La Universidad de Granada crea un canal interno para comunicar "hechos irregulares" que garantizará la protección del informante

La Universidad de Granada ha creado un sistema interno de información para recibir mensajes sobre hechos o conductas que puedan ser "irregulares, fraudulentos o contrarios" a los principios y valores "éticos" de la institución y que además velará por la protección de las personas informantes. Un nuevo canal de recepción de información fue aprobado en el pasado consejo de gobierno del 16 de diciembre y supone aplicar en el ámbito de la UGR la norma estatal (Ley 2/2023 de 20 de febrero) y la directiva europea relativa a la protección de personas que informen sobre infracciones de derecho de la Unión, la conocida como directiva whistleblowing.

La UGR ya contaba con un canal antifraude, un canal ético y un canal de comunicación con la Comisión de Convivencia, herramientas a las que ahora se añade la implantación de este canal interno de información para conformar un sistema, que tendrá como único objeto "la comunicación de situaciones presuntamente irregulares o fraudulentas cometidas por miembros de la comunidad universitaria en el marco de su actividad docente, investigadora, de administración, gestión o servicios", según señala el documento ya aprobado.

El mismo texto ya deja claro que rechazará aquellos documentos que tengan como finalidad revisar actos administrativos, solicitar información o presentar quejas o reclamaciones, cuestiones que tienen sus propios cauces.

Los objetivos de este nuevo sistema son, según la Universidad, contar con "instrumentos" que permitan a la comunidad universitaria (unas 60.000 personas entre estudiantado y trabajadores) "prevenir y detectar amenazas a la integridad de la actividad universitaria y al interés público al que sirve", además de establecer "medidas de protección" a las personas informantes. El tema de la indemnidad ha sido tratado de forma recurrente por el anterior defensor Universitario, Antonio Ángel Ruiz, en sucesivas presentaciones de memorias anuales.

La posibilidad de hacer uso de este sistema de información no queda limitada a la comunidad universitaria, sino que se establece que podrán emplearlo tanto personal voluntario en cualquier actuación organizada por la UGR como personas que trabajen para contratistas, subcontratas o proveedores de contratos vinculados con la Universidad. En un reciente informe se estimó que la UGR generaba 16.042 empleos tanto directos como trabajadores relacionados.

El sistema contará con un responsable o comité gestor, que será designado por el consejo de gobierno de la institución. Para hacer llegar la información la UGR contará con un acceso por vía telemática. En el caso de que haya hechos que "indiciariamente" puedan ser constitutivos de delito se dará conocimiento a la Fiscalía.

Se protegerán los datos de los informantes y también de los de las personas afectadas por la información que se facilite mediante esta vía. Se da la posibilidad de que el informante pueda indicar su identidad o mantenerse en el anonimato.

Además de a través del canal, la información puede facilitarse de forma presencial, aunque la información verbal también deberá documentarse mediante la grabación de la conversación o con transcripción. Sí se exige que se detallen los hechos en cuestión, que se aporten pruebas y se identifique a las personas que presuntamente hayan cometido la irregularidad.

La UGR tendrá un registro de informaciones recibidas, aunque esta compilación no será pública y únicamente con petición razonada de la autoridad judicial podrá accederse a esa información. Desde que se reciba la información se abre un plazo de tres meses de actuaciones de investigación, señala el documento aprobado por consejo de gobierno. En caso de que el tema sea especialmente complejo el plazo puede aplicarse otros tres meses.

El trámite

Una vez recibida la información se abrirá un plazo como máximo de diez días para un análisis "preliminar", tras el que se puede acordar la inadmisión de la información cuando los hechos carezcan de fundamento, cuando sean ajenos al ámbito del sistema, cuando se tengan indicios de que se ha obtenido la información mediante la comisión de un delito o cuando no haya información nueva sobre una infracción ya comunicada.

Si se admite la información se inicia una fase de instrucción para determinar la verosimilitud de los hechos relatados y, en el caso de que sea necesario, tomar "las medidas correctoras o sancionadoras que procedan".

En este proceso la persona afectada por la comunicación tendrá derecho a acceder al expediente, aunque no podrá conocer la identidad del informante.

A los tres meses, se determinará qué hacer con esa información. Las opciones que contempla la UGR son el archivo o cierre, la propuesta de inicio de procedimiento sancionador, remisión a Fiscalía de los hechos o traslado de lo analizado al organismo competente.

El documento aprobado por la UGR prohíbe expresamente las represalias, lo que incluye incluso las amenazas de consecuencias negativas. La web de la UGR contará con un enlace en la página de inicio, fácilmente identificable, para acceder tanto a la norma que regula este sistema interno de información como la persona responsable del mismo, guías y datos de contacto sobre el canal de denuncias de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. El funcionamiento del sistema se analizará como mínimo cada tres años.