La situación de la Dependencia en Granada, "gravísima e indigna" para los trabajadores sociales

Granada/Casi dos años tardaron a la madre de María Campos en reconocerle la dependencia. Por suerte, era maestra y poseía un colchón económico para compensar esa tardanza, a la que también contribuyeron sus siete hijos, que la ingresaron en una residencia para que estuviese cuidada. Esa situación, pese a todo, era un privilegio que está al alcance de muy pocas familias, reconoce la que ahora es presidenta del Consejo Andaluz de Trabajo Social, cargo que compagina con el de decana del Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada.

Conocedora de la problemática desde ambos lados, Campos se muestra muy crítica con el sistema de Dependencia en la provincia, que la resume en dos palabras: "gravísima e indigna". Para la presidenta del Consejo, la situación actual hace que todo "vuelva a recaer en los cuidados informales de la familia", unos cuidados que, tradicionalmente "suelen estar feminizados", puntualiza la decana, en referencia a cómo las han sido las mujeres, madres o esposas, quienes han asumido los cuidados de las personas dependientes, lo que genera "una desigualdad de género", destacando que "cerca del 97% de las cuidadoras son mujeres".

Junto a esta, Campos asegura que existe una "desigualdad económica" en la forma de gestionar la Dependencia en Andalucía, y vuelve a poner de ejemplo su caso. Pues la ayuda económica que recibió finalmente fue una ayuda económica vinculada al servicio que tuvo su madre después de recurrir a una residencia. "Cuando llevas ya tanto tiempo esperando la ayuda de la dependencia, lo que haces es recurrir como nosotros a un servicio privado", relata la presidenta del Consejo Andaluz, quien asegura que la ayuda que finalmente llegó fue un porcentaje de ese dinero, unas migajas de pan que no solucionan el problema.

Llegado a este punto, la decana del Colegio Oficial de Trabajo Social, barre para casa y defiende la necesidad de invertir en trabajadores sociales, frente al "sistema robotizado" que se propone desde el Gobierno de la Junta. Aquí vuelve a resumirlo todo Campos en una palabra, consenso, asegurando que "las propuestas de intervención se hacen siempre desde el consenso, con la propia persona, con la familia y con la comunidad", pero al mismo tiempo es necesario "tener en cuenta el territorio, las relaciones que tiene con sus vecinos".

Para Campos, ir en contra de este sistema supone "una deshumanización que cambia totalmente la atención a las personas dependientes" y, prosigue la decana, va en contra también de los preceptos recogidos en la Ley de Servicios Sociales, donde se recoge que "debe haber una atención centrada en la persona".

Hacia la misma dirección apunta una de las denuncias que hicieron los sindicatos el pasado 26 de octubre, cuando hicieron un llamamiento a los granadinos para que se lanzaran a la calle en defensa de este derecho. Así, según explicaron desde Comisiones Obreras la Junta incumple la ley en las residencias "con exceso de ratio y sin enfermeras los fines de semana", lo que provoca en muchos casos, según la denuncia de la organización, que los usuarios "son duchados a las cinco de la mañana para poder llegar a todos o tienen que darles de comer en solo diez minutos".

Todo ello pese a que los datos facilitados a este periódico por CCOO muestran un incremento de las prestaciones del servicio de atención residencial y de los centros de día en la provincia entre los años 2022 y 2023, con un crecimiento respectivament edel 1,6 y 5% respectivamente.

Donde también coinciden ambos en la denuncia de la privatización, si hace unos días el sindicato ponía Granada como ejemplo de la provincia andaluza con más licitaciones a empresas de ayuda a domicilio, Campos habla después de anunciarse que los Presupuestos de la Junta para el año que viene incluyen una importante partida para Dependencia (2.331 millones de euros, un incremento del 18,8% respecto a las anteriores cuentas).

La presidenta del Consejo asegura que ese dinero irá a parar a la privatización del servicio, "otro de los grandes problemas de la depedencia" y que, para Campos, no es nuevo, sino que viene de lejos y "se ha hecho con otros sistemas de protección", pese a que "por parte de todas las personas que conformamos el ámbito social hemos exigido una y otra vez que los derechos sociales tienen que ser garantizados por lo público y que mercantilizarlos es un grave error".

Todo esto conlleva, concluye Campos tras una encendida defensa del sector público, a que la ciudadanía pierda en los servicios sociales "que eran la primera puerta de entrada al sistema de proximidad".