El racismo se mantiene a la cabeza de los delitos de odio en Granada
Supone la mitad del número total de infracciones por discriminación de la provincia
El 2015, con 20, fue el periodo en el que más delitos de este tipo se contabilizaron
Granada/El racismo o xenofobia se mantiene por cuarto año consecutivo como el delito de odio más cometido en Granada. Así lo demuestran los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, correspondientes al año 2017, en el que, además, se evidencia un nuevo repunte de esta variante respecto al periodo anterior.
La lucha contra la discriminación ha ido aumentando de forma exponencial durante los últimos años. Sin embargo, pese a la apuesta institucional por mejorar la educación en aras de lograr una mayor concienciación social que erradique este tipo de intolerancias, los delitos de odio han vuelto a repuntar a nivel nacional.
Durante el 2017, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tuvieron constancia de un total de 1.419 delitos de odio en España, de los que al igual que ocurrió en Granada, la mayoría fueron por motivos racistas. En total fueron 524 hechos de este tipo, lo que supone un 25% más que los que se registraron el año anterior (416). De ellos, seis tuvieron lugar en Granada, siendo ésta la segunda cifra más alta –2015 se sitúa en primera posición con siete– de los últimos cuatro años.
En 2014, la provincia registró una decena de delitos de odio, de los que cuatro fueron por motivos xenófobos, otros cuatro por discapacidad, uno por atentar contra la orientación o identidad sexual y otro antisemita. Sin embargo, esta cifra se vio multiplicada un año después: Granada cerró 2015 con 20 delitos de odio, lo que la situó como la décimo novena de España con más infracciones por odio. De la veintena, siete fueron por racismo –fue la tercera cifra más alta de Andalucía–, seis por ideología, otros seis por discapacidad y uno por creencias o prácticas religiosas.
Tras este repunte, en 2016 los delitos de odio bajaron (hubo cinco menos que el año anterior). Pero, pese a ello, Granada se situó por encima de la media nacional. Del total de 15 delitos, cuatro fueron por racismo o xenofobia, número que se repitió también en cuanto a los delitos de odio contra discapacitados, así como por ideología; dos fueron contra la orientación o identidad sexual y uno por creencias o prácticas religiosas.
Mientras que en 2017, donde se contabilizaron un total de trece –dos menos que el periodo anterior–, el racismo registró su segundo pico más alto con seis. Asimismo, se registraron dos delitos de odio por ideología, otros dos por creencias o prácticas religiosas, uno por diversidad funcional y otro fue contra la orientación o identidad sexual.
A tenor de estas cifras, en comparación con el resto de provincias, Granada se situó como la cuarta andaluza con más hechos de este tipo, por detrás de Sevilla (33), Málaga (29) y Cádiz (22), en las que también destacaron las agresiones xenófobas.
Pero, ¿qué son los delitos deodio? Según se recoge en el Código Penal y tal y como fueron definidos por la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE), son “cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las propiedades, donde la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija por su real o percibida conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo que pueda estar basado en la raza, origen nacional o étnico, el idioma, el color, la religión, la edad la minusvalía física o mental, la orientación sexual y otro factor similar, ya sean reales o supuestos”.
Precisamente, el repunte general que se ha registrado en cuanto a los delitos de odio ha propiciado que desde el Ministerio del Interior se ponga en plan un Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio orientado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En concreto, el objetivo de este plan que una vez aprobado por la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad tiene vigencia hasta 2020, es “prevenir e impedir los incidentes y los delitos de odio, y mitigar o reducir el daño causado a las víctimas, mejorando la respuesta dada por los Cuerpos de Seguridad del Estado e incrementando la confianza en éstos por los colectivos vulnerables”, según se recoge en el mismo.
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