Los sindicatos piden reducir la temporalidad en la Universidad

Granada/La previsión de que el personal de las universidades públicas españolas -entre ellas la Universidad de Granada- entre en el plan de estabilización, que prevé reducir la tasa de interinos del 20% al 8% en los próximos tres años, ha abierto la puerta a las reivindicaciones sindicales.

"La temporalidad en la Universidad es enorme", señala desde UGT Antonio Oña, que incide en que, además de los profesores contratados bajo la figura de doctor interino (47 en la UGR) y los profesores sustitutos interinos (otros 138) los contratos temporales se encuentran en otras categorías, como la de profesor ayudante doctor (120 docentes), que únicamente optan a contratos de cuatro o cinco años. Esto, según UGT, eleva la tasa de temporalidad en la UGR muy por encima del 4% que, indica Oña, reconoce el Ministerio de Educación. De los 3.559 profesores e investigadores de la UGR -dato de la última memoria anual de la Universidad de Granada-, 2.044 son funcionarios (57,4%), mientras que el resto, 1.515 (42,5%) son contratados bajo las fórmulas de ayudante doctor, asociado, asociado laboral, colaborador, contratado doctor, interinos, visitante laboral o emérito. La gran mayoría de estas figuras implican una relación temporal con la Universidad, según UGT.

Por su parte, CCOO indicó que en el PAS la tasa de contratos de sustituciones e interinidades ronda el 20%. De los 973 funcionarios que integran el PAS, casi 200 son interinos (20,5%), mientras que entre el personal laboral se llegaría a los 300 sustitutos en un colectivo formado por 1.139 trabajadores (26%).

Tanto CCOO como UGT señalan que la inclusión del personal docente e investigador (PDI) y de administración y servicios (PAS) en dicho plan fue una reclamación propia al equipo de gobierno de la UGR, que, a su vez, la trasladó a la Conferencia de Rectores (CRUE) y al Ejecutivo central que, según indicó la rectora, Pilar Aranda, en el último Claustro, sí estaba dispuesto a admitir a la Universidad en los planes para reducir la interinidad en el sector público.