La renuncia de Francis Rodríguez como alcalde de Alhendín retrasa un posible acuerdo en el caso Marchelo

Granada/La segunda de las tres sesiones fijadas por la Audiencia Provincial para cerrar acuerdos de conformidad en el caso Marchelo, de presunta corrupción urbanística en Alhendín, tendrá que esperar. La situación actual del Ayuntamiento, que es una de las partes en la causa como perjudicado, tras la dimisión de Francis Rodríguez como alcalde, ha propiciado que la sesión se aplace de forma indefinida, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso.

El propio Rodríguez anunció el martes su renuncia al cargo de alcalde, que ocupaba desde hace 14 años, y cedió el testigo al que hasta ahora era primer teniente de alcalde, Jorge Sánchez, que ejerce como regidor en funciones hasta que el próximo viernes se celebre un Pleno de investidura.

La sesión de hoy se iba a centrar en la urbanización Novosur, para los que la Fiscalía, según consta en el escrito de acusación consultado por este periódico, considera que los hechos son constitutivos de un delito de cohecho cometido por un funcionario público, un delito de cohecho cometido por un particular y un delito continuado de fraude en la contratación, en concurso con la prevaricación urbanística o malversación de caudales públicos.

En esta pieza se encontraban acusados Manuel Fernández, exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento y para quien la Fiscalía pide más de nueve años de prisión; Salvador Nogueras, exedil de Obras Públicas; y María José Garrido, responsable de Cultura y Medio Ambiente en la época a la que se remontan los hechos. Para estos dos últimos, el ministerio público solicita seis años y quince días de prisión para cada uno.

También aparece en el escrito de Fiscalía el nombre de José Guerrero, el que fuera alcalde del municipio, que se vio obligado a dimitir en 2007, y desde entonces lleva a la espera de una solución judicial. Sin embargo, dada su avanzada edad (94 años), la Audiencia decidió archivar su causa poco antes de que comenzasen las sesiones de conformidad.

Otro de los acusados es Fernando Rafael Rodríguez Acosta, empresario, para el que la Fiscalía pide tres años y nueve meses por el delito de cohecho y seis años y seis meses por el delito de fraude en la contratación, en concurso con la prevaricación urbanística o malversación de caudales públicos. En tota, más de diez años de cárcel.

En principio, las sesiones fijadas estos días en la Audiencia Provincial buscaban alcanzar acuerdos entre las partes, que entre otras cosas permitan reducir esas penas de cárcel y que el caso, uno de los más dilatados de la justicia española, empiece a llegar a su final.

Tercera y 'penúltima' sesión

A falta de saber qué día se agendará la sesión de hoy aún falta por desarrollarse la que en teoría, debería ser la última de los acuerdos de conformidad, está vez sobre las presuntas irregularidades en la construcción de la gasolinera de la Avenida de Andalucía del municipio, aunque fuentes del caso explicaban ayer a este periódico que se antoja difícil alcanzar un acuerdo, por lo que en este caso no se descarta que se vaya a juicio.

En esta pieza, la Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de tráfico de influencias, delito continuado de prevaricación urbanístico y otro de prevaricación administrativa.

Aquí, de nuevo, vuelven a aparecer como acusados Manuel Moreno, Salvador Nogueras o María José Garrido, pero también Rafael Tallón, empresario, y José Manuel Zambrano, exarquitecto municipal.

Ayer, por su parte, la sesión se centró en la pieza sobre las presuntas irregularidades cometidas en torno al polígono Industrial Marchalhendín, de nuevo con varios cargos municipales de la época entre los acusados, además de empresarios, algunos de los cuales negociaron rebajas de las penas solicitadas por la Fiscalía para esta pieza.