Los sindicatos reclaman que se retomen las negociaciones para el personal docente investigador y de servicios de la Universidad de Granada tras cinco años de atrasos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, se ha concentrado esta mañana junto a CCOO y UGT en el Rectorado de la Universidad de Granada para denunciar la situación actual de sus negociaciones con la Junta de Andalucía y los responsables de las Universidades Públicas. El vicepresidente del Sector de Educación de CSIF Andalucía, Rafael Delgado Calvo-Flores, y el responsable de Universidad de CSIF Granada, Augusto Leal, han explicado que estas negociaciones atañen al personal docente investigador (PDI), un colectivo formado por 5.400 efectivos en la Universidad de Granada, y el personal de Administración y Servicios (PAS), formado por más de 2.600 trabajadores del campus granadino.

Ambos han explicado que desde el pasado 16 de enero, en que se constituyó la Mesa General de Negociación de Universidad de Andalucía, con los rectores, las organizaciones sindicales y la nueva Consejería de Universidades de la Junta de Andalucía, albergamos la esperanza de participar en una “voluntad renovada” para retomar los temas que quedaron pendientes de cumplir en 2018 y desarrollar una nueva política de avance y desarrollo de las universidades, uno de los motores del desarrollo cultural y económico de Andalucía y que se enfrentan en la actualidad a enormes retos que frenan su crecimiento.

En concreto, las reclamaciones se centrarían, en el caso del Personal de Administración y Servicios de la UGR, en el abono de los atrasos del quinto tramo del complemento de calidad (que supone una media de 2.000 euros por persona en estos cinco años de atraso), la implantación de la carrera horizontal y la armonización de condiciones de trabajo en las diferentes universidades públicas.

Por su parte, en el caso del Personal Docente e Investigador las negociaciones se centran en la convocatoria de complementos salariales autonómicos, que ascienden a una horquilla de los 1.700 a los 8.700 euros por trabajador) permitiendo la participación de todo el PDI y de todo el personal investigador y la adaptación a la nueva normativa.

Sin embargo, durante las diversas reuniones realizadas desde enero de 2023 “no ha quedado claro que la Junta de Andalucía esté dispuesta a agilizar las negociaciones sino más bien a dilatarlas, del mismo modo que caben dudas sobre su voluntad de aumentar la financiación del capítulo I o la cota de personal”, afirman los sindicatos convocantes. Además, reclaman, “es necesario que la cuantía económica de los acuerdos andaluces se recoja en el nuevo Modelo de Financiación, el cual debe reflejar una financiación directa de la Junta de Andalucía a su Sistema Universitario Público del 1% del PIB de nuestra comunidad autónoma”.

Los sindicatos han leído un manifiesto en el que han denunciado que la situación actual de las negociaciones supone cinco años de incumplimiento de lo acordado en 2018, lo que implica cinco años acumulados de atrasos para ambos colectivos. Además, “llevamos cinco años sin ningún acuerdo en el Sistema Universitario Público Andaluz ya que las Mesas no se han reunido hasta enero de 2023, y cinco meses, desde enero de 2023, con la negociación abierta sin ningún resultado”, critican.

"No hay inconveniente” en que las universidades abonen ya el quinto tramo

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha asegurado que se encuentra a la espera de la respuesta de los sindicatos a las propuestas planteadas en la Mesa Sectorial del Personal Docente e Investigador (PDI) sobre la nueva convocatoria de los complementos autonómicos del profesorado universitario. El secretario general de Universidades, Ramón Herrera, ha reiterado el compromiso de la Junta de Andalucía de convocar este año, por primera vez, con carácter anual la evaluación de este complemento retributivo ligado a los méritos docentes, investigadores y de gestión de este colectivo. Del mismo modo, ha asegurado que la Administración autonómica “no tiene ningún inconveniente” en que las universidades realicen ya el pago del 50% que resta del quinto tramo a su Personal de Administración y Servicios (PAS), aunque ha recordado que “ese abono está condicionado al acuerdo que deben llegar previamente universidades y representantes sindicales sobre el desempeño profesional”.

En relación con el complemento autonómico, Herrera ha asegurado que la Junta, hace varias semanas, ya planteó a la Mesa Sectorial de PDI dos propuestas para volver a activar la evaluación de esta remuneración, pero, según ha aclarado, “todavía no se ha recibido ninguna respuesta al respecto”. La Consejería de Universidad presentó a representantes de universidades y sindicatos dos alternativas: realizar una convocatoria idéntica a la que se llevó a cabo en 2018 o bien diseñar otro modelo de retribución con modificaciones y más simplificado que, entre otras cuestiones, posibilitaría beneficiarse de este complemento a nuevas figuras de profesorado que no se contemplaron anteriormente. “Los sindicatos deben decidir, primero, con qué opción se quedan para que la Junta pueda poner en marcha la tramitación asociada a ese proceso”, ha afirmado.