La seguridad escolar, en entredicho

El robo en el colegio José Hurtado de Granada ha abierto un nuevo debate sobre la seguridad en los centros públicos educativos. Que todo el sistema de vigilancia de la escuela del Realejo se limitara a una alarma que, por descuido, no fue activada, plantea dudas sobre el sistema de protección de unos edificios donde ya no se almacenan unos simples paquetes de folios o tizas.

La enorme inversión que está realizando el Gobierno andaluz para equipar sus centros con la última tecnología de la información y de la comunicación (TIC), para disponer además de los mejores equipos psicopedagógicos y de los medios necesarios para actualizar su formación, han convertido estos centros en verdaderas joyas de la corona que ya requieren de un buen sistema de seguridad.

Para hacer una pequeña radiografía sobre el tema, primero hay que ver lo que dicta la normativa andaluza, aunque el camino es escueto. La Ley de Educación de Andalucía (LEA), en su capítulo 1 sobre Cooperación entre la Administración educativa y las corporaciones locales, recoge específicamente en el artículo 171 que "la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación Infantil, Primaria o de Educación Especial dependientes de la Administración educativa corresponderán al municipio respectivo". Lo que significa, en la práctica, que la seguridad de los colegios está en manos de los ayuntamientos y la de los institutos en la de la Junta.

Tras varias consultas, lo único que queda claro es que los colegios de la capital están protegidos por un sistema de alarma y, en algunos casos, por un conserje; y los institutos dependen de la buena voluntad de cada equipo directivo, pues "cada uno decide cómo emplear el dinero para su funcionamiento".

En Granada capital, se sigue con el mismo procedimiento desde hace años. Según el concejal de Mantenimiento, Vicente Aguilera, el Consistorio se hace cargo de mantener el sistema de seguridad que deja instalado la Junta cuando inaugura un colegio. "Durante el primer año es la empresa responsable de la instalación de la alarma la que asume su mantenimiento y, después, lo retomamos nosotros sin cuestionar si es idóneo o no", explica Aguilera.

De los 37 colegios públicos que hay en Granada, sólo 10 disponen de un sistema de alarma con conexión a una central, lo que permite avisar automáticamente a la Policía en caso de algún incidente o robo. El resto también tiene instalado una alarma, pero se queda a merced de que un vecino o agente local que esté cerca dé el aviso a la Policía cuando salte.

Un total de 21 colegios disponen además de personal de portería, que garantizan el mantenimiento y limpieza de las instalaciones y realizan también labores de vigilancia. El colegio José Hurtado no dispone ni de portería ni de sistema de alarma conectado a una central.

El concejal de Seguridad y Participación Ciudadana, Eduardo del Moral, asegura que los colegios están incluidos también en un plan de seguridad vinculado al tráfico y al control del menudeo de drogas. "En las horas puntas del día, como puede ser a primera hora y al final de la mañana, la Policía local refuerza los accesos de las escuelas públicas y privadas donde hay más densidad de tráfico", comenta a este diario.

Y en algunos centros de la capital, la mayoría ubicados en barrios marginales, se refuerza con policías de paisano y perros el control de estupefacientes. "Pero no tenemos ningún dispositivo especial vinculado a la protección de estos edificios", reconoce Del Moral.

Respecto a los centros de Secundaria, la Delegación Provincial de Educación es firme: "todos los centros cuentan con sistemas de seguridad". Pero no dispone de una información detallada sobre los mismos.

La Junta remite a la normativa andaluza, en la que "se establece que los IES dispongan de una partida para su funcionamiento sensiblemente superior a la de los colegios, con un presupuesto específico para mantenimiento, conservación y seguridad de los centros". Su autonomía les permite establecer las medidas de seguridad que consideren más adecuadas, pero no con una supervisión periódica y unificada.

Educación asegura que ha reforzado las medidas de seguridad en los centros TIC y bilingües y que "prevé la contratación de vigilancia para el período de desarrollo de las de actividades extraescolares".

El saqueo sufrido por el colegio José Hurtado no es el primero que se registra en la provincia. Hace apenas un año un ladrón robó hasta cinco veces durante las vacaciones de verano en el colegio Rafael Pérez del Álamo de Loja. El delincuente se hizo con las llaves del centro y, aprovechando la ausencia de la comunidad educativa, volvió en varias ocasiones para llevarse material por valor de 3.000 euros. También en esta ocasión el ladrón dejó pelado al colegio de todo el equipo informático.

En Sevilla tuvieron que tomar medidas más contundentes. Para acabar con los robos y otros actos vandálicos que habían registrado en diversos edificios educativos de la ciudad, el Ayuntamiento ha adjudicado a dos empresas de seguridad privada la realización de rondas preventivas de inspección y vigilancia en 118 colegios durante las noches. Con una inversión de un millón de euros, el servicio de vigilancia nocturna garantiza hasta agosto de 2011 la seguridad de los colegios entre las 20:30 y las 8:00.

La impunidad con la que se accede a los centros educativos trae de cabeza a muchas familias y docentes. En otras comunidades, como Cataluña o Canarias, los propios centros escolares han demandado la activación de cámaras de vigilancia de seguridad. Los Gobiernos autonómicos trabajan en normativas que permitan el uso de servicios de videovigilancia. "Estamos desesperados por introducir elementos que intimiden y disuadan a los autores de los robos que, cada vez con mayor frecuencia, se cometen en el interior de las instalaciones educativas", dice un directivo canario.