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Granada/Cuatro trabajadores, entre ellos tres militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), se enfrentan este martes 30 de mayo a sendas acusaciones por parte de la Fiscalía y de la Junta de Andalucía de haber participado en un acto reivindicativo de carácter sindical y que se enmarcó dentro de una campaña por la readmisión de una operaria de la limpieza de la sede de la Delegación de Turismo en Granada de la Junta de Andalucía.
Mientras que la Fiscalía solicita un año y tres meses de prisión, la denunciante Junta de Andalucía pide la pena de 5 años y tres meses basándose en la comisión de delitos de“desórdenes públicos, amenazas y coacciones”, entre otros y con diversos agravantes.
Los hechos por los que han sido procesados los trabajadores se enmarcan dentro de uno de los múltiples actos realizados en la campaña, de más de un año de duración, que mantuvo el sindicato SAT para conseguir la readmisión de su delegada sindical en la delegación de Cultura del Territorio de Granada, la cual fue despedida por el delegado territorial del organismo referido.
Para Paco Cabello, acusado en el sumario y secretario de acción sindical del SAT de Granada, “el proceso al que nos enfrentamos constituye un intento más de criminalizar al movimiento sindical alternativo para acallar las protestas y las justas reivindicaciones de trabajadoras que se atreven a alzar la voz contra las injusticias y los despidos arbitrarios”.
En el mismo orden de cosas, Cabello ha manifestado que, en su opinión, “la designación de figuras basadas en el imperio de la partitocracia constituyen prácticas muy cercanas al nepotismo en las administraciones públicas y da como resultado acusaciones impropias y la búsqueda de criminalizar a los trabajadores que defienden sus derechos”.
Desde fuentes del Sindicato Andaluz, se confía en que “todas las acusaciones presentadas, tanto por la Fiscalía como por el letrado de la Junta, se verán aclaradas y desmotadas en el juicio oral previsto, con el resultado de la absolución de todos los acusados”.
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