Más de 80 propiedades, embargadas en el caso Nazarí para cubrir posibles daños

Granada/Grandes chalés a las afueras de Granada donde viven importantes constructores, viviendas en las calles más céntricas de la ciudad, casas y pisos en municipios costeros como Marbella, Torrox, Almuñécar o Motril, fincas de cultivo en el interior de Andalucía y un amplio catálogo de garajes. El Juzgado que instruye el caso Nazarí mantiene un embargo preventivo sobre más de 80 propiedades de los investigados en esta causa para garantizar que se puedan cubrir las posibles responsabilidades económicas de los hechos delictivos que se sospechan.

El mismo día que se prepararon las detenciones y los registros de la operación Nazarí -desplegada por la Policía el 13 de abril de 2016-, la jueza de Instrucción 2 ordenó una serie de medidas cautelares, como la de remitir a 21 Registros de la Propiedad la orden de poner anotaciones que alertaran sobre la prohibición de disponer de sus bienes, un embargo que se mantiene más de un año y medio después. Algunos investigados han pedido alterar esa situación puntualmente y el último caso ha sido el de la exdirectora de Urbanismo, que hace unos días remitió a la jueza una solicitud de venta de la vivienda, ya que es compartida al 50% en régimen de gananciales.

De la larga lista de bienes sobre los que pesa esa limitación, muchos de ellos tienen esa misma condición de propiedades compartidas, de modo que los otros participantes se ven afectados también por ese embargo. En la mayoría de los casos son los esposos de los imputados.

La orden de establecer esas anotaciones en los Registros de la Propiedad no afectó por igual a todos los investigados, pues solo 13 de los 17 resultaron afectados. También ha dependido de la cantidad de bienes que cada uno tuviera a su nombre. Por ejemplo, de los tres empresarios inmersos en esta investigación, José Julián Romero no aparecía en la orden original de prohibir la venta de sus bienes, probablemente porque la investigación patrimonial previa que había hecho la Policía no aparecían propiedades a su nombre como persona física. Indica el informe que la casa familiar está a nombre de su esposa.

Sin embargo, el promotor Roberto García Arrabal es uno de los investigados a los que el Juzgado ha embargado propiedades con más valor, incluida su vivienda familiar. También le retiene casi 100.000 euros en efectivo que la Policía halló durante los registros de la Operación Nazarí. El empresario ha presentado más de cinco escritos en los que recurría esta orden judicial y reclamaba la devolución. También llegó a advertir al Juzgado de que tenía previsto hipotecar su vivienda para obtener un crédito bancario para sus negocios. La jueza denegó la devolución del dinero.

La anotación preventiva en losRegistros no fue la única medida cautelar adoptada, pues en los registros se decomisó todo el dinero encontrado, tanto en los domicilios, como en las oficinas, en las cajas de seguridad o, incluso en las carteras de mano de los detenidos aquel día.

En total, el Juzgado se hizo con algo más de 150.000 euros, una cantidad que supone muy poco en comparación con lo que pueden aportar los bienes de los investigados, valorados en cantidades millonarias.