El testimonio de la víctima del profesor espía: "Me sentí sola ante la Universidad de Granada"

El 12 de enero de 2017 Miguel Lorente, entonces director de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada, presentó a la comunidad universitaria el Protocolo para la Prevención y Respuesta ante el Acoso. El documento se anunció como pionero y necesario en un ámbito –el universitario– que Lorente definió como una “burbuja”, ajena a esta realidad. El 27 de enero de 2017, Judith (nombre ficticio) recibió respuesta al segundo mail que enviaba a la Unidad de Igualdad e la Universidad de Granada en la que exponía que había denunciado por lo penal a su director de tesis por instalar un programa espía en su equipo con el fin de iniciar una relación sentimental. Ella, ese día, reenvió el correo que había remitido días antes en el que exponía su caso y preguntaba si la UGR iba a tomar alguna medida, si el protocolo amparaba su situación o a quién podía pedir responsabilidades sobre los hechos ahora demostrados por sentencia judicial. Él ha sido condenado a dos años de cárcel. “En estos momentos nos encontramos fuera de nuestras oficinas” fue la respuesta de la Unidad. “La semana que viene le pasamos el correo a la persona correspondiente”, continuaba el texto. “Nunca se pusieron en contacto conmigo”, reconoce la joven.

Judith –que en el juicio contra su director de tesis ha estado defendida por la abogada Cristina Pasquau, del despacho Luna y Asociados– ya no estaba vinculada con la Universidad de Granada en 2017. Había denunciado a su director ante la Policía Nacional tras percatarse de que alguien había instalado un programa espía en el equipo informático con el que trabajaba en la Universidad. “Lo descubrí en junio” de 2015, cuando se percató de algo “extraño” mientras navegaba. Ella tenía contrato hasta enero de 2016 con el laboratorio.

La primera persona a la que comentó lo que había descubierto en su ordenador fue precisamente a su director de tesis, indica Judith. “Le pregunté directamente”. Fueron juntos a la comisaría de la Policía Nacional para poner una denuncia. El policía que les atendió se dirigió al ahora condenado para señalarle que “el principal sospechoso” de los hechos era precisamente él. “Entonces confesó que estaba obsesionado”. Judith sufrió un ataque de ansiedad. Se fue sin poner la denuncia. Fue después, con el apoyo de su familia, cuando realizó el trámite. También se puso en contacto con la Inspección de Servicios de la UGR y con el Defensor Universitario, los órganos que tiene la institución para la “defensa de los derechos y cumplimiento de los deberes” dentro de la comunidad universitaria.

Al haber denunciado ante la Policía, la UGR no podía desarrollar una investigación sobre los hechos. Lo que Judith destaca es que, pese a la denuncia y la investigación, ella se vio obligada a sufrir momentos que califica como “surrealistas”. La situación fue tan “dolorosa” que que ella sufrió un “trastorno depresivo ansioso”, tal y como señala la sentencia.

Ella dio el paso de denunciar. También quiso cortar todo contacto con el director de su tesis. Así, pidió la adaptación de su puesto de trabajo a “cualquier otro sitio” para no coincidir con el condenado. La respuesta dada fue que “trabajara en casa”. Pidió –tanto en su Departamento como al Vicerrectorado de Investigación– que se cambiara a su tutor por “alguien ajeno a nuestro grupo, que fuera objetivo con él y para mí...” y poder continuar con su trabajo en el laboratorio, pero “no hicieron nada”. Sí se atendió su petición cuando exigió que este hombre no asistiera a la lectura de su tesis. En esta petición tuvo que mediar Miguel Lorente, añade Judith, y el Rectorado.

“Realmente, estoy feliz por la sentencia, pero lo he pasado mal”, reconoce la víctima. “Si tuviera que pasar otra vez por lo mismo, diría que sí, que denunciaría, pero... ¿cuál es la alternativa?”, se pregunta. “Estar sola, batallando, es duro, es duro. Es un proceso largo, con abogados, policía, fiscales... ¿pero cuál es la alternativa?”, vuelve a preguntarse. Judith reflexiona sobre estos cuatro años. “Con el apoyo de la Universidad quizá hubiera retirado la denuncia... no sé, no sé”. "Me sentí sola ante la Universidad", sentencia.

Luchó por continuar con su investigación pero alejada de un hombre que finalmente ha sido condenado como responsable de un “delito de descubrimiento y revelación de secretos”, según fija la sentencia. La condena es de dos años de prisión, inhabilitación especial para participar y dirigir tesis doctorales durante el tiempo de dos años” y 3.000 euros de multa.

Para realizar su tesis tras la denuncia, Judith decidió que toda comunicación con el condenado fue por mail con copia a los codirectores de su investigación. “Y él me escribía como si nada pasara”, recuerda. En el juicio no se pudo hacer uso de la información del disco duro del ordenador de la víctima, por estar dañado, según constató la Policía Nacional. “Tenía información importante”, recalca la víctima, que reconoce que “nunca sabremos” qué pudo dañar al equipo. Éste funcionó hasta el día en el que ella dejó su puesto de trabajo y la Policía – cuando lo requirió– lo recogió del despacho del director del laboratorio.

“No me gusta como me ha tratado la Universidad de Granada. No volvería allí”, afirma ahora la joven, que reflexiona sobre qué hubiera ocurrido si esto hubiera ocurrido en una empresa privada. “Se le hubiera expulsado, o inhabilitado... algo, no se deja” como si nada hubiera ocurrido. Durante cuatro años.