"La razón de ser de las unidades educativas es la demanda social"

Granada/-En Libertad es una iniciativa nacional para que los centros educativos concertados den a conocer sus argumentos. Aquí en Granada desde la pública se afirma que el cierre de unidades les afecta fundamentalmente a ellos. Se ven agraviados. Evidentemente ustedes lo ven de otra manera.

-La razón de ser de las unidades está en la demanda. La sociedad demanda un tipo de educación distinta que la pública. El centro de unidades en centros con demanda social decae, no puede justificarse. Eliminar la demanda social supone que la Administración va determinar las plazas y las unidades de forma unilateral y arbitrariamente.

-¿Arbitrariamente?

-Creo que cuando se han reducido unidades con demanda social en beneficio de la ampliación de otras unidades sin demanda social se trata de arbitrariedad por parte de la Administración.

-Siempre se alega la bajada de la natalidad para eliminar unidades. Ustedes tienen otras propuestas como la bajada de ratio.

-Viendo el sistema educativo andaluz estamos en el vagón de cola. Una reducción de ratio podría suponer una mejora de la calidad educativa. Podemos comprender que una bajada de natalidad pueda afectar a los centros, planteando que si ese centro tiene demanda social pueda recuperar esas unidades. Pero no estamos de acuerdo con el cierre de unidades con demanda social.

-Se avecina otro periodo de sucesión de convocatorias electorales. ¿Les preocupa?

-Hay unas declaraciones de la ministra (Isabel Celaá) que son incendiarias. Además estamos en un ámbito en el que las competencias se han traspasado a las comunidades. Nos preocupa particularmente la configuración de los gobiernos. En aquellos sitios donde hay bipartidos con participación de Podemos o de grupos de izquierda hay limitaciones en la libertad de enseñanza. Están en una situación de procedimientos judiciales como hace unos años hemos estado nosotros.

-Otro de los elementos es la reclamación económica.

-Hay una diferenciación en la financiación cuando la prestación del servicio es la misma. El puesto público cuesta 6.000 euros, de media estatal, y el concertado, 3.000. Para los padres que eligen un concertado se produce una clara discriminación. Y eso no es admisible. Las partidas que se destinan a los concertados son deficitarias. Se pide que realmente la Administración asuma el coste real del puesto escolar, como lo hace en un centro público.

-En cuanto a la regulación desde la Administración, ustedes no están de acuerdo tampoco con que se les impongan las mismas instrucciones que a los públicos...

-En general, el planteamiento es que el concertado son privados concertados, y su régimen jurídico es distinto. Ofrece algo distinto, un ideario, un proyecto educativo singular. Ese elemento de diferenciación justifica la presencia de los concertados. En el tema de las instrucciones desde un punto de vista jurídico, se basan en un sistema jerárquico. La Administración es la dueña de los centros públicos, pero no de los concertados, que tienen sus titulares y su regulación tiene que ser por reglamentos y por órdenes, no por instrucciones. Existe el riesgo de publificación del concertado, genera limitaciones a su autonomía, a su ideario, y puede acabar con que el centro concertado es igual al centro público.