. Son unos 12.500. Además, se trabajaba en la renovación, según la información que facilitó en su momento la institución granadina, de 2.600 convenios.

Críticas de los rectores

Por su parte la Conferencia de Rectores (CRUE) lanzó un duro comunicado para criticar la improvisación y anunciar que prevén un "colapso" del sistema, además de advertir de que hay empresas que han renunciado a tener estudiantes en prácticas. La UGR no es ajena a este problema e incluso trabajó en "alternativas", según su última memoria de gestión.

"Pese a que debían haber sido las administraciones y empresas en las que se realizan estas prácticas las que asumieran estas tareas, las universidades españolas hemos realizado un ingente esfuerzo para su aplicación buscando siempre el interés de nuestro estudiantado", indica el comunicado, que incide en la "extrema preocupación" de los rectores.

"A fecha de hoy, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) sigue sin enviar a las Universidades instrucciones claras, precisas y estables sobre cómo implementar las altas y bajas en la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas, sea cual sea su casuística y situación personal", alega el texto de CRUE.

"Muchas de las consultas de dudas realizadas a la TGSS sobre los casos problemáticos que se preveían y aquellos otros que han ido surgiendo durante este primer mes de aplicación siguen sin tener contestación por escrito", señalan los rectores, que aseguran que "se nos trasladan instrucciones contradictorias, como las recibidas en relación con los estudiantes en movilidad internacional o como la recibida el día 1 de febrero (4ª ampliación del criterio 11/2023) por la que se modifican aspectos sustanciales de las instrucciones recibidas con anterioridad en lo que se refiere a las prácticas extracurriculares".

"Esta pauta de desinformación, improvisación y modificación sorpresiva de sus indicaciones por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social está haciendo prácticamente imposible que las universidades podamos articular de manera correcta nuestros procedimientos; tanto es así que nos están llegando numerosísimas consultas de estudiantes para cuya resolución las universidades no disponemos de una información correcta", alega el comunicado.

"A partir de este momento, para la resolución de estas consultas que exceden de nuestro conocimiento y ámbito de funcionamiento, las universidades recomendaremos a nuestro estudiantado, a las empresas y a las entidades interesadas que se dirijan directamente a la TGSS para formularlas", aseguran los rectores.

"Por más que las universidades hayamos asumido en esta cuestión una responsabilidad que inicialmente la norma no nos atribuía, la situación es de tanta incertidumbre y gravedad que tememos que el sistema de prácticas formativas, esencial para la formación y la empleabilidad de nuestro estudiantado, pueda colapsar infligiendo graves perjuicios al mismo. De hecho, ante el desconcierto que se está produciendo son muchas las empresas que están retirando su oferta de prácticas formativas, incluso cuando la Universidad asume su gestión económica y administrativa", apuntan para, seguidamente, añadir que "ante estos hechos, las universidades no podemos responsabilizarnos de los errores o fallos que se cometan o de las consecuencias que esta situación pueda acarrear".

Por último, los rectores "ante el riesgo de paralización de los programas de prácticas formativas en las universidades españolas, requerimos que se exijan las responsabilidades que correspondan a los organismos implicados y se adopten de forma urgente cuantas medidas sean necesarias".

"Un desafío complejo"

La situación de prácticas curriculares no remuneradas en la Universidad de Granada refleja un "desafío complejo que afecta tanto a la institución educativa como a los estudiantes que buscan completar sus estudios a través de estas prácticas obligatorias", indica la institución en un comunicado. "La decisión de la Universidad de asumir la gestión de las altas y bajas y el coste de la Seguridad Social para estas prácticas es una medida que busca garantizar la continuidad de las mismas, evitando que empresas o instituciones públicas retiren sus ofertas al tener que asumirlas ellas, como en principio establece la legislación", aclara la UGR.

"La Universidad se enfrenta a varios retos en este proceso, como la firma de nuevos convenios o adendas que incluyan estas cláusulas de seguridad social, tanto con empresas como con las administraciones públicas", apostilla la nota. "La lentitud en la renovación de estos convenios se presenta como un obstáculo importante, poniendo en riesgo la realización de prácticas curriculares esenciales para la formación del estudiantado. Cada día en la UGR se firman entre 10 y 20 convenios, sobre todo con empresas, que tienen más agilidad para su firma", señala la Universidad.

"Actualmente la Universidad de Granada está intensificando los contactos a nivel político para desbloquear la firma de estos convenios, con interlocutores en todos los niveles de la Administración", continúa la respuesta de la Universidad, que señala que "confiamos que en buena medida los convenios pendientes se puedan desbloquear en las próximas semanas de modo que no afecten al estudiantado".

"La búsqueda de prácticas alternativas por parte de los responsables de prácticas en los diversos centros es una solución temporal. Sin embargo, esta solución puede no ser viable en todos los casos debido a la naturaleza específica de algunas prácticas, realizadas en colaboración con administraciones públicas", responde sobre la situación actual.

"La renovación de convenios con empresas para prácticas curriculares representa un aspecto crucial en la conexión entre la formación académica y el mercado laboral, asegurando que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos en entornos reales y adquirir experiencia valiosa para su futuro profesional. En este contexto, es relevante destacar que, a pesar de la magnitud del desafío que supone la renovación de miles de convenios en un periodo escaso de tiempo, no se ha observado una disminución en el número de estos acuerdos", añade el comunicado, que apostilla además que "igualmente no se ha detectado ninguna problemática en el pago de las practicas, ya que se trata un tema que afecta a las prácticas no remuneradas".