Caso Juana Rivas: El precio de exigir justicia

El Colegio de Abogados de Granada me ha impuesto una sanción de 45 días de suspensión por afirmar públicamente que el Juez Piñar ha sido “manifiestamente parcial” en el caso Juana Rivas.

Para poder efectuar una valoración ajustada y comprender el contexto, es preciso recordar que el Colegio de Abogados de Granada ya se querelló por delito de intrusismo profesional contra Paqui Granados (Asesora Jurídica del Centro de la Mujer de Maracena, que apoyó públicamente a Juana Rivas). Tuve el honor de defender a Paqui, consiguiendo el sobreseimiento en el Juzgado de Instrucción. No obstante, el Colegio de Abogados de Granada persistió, presentando ante Audiencia Provincial un recurso que no prosperó, por lo que perdieron el caso.

El juez que ha solicitado al Colegio de Abogados de Granada que inicie un expediente en mi contra (y, por tanto, que apoye su actuación en este procedimiento), condenó a Juana Rivas a cinco años de prisión, tardando solamente cuatro horas en dictar sentencia. Fue entonces cuando asumí la defensa de Juana para presentar el caso ante el Tribunal Supremo. Nuestro más alto Tribunal, tras dos intensas sesiones

plenarias, decidió rebajar la pena de Juana a dos años y medio de prisión. El Rey, a petición del Gobierno, concedió el indulto parcial a Juana, reduciendo la pena de prisión a un año y tres meses. El Juez Piñar se negó a suspender la pena, con argumentos tan cuestionables que denuncié públicamente su parcialidad y presenté un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Granada. Dicho Tribunal volvió a darme la razón y revocó la decisión del Juez Piñar, concediendo la suspensión de pena a Juana Rivas. En definitiva, la condena de 5 años de prisión inicialmente impuesta por el juez Piñar, fue sucesivamente rectificada en instancias superiores, en las que se acogieron nuestros argumentos jurídicos. Y es esencial subrayar este aspecto, por razones obvias.

El devenir judicial de este caso, por lo que respecta a este magistrado (interesa recordar también que durante 14 años he ejercido como fiscal sustituto del TSJ Andalucía), ha sido tan cuestionable que entendí que lo procedente era presentar una querella por prevaricación contra él, que no ha sido admitida a trámite por el TSJA. No obstante, el TSJ considera “inadecuado” el uso de redes sociales por este magistrado quien, públicamente, se declara contrario a las políticas feministas y pone en cuestión la legislación vigente que protege a las víctimas de violencia de género.

Resulta verdaderamente paradójico que un magistrado que durante años vierte en redes sociales (en abierto) opiniones realmente ofensivas contra colectivos feministas, políticos progresistas, personas inmigrantes, dirigentes sindicales (y un largo etcétera), que incluso ha llegado a calificar como "basura" al

Tribunal Supremo, se dirija al Colegio de Abogados para que éste sancione a uno de sus colegiados porque ha manifestado que su actuación en este caso ha sido "manifiestamente parcial".

Asimismo, es pertinente subrayar llegados a este punto, que el Colegio de Abogados de Granada recientemente, mediante referéndum, rechazó por amplia mayoría cambiar su denominación por Colegio de la Abogacía, como está ya sucediendo entre sus homólogos, al entender que esta última denominación es mucho más acorde a los valores constitucionales y la realidad de los profesionales que los integran.

Estamos decididos a llevar este caso ante el Tribunal Constitucional, que podrá pronunciarse sobre la parcialidad o no del Juez Piñar en el Caso Juana Rivas.

Quienes hemos superado unas pruebas de acceso a la Magistratura, no somos dioses, exentos de toda posibilidad de crítica. Por supuesto, siempre desde el respeto y con la debida motivación, se puede (e incluso diría que se debe) valorar desde un punto de vista técnico la actuación de los jueces. En una sociedad democrática todo jurista tiene derecho a expresar su opinión. Decir que un juez es "manifiestamente parcial” (lo dije y lo mantengo) y aportar múltiples argumentos que respaldan esa afirmación, no puede ser nunca objeto de sanción por un Colegio de Abogados.

Resulta francamente preocupante la interpretación que el Colegio ha realizado del Código Deontológico, que ha desembocado en el alineamiento con un juez y la sanción (provisional, porque la hemos recurrido) a un abogado colegiado por ejercer el derecho a la libertad de expresión. Los colegios profesionales son una institución medieval, ya desaparecida en la mayoría de los países civilizados. Es ineludible y urgente luchar para que los que perduran y aún no lo han hecho, se adapten a las normas de las sociedades libres del S. XXI. Como abogado en ejercicio, reivindico mi derecho a expresar libremente mis opiniones sobre las actuaciones judiciales que considere oportuno, máxime si afectan a mis patrocinados. Se trata de un derecho y un deber, que el Colegio debería proteger en lugar de sancionar.

Analizando la situación desde otra perspectiva, como académico y profesor de Universidad, siempre he apreciado las críticas fundamentadas a mis construcciones jurídicas, por ejemplo hacia mi tesis doctoral, que sin duda me han hecho reflexionar y mejorar, pues nadie es infalible. Un jurista tiene todo el derecho del mundo a valorar la actuación de otro jurista. Y precisamente de ello depende el progreso de la ciencia jurídica.

Un buen abogado debe defender con vehemencia, rigor técnico y profesionalidad a sus patrocinados. Asumí la defensa de Juana Rivas "pro bono", desde mi férreo compromiso con los valores constitucionales, el derecho a la igualdad y la defensa de las víctimas de violencia de género. Fue una decisión meditada, que tomé convencido de que podía ayudar a unos niños y a su madre, alejándolos de un maltratador. Y, por supuesto, cualquier abogado que se precie, debe defenderse a sí mismo cuando se comete una injusticia como esta.