Las protestas en sanidad y educación: el nuevo frente de la Junta en Granada

Granada/El hacha de guerra se ha desenterrado. Los sindicatos sanitarios y educativos han roto la entente cordiale que establecieron tras las elecciones de Andalucía del 2 de diciembre. Un voto de confianza para un nuevo gobierno que prometió acabar con todos los defectos enraizados que quedaron tras 36 años de socialismo y que, al final, tras casi un año, los sindicatos han visto que los raigones siguen hincados. Los problemas que sufren los sistemas educativos y sanitarios son los mismos, y a la postre, las exigencias y reivindicaciones también, tan solo cambia un matiz, ahora se añade el reproche a quienes según dicen, no han cumplido con sus promesas.

Quien pudiera pensar que las últimas y prolíficas concentraciones y protestas de los sindicatos en estas dos materias podían entenderse en clave electoralista previa al 10-N ve ahora cómo –ya hasta con pacto sobre la mesa– los ánimos no han decaído. Granada observa cómo dos de sus cuerdas más sensibles se tensan y las rebeliones de las batas blancas y de las aulas viven su propio ‘revival’.

En sanidad

El caso de la sanidad granadina es el de la rosa y las espinas, una relación en lo que lo malo del después son los despojos. Sindicatos y poderes gestores, el eterno conflicto que en la sanidad de Granada ha estado especialmente enconado en los últimos cuatro años desde el anuncio de la fusión hospitalaria hasta la llegada de la desfusión como logro ciudadano y de los profesionales que se plantaron ante la Junta en manifestaciones masivas. Un hito en España que los diferentes sindicatos sanitarios de Granada saludaron aunque casi de inmediato empezaron a ver sus carencias, sobre todo a nivel de personal y de consecución del plan de reversión de la fusión.

Esta es la premisa de una intrahistoria “heredada y mantenida”, como acusó la pasada semana la Junta de Personal del Virgen de las Nieves, los más activos de esta nueva rebelión de las batas blancas ya que son quienes peor parte se llevaron de la desfusión hospitalaria.

La desfusión ha seguido dando coletazos y se ha reivindicado como piedra angular de los achaques de la sanidad: falta de personal sanitario y recursos que al final desembocan en un aumento de listas de espera. Pero no entiendan mal, esta oleada de reproches de los sanitarios de toda la provincia y del resto de Andalucía a la Consejería de Salud de Jesús Aguirre, no viene tanto por la situación heredada, sino por el incumplimiento de medidas anunciadas como balsa salvavidas a un sistema sanitario que señalaron desde San Telmo que estaba cerca de expirar sus últimos estetores o “más tiesa que la mojama”, como resumió Aguirre en los primeros encuentros con la prensa.

Tales medidas redundaban en el problema más sangrante de la sanidad granadina, las listas de espera que al final, acaban asfixiando no solo a pacientes, también a los trabajadores que no alcanzaban a cubrir la carga laboral a las que se veían sometidos.

Es ahí donde los principales sindicatos coinciden en las nuevas protestas. CCOO, UGT, Satse, CSIF y Sindicato Médico claman cada jueves y otras tantas veces en las puertas de los centros por la falta de contrataciones del SAS tanto en hospitales donde también se engloban los comarcales como el de Baza o en centros de Salud donde el del Albaicín es el más activo.

El caso del Virgen de las Nieves es quizás el que se puede usar de paradigma: al ser un gran hospital tiene que dar cobertura a una gran población, también atender las pruebas diagnósticas de centros de salud y como añadido, prestar servicios en otros hospitales como en el caso de Baza, donde especialistas acuden a aliviar la situación de este centro en cirugía.

A eso se suma el problema que arrastra tras abril de 2018, fecha en la que se dio por concluída la desfusión hospitalaria. Según denuncia su Junta de Personal todo radica en este punto ya su problema de personal llega como consecuencia de que no se planificara ni se hiciera un estudio de la plantilla tras la puesta en marcha al completo del San Cecilio del PTS. Ellos lo califica como “ERE encubierto”, dado que desde entonces, a la plantilla le faltan 310 personas.

Esto por supuesto no solo acaba en una “peor” y “peligrosa” atención a los pacientes, si no también –y pese a las externalizaciones de pruebas diagnósticas que denuncian– esta situación choca frontalmente con el principal caballo de batalla del nuevo Gobierno de la Junta: eliminar las listas de espera que ellos mismos afloraron al llegar. Tanto es así, que la Junta de Personal del Virgen de las Nieves asegura que al contrario, la lista de espera del centro aumenta en 70 pacientes por semana.

Por otro lado, los datos dibujan rostros humanos, que al final es de lo trata esta nueva oleada de protestas. Este hospital como ejemplo de un todo granadino, tiene que cerrar 10 sillones de quimioterapia por la falta de enfermeras en el servicio (esto quiere decir que a la semana unas 56 personas con cáncer no pueden acceder a su tratamiento en tiempo y forma); quedan 8 quirófanos por abrir y suspende suspenden más de 100 endoscopias y 200 resonancias y otras pruebas, muchas de ellas para casos de cáncer, y por supuesto, todo a consecuencia de que “faltan más de 310 profesionales de todas las categorías”.

Una de las primeras protestas de Granada llegaron, según denunciaron los sindicatos, con el intento cierre de camas del hospital de traumatología y la merma de unidades como Digestivo, Pacientes Pluripatológicos, Cirugía Cardíaca y Neurotraumatología, entre otros.

En cuanto a las contrataciones, los recortes en personal denunciados por los sindicatos contrastan con el anuncio que hizo Salud en marzo de que Granada ganaría 2.203 profesionales. Esto, según los sindicatos cae por su propio peso ya que la Junta de Personal aclaró la pasada semana que tras varias reuniones con el gerente del Virgen de las Nieves, éste les explicó que su voluntad tenía una cortapisa: al capítulo de personal ya no le quedaba presupuesto este año. Entre batas blancas, presupuestos y planes de choque a esta situación parece que a su punto final de los finales sí le siguen dos puntos suspensivos.

En educación

En el terreno educativo las movilizaciones, protestas y reclamaciones han sido constantes desde el inicio de curso. Educación es, tradicionalmente, un foco de reivindicaciones en el que se dan la mano las peticiones de las familias, las inquietudes de los estudiantes y las exigencias de los sindicatos.Estas tres patas suelen encontrar motivo para salir a la calle en cuestiones recurrentes.

Uno de los motivos de protesta más esgrimidos en estas semanas es el de las ratios. La cuestión no es nueva, y reverdece cada inicio de curso, cuando se ve, negro sobre blanco, las necesidades educativas de la provincia. La cuestión de las ratios viene marcada por dos aspectos: la natalidad y los ajustes a los que obliga el Gobierno y que la Junta aplica. En Granada, como en el resto de la comunidad, se aplica la normativa que establece de máximo 25 niños por aula en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato. El tope es flexible por necesidades de escolarización. Bajo esteparaguas se puede incrementar el número de alumnos en las aulas hasta un 10%.

Los sindicatos plantean que este incremento se aplica de forma habitual, sin concurrir la excepcionalidad que, defienden, tiene este incremento. La cuestión es que mientras en Delegación se defiende que el 100% de los centros cumplen con la norma, para CCOO o Ustea son decenas los colegios e institutos que se saltan el tope máximo. Según Comisiones, más de 150 centros sufren esta masificación. Ustea llevó la cuestión a los tribunales mediante una denuncia.

A pie de aula, han sido las familias de los colegios rurales de la Alpujarra los que más se han movilizado. Desde los CPR Valle del Guadalfeo y Alpujarra estas familias han denunciado que la aplicación de la norma ha perjudicado a sus hijos. Se han unificado clases e incluso ciclos. La cuestión les llevó incluso a protestar mediante un paro educativo. Durante dos semanas no llevaron a sus hijos al colegio para demandar más docentes.

En el pleno del Consejo Escolar de Andalucía –órgano con sede en Granada– abordó hace unas semanas el Proyecto de Decreto por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas desde segundo ciclo de Infantil a Bachillerato. En ese pleno se aprobó solicitar a la Junta que la ratio máxima “sin excepción” se fije en 20 alumnos en Infantil y Primaria; en ESO, 25; y en Bachillerato, 30.Esto supone rebajar el número máximo de alumno por aula, precisamente cuando la Junta ‘apura’ al máximo la ratio permitida en los centros con más demanda –CCOO ha llevado a la Fiscalía una denuncia por “prevaricación” contra el delegado por “irregularidades” en la escolarización en Loja– y también en los colegios rurales.

Otro de los frentes abiertos está en el personal técnico de integración social, dedicado a la atención del alumnado con necesidades educativas (NEAE).Según explica una de las monitoras afectadas, Isabel Repullo, “se están eliminando puestos. Donde antes había dos monitores, ahora hay uno.Donde antes uno tenía 30 horas, ahora tiene 10 o 20”. Además de esta situación,Repullo explica que la creación de una bolsa única perjudica a unas trabajadoras –la mayoría son mujeres– que trabajan para empresas concesionarias de este servicio. Para Repullo “no es lógico” que, ante las mismas tareas, el personal de la Administración tenga unas condiciones y su salario sea muy superior a las trabajadoras de las subcontratas. “Queremos que haya una subrogación” de estas monitoras que trabajan para empresas a la Administración.“Y si abren bolsa, que se valore igual la experiencia” de las trabajadoras, ya sean de subcontratas o no. En total, son un centenar en Granada. Este colectivo también salió a la calle para protestar.

Casos como la subrogación de los conserjes en la capital o la suspensión de la licitación del contrato de monitores escolares evidencian la dificultad para encajar las piezas del complejo engranaje educativo.

Por otro lado, la Junta de Personal Docente No Universitario de Granada, presidida por el sindicato CSIF, instó a la Delegación de Educación “a dar las instrucciones oportunas para que, de forma inmediata, todas las plazas vacantes para el alumnado de conservatorio se oferten como plazas de primer curso para su mejor aprovechamiento, de forma que todo el alumnado que ha superado la prueba de acceso pueda continuar sus estudios en un conservatorio público”, señala CSIF hace unas semanas. Además, la Junta de Personal no docente requirió “que se dote a los conservatorios del profesorado necesario para garantizar el derecho a una educación integral y de calidad”. También hubo concentración a las puertas de la Delegación.

Estos frentes se sumarán, más que probablemente, a cuestiones que, de forma recurrente, se ponen sobre la mesa cada año. Por un lado están las infraestructuras educativas, con medio millar de estudiantes en aulas prefabricadas y las demandas tanto de nuevos centros –sobre todo en el Cinturón– como de arreglos. En primavera se tocará uno de los puntos sensibles, la escolarización. Mientras la Consejería aborda el desarrollo del nuevo decreto, desde Madrid la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá aseguró recientemente ante 2.000 representantes de colegios católicos que “de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza”. Este argumento –que con el tiempo se verá si se materializa en cambios normativos– choca con lo expresado por el propio consejero andaluz del ramo, Javier Imbroda, que mantiene como premisa a defender la “libertad de elección” de centro. El melón recién abierto por Celaá podría prolongar la situación de continuos encontronazos en el sector Educativo entre familias, Administración, sindicatos y colectivos profesionales.