"El esfuerzo no me ha servido de nada": La queja de una estudiante de la Universidad de Granada por sus prácticas

La realización de prácticas no remuneradas por parte del estudiantado universitario ha sido y será uno de los elementos más complejos de adaptar de la nueva Ley General de la Seguridad Social. Todo el estudiantado que realice prácticas formativas o académicas externas incluidas en sus programas de formación debe estar dado de alta en la Seguridad Social desde el pasado 1 de enero. Son más de 12.000 en el caso de la Universidad de Granada.

Esto ha obligado a instituciones como la Universidad de Granada a reelaborar convenios con empresas y administraciones en las que los estudiantes de la UGR realizaban las prácticas. Además, la UGR se comprometió a abonar el pago de la Seguridad Social desde la entrada en vigor de la disposición adicional de la nueva norma y en enero la Consejería de Universidades firmó con las universidades andaluzas un convenio por el que la Junta se hace cargo del pago de las cuotas en aquellas prácticas que se desarrollen en la Junta y en entidades adscritas, salvo en los convenios que suscriba la Consejería con competencia en materia de Justicia.

Pese al esfuerzo, quedan cabos sueltos. Es el caso de una estudiante de cuarto curso del grado de Psicología de la UGR Mari Nieves Rodríguez. Ella explica que la elección del centro para realizar las prácticas depende en su caso de la nota y que los lugares para realizar la formación en centros de trabajo se cerró en septiembre. Ella, con una calificación muy buena, se decantó por hacer sus prácticas en un centro de menores infractores. Iba a comenzar su formación a primeros de marzo y lo previsto era que estuviera en dicho centro dos meses.

Ilusionada con este nuevo paso en sus estudios Mari Nieves no contaba con la burocracia. Desde su Facultad se le comunicó que con la entrada en vigor de la nueva Ley General de la Seguridad Social era necesario un nuevo convenio. Y que éste depende de la Consejería de Justicia. A pesar de que la situación se conocía desde septiembre, en enero todavía no se ha firmado este convenio.

"No deberían haberlo ofertado", señala la estudiante sobre sus prácticas en un centro de menores, atascadas. "He perdido las opciones anteriores que tenía y ahora me tengo que conformar con lo que quede", señala sobre qué ocurrirá ahora. "No puedo esperar a octubre", señala Mari Nieves, que está en el último curso de su grado y que reflexiona sobre lo que, a nivel personal, le supone este revés. "Tenía mucha ilusión, quería ver si este campo, el trabajo con menores, es el que realmente me gusta" para dedicarse a él profesionalmente. "Ya tenía todo organizado", añade sobre sus prácticas, que consiguió gracias a sus buenas calificaciones. "El esfuerzo no me ha servido para nada", zanja.

Esta estudiante cree que su caso no es único, y que debe haber más jóvenes en su misma situación, a la espera de que se formalice un convenio que les permita realizar sus prácticas. Se ha dado de plazo hasta mediados de marzo. Si para entonces no hay cambios esta joven elegirá otro centro de trabajo para sus prácticas.

Fuentes de la Consejería de Universidades señalaron a este diario que "el convenio se firmó exclusivamente para la administración autonómica" y que las prácticas en el centro de menores dependen no de la Consejería de Justicia, sino del Ministerio. "Ninguno de los ministerios está asumiendo este coste, a pesar de ser ellos quienes han puesto la norma", señala la misma fuente, que añade que "Andalucía en materia de justicia solo pone infraestructuras y personal administrativo. Todo lo demás depende directamente del Ministerio".

El citado convenio establece los criterios por los que se incluyen a los estudiantes universitarios en prácticas en la Seguridad Social y no es aplicable a los convenios que por su parte suscriba la Consejería de Justicia con el Consejo General del Poder Judicial, Ministerio o Universidades. El convenio establece que el pago de la Seguridad Social dependerá del centro de formación universitario responsable de la oferta formativa. Este gasto se compensará a su vez a las Universidades.

La UGR cuenta con más de 12.500 estudiantes que realizan prácticas curriculares para completar su formación.