El TSJA advierte de los "abusos" de la Ley de Segunda Oportunidad, más allá de los deudores de buena fe

Los Juzgados de lo Mercantil de Andalucía cerraron 2024 con un 39,4% más de concursos que en 2023, un aumento leve si se compara con el año previo, cuando fue del 152%, pero que esconde un problema sobre el que Lorenzo del Río, presidente del TSJA, advirtió este martes durante la presentación de la Memoria anual del alto tribunal, cuando destacó que este crecimiento recae principalmente en el caso de las personas físicas debido a una "favorable interpretación" de la Ley de Segunda Oportunidad.

"Es una ley que quizá no ha sido bien estudiada en toda su dimensión", explicó Del Río, para quien esta normativa "puede ser problemática o hacer muy expansivos los concursos individuales y no para los deudores de buena fe", quienes eran sus principales objetivos cuando se pensó esta ley.

En el último año, como se recoge en la Memoria del TSJA, se han detectado "posibles abusos por parte de despachos", sin entrar en más detalles, "que buscan evadir responsabilidades financieras y que genera un impacto negativo en el sistema judicial mercantil".

Como indica su nombre, este procedimiento busca ofrecer una segunda oportunidad a quienes, "debido a circunstancias adversas, han caído en una situación de insolvencia real y merecen un alivio financiero", sin embargo, en sus consideraciones, el alto tribunal pone el foco en las interpretaciones que se hacen de la norma y abre la puerta a "medidas más rigurosas que garanticen la buena fe, eviten fraudes y casi un trámite automático, sin cumplir con el verdadero espíritu de la norma: la buena fe y la responsabilidad".

Según los datos del TSJA recogidos en su Memoria se ingresaron más de 900 concursos de acreedores en la provincia a lo largo del pasado, mientras que se resolvieron una cifra muy cercana, lo que deja a Granada como una de las dos únicas provincias andaluzas, junto a Sevilla, donde ha bajado la pendencia este ámbito.

De forma algo más pormenorizada, los datos del TSJA muestran cómo en el último trimestre del año los Juzgados de lo Mercantil en la provincia recibieron 255 concursos presentados por personas naturales no empresarios, lo que supone la práctica totalidad de los presentados ante los juzgados granadinos entre octubre y diciembre (268), aunque queda bastante lejos de las cifras de Málaga y Sevilla, donde se registraron más de 400, o Cádiz, que superó los 300.

Los datos del último trimestre de Granada supone también un repunte respecto a los presentados en el verano, 141, aunque ampliando aún más la lupa, los concursos del tercer trimestre constituyen una rara avis en la provincia, pues en los dos anteriores se recibieron más de 270 concursos.

En la presentación de la memoria anual, el presidente del TSJA mandó este martes un mensaje de auxilio a las administraciones y al legislador para conseguir la necesaria modernización de la justicia. Lorenzo del Río mandó un "mensaje inevitable" a la sociedad, que la justicia en la comunidad autónoma es "lenta y poco eficiente", una visión compartida por parte de la sociedad a la que Del Río ha dado la razón a la luz de las conclusiones negativas del documento y la falta de soluciones que llevan pidiendo desde hace años.

Uno de esos problemas, recurrente en palabras del presidente del TSJA, es la litigiosidad, "un tema que siempre tiene que preocupar porque nunca deja de aumentar" y que en 2024 aumentó un 5% en comparación al año previo, lo que vuelve a situarse a Andalucía a la cabeza a nivel nacional, quedándose muy cerca del millón y medio de asuntos judiciales.

De la Memoria se desprende una tendencia ya apuntada en años anteriores: gran judicialización de los conflictos entre la ciudadanía, sobreutilización del proceso y sobrecarga innecesaria en los Juzgados. Ante esta situación, Del Río ve necesario cumplir con el mandato constitucional de una justicia en plazos razonables y ha confiado en que "den sus frutos" las medidas a implantar durante 2025 en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Ello porque considera "imprescindible en nuestro ordenamiento jurídico, al lado de la propia jurisdicción, la coexistencia de otros medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional".