Controversia por los efectivos policiales en materia de violencia de género
El servicio de violencia de género en "peligro": un sólo policía por cada 115 víctimas
El SUP tilda de “grave” el déficit policial en áreas como la UFAM
La subdelegada del Gobierno pide “prudencia” para cotejarlo, pero afirma estar “segurísima de que no es así”
Granada/Hace unos días, los sindicatos policiales denunciaban el déficit de efectivos de Motril, una situación “alarmante” que a finales de este enero se tornará en “peligrosa” tras la retirada de la veintena de agentes que, desde verano, estaban en la costa granadina en comisión de servicio. Sin embargo, la falta de agentes es una problemática extendida al resto de la provincia hasta el punto que “hace peligrar” el servicio de atención a las víctimas de violencia de género, tal y como denunció ayer el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Una afirmación controvertida, pues según indicó la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, hay que “cotejarla”, por lo que pidió “prudencia” y añadió que estaba “segurísima de que eso no es así”.
“El déficit de personal y las consecuencias derivadas de él no sólo afectan a los servicios de prevención de la delincuencia y atención al ciudadano”, expuso ayer el SUP, sino que también a “algunos tan importantes como la atención e investigación de delitos relacionados con el maltrato y la violencia de género ven mermados día a día sus recursos de forma alarmante”.
Según explicó el SUP, los efectivos destinados en la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de Policía Nacional –grupo especializado en materia de violencia de género– “han disminuido en los últimos años, mientras que el número de mujeres a proteger no ha hecho más que aumentar”.
A tenor de los últimos datos publicados por la Delegación del Gobierno para la violencia de género, que corresponden a 30 de noviembre del pasado 2018, en la provincia existen 1.486 casos activos de violencia de género, de los que uno es de riesgo extremo, ocho de riesgo alto, 297 medio y 665 bajo. De ellos, 18 son menores de edad –una de las víctimas de riesgo alto y tres de medio–, mientras que hay un total de 971 con protección policial. De todos ellos, la UFAM asume “aquellos que entrañar mayor dificultad”, ya que los que cuentan con una valoración de riesgo baja son traspasados a la Policía Local.
En este sentido, tal y como ha podido saber Granada Hoy, la media en Granada es de un sólo policía por cada 115 víctimas de violencia de género que, por su nivel de riesgo, tienen asignado el seguimiento policial. Una ratio que en Motril, pese a ser algo más baja –54 víctimas por agente–, también es demasiado elevada y que se agudiza cuando alguno de estos agentes se encuentra fuera de servicio: las víctimas que tiene asignadas pasan a su compañero, por lo que se duplica un trabajo que ya ejerce de forma multiplicada.
En concreto, el SUP denuncia que, en el caso de Motril, la “sobrecarga de trabajo y de casos que gestionar tanto en la vertiente de investigación con la de protección, origina habitualmente que sean los policías de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) quienes tengan que paliar en la medida de lo posible este déficit de personal”. Esta situación hace que exista una “carga extra de trabajo, a la vez que demoras y largas colas padecidas en primera persona por los vecinos de Motril cuando van a presentar cualquier tipo de denuncia”.
Ante ello, desde el sindicato instaron a los responsables políticos a que “de forma urgente” se active una de las cláusulas del acuerdo firmado el pasado año por la Secretaría de Estado de Seguridad, en la que se estableció “destinar una partida presupuestaria para incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino servicio activo” para que puedan destinarse a este fin. De igual modo, “mientras esta medida sea puesta en marcha”, desde el SUP solicitan “el abono de las horas extraordinarias trabajadas con el fin de atenuar los efectos de esta falta de personal en todos los servicios policiales”.
Sin embargo, tras hacerse pública esta denuncia por parte del sindicato, la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, pidió “prudencia” y afirmó que consultaría la situación a tenor de estos “anuncios que son perjudiciales, porque estoy segurísima de que eso no es así”.
López Calahorro afirmó que “deberían tener mucho cuidado con las denuncias sin que las podamos cotejar, porque es el sindicato” y aseguró que se trata de una “valoración” y que “siempre que hay alguna, me pongo inmediatamente en contacto con el comisario provincial”.
“El trabajo que hace la Policía en todos los sectores es muy profesional y tiene muy buenos resultados”, indicó la subdelegada, que insistió en mantener “prudencia de saber por qué lo dicen”, ya que estas afirmaciones “crean una mala imagen de algo que no va por ahí”.
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