El reglamento del PSOE obliga al alcalde a echarse a un lado si se abre juicio oral

Granada/A día de hoy, sólo PP y PSOE han confirmado a sus candidatos al Ayuntamiento de Granada de cara a las municipales de mayo de 2019. El alcalde socialista Francisco Cuenca no tuvo necesidad de pasar por un proceso de primarias ya que, con el nuevo reglamento del partido aprobado el pasado mes de febrero por el Federal, en poblaciones de más de 50.000 con un alcalde socialista este encabezará la lista, siempre y cuando el 50% de la militancia no pida de forma expresa la celebración de primarias. Esta novedad hizo que Cuenca fuese elegido candidato hace apenas un mes aunque, en el mismo reglamento, también está el punto que podría cortar su carrera a la plaza del Carmen. En el artículo 427 se especifica que la apertura de juicio oral en caso de un delito de corrupción conlleva la dimisión del cargo público, lo que pone una interrogante con la investigación abierta en un Juzgado de Sevilla contra Cuenca, por la supuesta adjudicación ilegal de contratos adjudicación ilegalcuando era delegado de la Consejería de Economía. Esta investigación ha puesto de relieve una lista de presuntas irregularidades entre las que destaca el pago de los servicios antes incluso de haber terminado los trabajos encomendados.

En el Código Ético del PSOE también se especifica que "cualquier cargo público del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria". Es un procedimiento parecido al que estipula el PP en su reglamento y al que en un primer momento se aferró el presidente del PP-A, Juanma Moreno, para anunciar que si se abría juicio oral contra los seis concejales del Ayuntamiento imputados en el caso Serrallo se les expulsaría del partido, aunque cuando finalmente llegó este escenario reculó argumentando que el propio Ayuntamiento y la Fiscalía habían retirado sus acusaciones.

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, que en octubre de 2016 compareció en el pleno para dar explicaciones por su investigación en el caso de las empresas contratadas para el control de cursos de formación, ya denunció entonces que estaba siendo víctima de una "persecución" política desde que se convirtió en candidato socialista para gobernar la ciudad. Él mismo hizo alusión a otras tres investigaciones que se abrieron contra él o sus familiares en años anteriores y las vinculó directamente a sus aspiraciones políticas.

Cuenca dijo haber sido "objeto de una persecución semanas antes de las elecciones de 2011 (en las que fue candidato a la alcaldía por primera vez)", en referencia al proceso judicial abierto para aclarar la posible compra de voluntades de dos tránsfugas del PSOE en el municipio de Morelábor. Él era entonces secretario de Política Municipal de los socialistas granadinos.

También fue investigado en 2015 a instancia del exalcalde José Torres Hurtado, que lo acusó de poner una "denuncia falsa" contra él en el caso archivado del Palacio de Hielo, un asunto que ahora forma parte de la causa Nazarí. Y también mencionó Cuenca el caso judicial, también archivado, que afectó a su esposa. "Me preocupa que los procesos caen cuando caen y llegan cuando llegan", en alusión a los procesos electorales.

En aquella comparecencia ante el pleno, a petición de IU, para aclarar su reciente imputación en la causa que aún se investiga en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, el regidor (que entonces acababa de acceder al cargo gracias a la dimisión de Torres Hurtado y al apoyo de toda la oposición para alejar el fantasma de la corrupción), minimizó el asunto judicial relacionado con su anterior cargo en la Junta de Andalucía y lo atribuyó a esa supuesta "persecución" política. Aquel día sólo hizo referencia a uno de los tres delitos investigados, el de usurpación de funciones públicas, y explicó que todo se debía a "una cuestión de procedimiento", por haber encargado a una empresa privada una tarea que debería corresponder a funcionarios públicos.

Pero Cuenca también está siendo investigado por otros dos posibles delitos, prevaricación y malversación de caudales públicos, dado que el juez y los investigadores de la Guardia Civil sostienen que Cuenca practicó una contratación "ilegal" de las empresas, mediante un procedimiento encaminado a adjudicar los servicios a personas determinadas. Y además esa sociedad habría cobrado el trabajo antes de concluir las tareas encomendadas.

Esta otra vertiente sobre el supuesto proceso irregular de contratación, que habría practicado el entonces delegado en Granada y otros responsables de la Junta en diferentes provincias andaluzas, no salió a la luz en aquella comparencia de Cuenca, durante la que se empeñó reiteradamente en dejar claro que no había "ni una sola razón para pensar en un caso de corrupción. Aquí nadie ha metido la mano; no es eso lo que se está investigando, porque es una cuestión de procedimiento".

Durante aquella comparecencia en el Ayuntamiento, pocos días antes de su declaración en el Juzgado por los delitos antes mencionados (12 de diciembre de 2016), Cuenca aludió a una "instrucción" de la Dirección General de Economía Social, departamento que habría indicado a los delegados (según el actual alcalde) "cómo hacer el seguimiento y control de los cursos de formación a través de consultoras especializadas a través de contratos menores". También destacaba que los procesos contaban con los informes fiscalizadores oportunos, como el de Intervención. Lo que el juez pone de manifiesto en su último auto es precisamente que esos contratos menores habrían resultado fraudulentos porque se habrían usado para evitar un concurso al que pudieran acudir otras empresas con transparencia. Además, la Guardia Civil también menciona en sus informes que hay una advertencia de la Intervención sobre estas posibles prácticas irregulares en los contratos para el control de los cursos de formación