La regularización de las empleadas de hogar provoca cientos de consultas

El pasado 1 de enero entró en vigor una nueva normativa con el propósito de regularizar y dignificar el trabajo de un colectivo especialmente sumergido y, por tanto, vulnerable, el de las empleadas de hogar. Esto supone la obligatoriedad del empleador de dar de alta a la trabajadora desde la primera hora y por anticipado. El desconocimiento de las familias y de las mismas empleadas de esta forma de proceder está llenando las sedes de las ONG de consultas en estos primeros días del año. Lo importante, subrayan desde las entidades, es sensibilizar a los empleadores para reducir la precariedad.

"El teléfono no para de sonar en estos días, la gente está muy perdida, no sabe cómo hacerlo", comenta Marisa Vega, trabajadora social de Granada Acoge. Antes el alta también era obligatoria pero el empleo doméstico es de lo más sumergido. Y a día de hoy, con una ley tan reciente, "no ha cambiado tanto la cosa". Lo que sí está variando es la mentalidad, porque siempre ha sido un delito contra el derecho de los trabajadores emplear a alguien sin contrato, pero ahora los empleadores le están viendo las orejas al lobo porque están insistiendo mucho en que es obligatorio dar de alta desde la primera hora y previa a la relación laboral. Aún así, están remoloneando. "Todavía están dejando que pase el tiempo. Ya han dado de alta a algunas trabajadoras, pero la mayoría se han incorporado ahora", cuenta la trabajadora.

Con anterioridad a esta normativa, si la trabajadora tenía varios empleadores, es decir, si limpiaba por horas en distintas casas, el alta de la seguridad social le correspondía a ella. Sin embargo, en la actualidad han de asumirla los que la contratan. Con esta medida se pretende que coticen, no para desempleo, sino para contingencia común o laboral, es decir, si se ponen enfermas o tienen algún accidente en el trabajo. Pero claro, como el contrato es múltiple hay mucho jaleo, y ha aumentado mucho la demanda de información. "La gente se muestra con ganas de hacer cumplir el derecho o de ejercerlo en un mercado de muy poco reconocimiento pero no sabe cómo debe hacerse y qué tienen que pagar en sus casos particulares. "El tema es complicado porque hay mucha casuística", comenta Vega, quien explica que paralelamente hace tiempo que se está desarrollando una campaña de sensibilización entre las empleadas del hogar "para que tomen conciencia del valor de su trabajo, que es muy importante en la sociedad. Es fundamental que sepan que no se pueden perjudicar unas a otras bajando las tarifas".

Sin embargo, la trabajadora social se muestra recelosa con esta ley porque, si bien han mejorado las condiciones, la cotización de estas empleadas aún no les da derecho a percibir prestación por desempleo y eso hay que igualarlo.

Pero ese no es el único aspecto negativo de la ley, porque si no se persigue la infracción todo quedará en un papel y nada más. Además de perseguir al infractor, a algunas mujeres no les beneficia darse de alta porque los empleadores le descuentan de su sueldo lo que tienen que pagar.

La situación invisible en la que aún se hallan muchas de las empleadas del hogar en Granada se ha cebado especialmente con el colectivo inmigrante. En un principio trabajaban con personas sin permiso de residencia, ni de trabajo, no importaba, pero ahora desde las ONG relacionadas con la inmigración, como Granada Acoge, se trabaja para revalorizar los derechos y deberes de empleadas porque la falta de oportunidades, la necesidad de buscar dinero de forma rápida y la falta de regulación del sector ha hecho, según los colectivos sociales, que muchas mujeres acepten ofertas más que precarias. Por ejemplo, hay casos de gente interna o condiciones de "semiesclavitud", según fuentes de la ONG, porque "les han llegado a pagar 300 euros a internas y otros abusos importantísimos como no pagar lo acordado, no dar el descanso semanal o que tuvieran que compartir habitación con la persona que se cuida, de manera que no se descansa nunca". Y la situación se agrava aún más si hablamos de mujeres en riesgo de exclusión social.

Por lo pronto, la tabla de salarios mínimos con la que han estado trabajando las ONG granadinas hasta la fecha es la siguiente: 1 hora suelta entre 10 y 11 euros; 20 horas, que es media jornada laboral, 372 euros; 40 horas, o jornada laboral completa, 642 horas. Y el trabajo como interna oscila entre los 820 euros mensuales y los 850 para las empleadas a cargo de personas dependientes. "Ahora los sueldos han bajado mucho. Hace cinco años una trabajadora interna cobraba 1.200 euros mensuales", cuenta la trabajadora social".