El presidente de Vox irá a juicio por presunta "estafa continuada"
Ignacio Nogueras defiende que la empresa demandante debe a su consultoría más de 3.000 euros
Granada/La Fiscalía solicita para el presidente de Vox Granada, Ignacio Nogueras, dos años y tres meses de prisión, además de una multa de 8.053 euros, por los delitos de "estafa continuada" al apropiarse presuntamente de las devoluciones del IVA de la empresa demandante al dar su cuenta corriente a la Agencia Tributaria para que ingresara en ella el dinero. Sin embargo, en el escrito de defensa presentado por Nogueras, se especifica que existía una relación de estrecha amistad entre ambas partes y que la propia empresa de carpintería mantenía una deuda de más de 9.000 euros con Nogueras por unas reformas no ejecutadas, por lo que de común acuerdo, según la defensa, decidieron saldar esta deuda con las devoluciones del IVA. De hecho, en el escrito se especifica que, aún hoy, la empresa demandante le debe a la sociedad de Nogueras 3.161 euros.
El juicio oral, que tendría que haberse celebrado el pasado 10 de junio, se ha pospuesto finalmente al 23 de octubre, y responde a la denuncia presentada por una empresa dedicada a la carpintería que contrató los servicios de la empresa de consultoría de la que Nogueras es representante legal y administrador.
Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico, el acusado se encargaba de realizar todas las gestiones relativas a la contabilidad, nóminas, seguros sociales y declaraciones fiscales de la sociedad demandante. Según el fiscal, Nogueras actuó "amparándose" en la confianza depositada en su gestión "movido por un evidente y manifiesto propósito de enriquecerse económicamente de forma injusta y en detrimento del demandante". El propio fiscal afirma que el 1 de febrero de 2016 presentó ante la Agencia Tributaria el modelo 303 del IVA correspondiente al cuarto trimestre de 2015, declaración que resultó positiva para la sociedad por un importe de 3.192 euros. Según el escrito de acusación, "con la finalidad de hacerse con dicho importe monetario", a la hora de indicar la bancaria en la que llevar a cabo dicha devolución, el acusado consignó la cuenta corriente de la consultoría de la que es administrador y donde aparece como autorizado. Fue, según la Fiscalía, donde la Agencia Tributaria realizó la devolución con una merma de casi 500 euros por una deuda de la empresa demandante con el Ayuntamiento.
Ya en el año 2017, viendo la tardanza en el cobro de la devolución, la empresa decidió acceder a la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria "constatando" que la devolución "se había realizado en una cuenta bancaria que no era de su titularidad". Según el fiscal, este modus operandi se repitió en la declaración del IVA del cuarto trimestre de 2016, aunque en este caso, "percatados del ardid empleado por los acusados", comunicaron a la AEAT un cambio en la cambio en la cuenta bancaria. El juicio dirimirá en octubre si se trata de rencillas entre examigos o una estafa.
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