La Universidad de Granada prevé aplicar medidas cautelares en las denuncias por acoso

La negociación para la modificación de la reforma del protocolo actual, que data de 2016, encara sus últimos pasos

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Entrada del Hospital Real, sede del Rectorado.
Entrada del Hospital Real, sede del Rectorado. / R. G.

La Universidad de Granada (UGR) prevé implantar medidas cautelares tras tener conocimiento de denuncias por acoso. Así lo explicó el rector de la institución, Pedro Mercado, en el segundo encuentro celebrado con estudiantes en el Rectorado.

Uno de los bloques temáticos planteados en el acto, celebrado el pasado lunes, fue el de Accesibilidad e Igualdad. En dicho espacio, uno de los alumnos explicó al rector que era conocedor de casos de acoso en varios de los centros universitarios, y preguntó directamente qué medidas se toman desde el Rectorado para luchar contra este tipo de circunstancias.

El máximo responsable de la UGR contestó que desde la institución se trabaja en un nuevo protocolo de actuación para estos casos. Este estará basado en una política de respuesta rápida donde se acompañará a la víctima durante todo el proceso.

Como novedad, Mercado explicó que se establecerán medidas cautelares y que se actuará desde el momento de la denuncia sin necesidad de esperar a la apertura de un expediente, como ocurre con el actual protocolo. Mercado afirmó igualmente que actualmente el nuevo protocolo se encuentra en fase de negociación con los sindicatos y que está previsto que se presente en las próximas semanas.

Un protocolo de 2016

En el primer mandato de Pilar Aranda se puso en marcha el protocolo contra el acoso en la Universidad de Granada, una herramienta que venía acompañada de un instrumento pionero a nivel nacional, una oficina de prevención y respuesta ante el acoso (OPRA) -dependiente del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social- que seguía el modelo de instituciones como Harvard. En la presentación de aquellas actuaciones se indicó desde la Universidad que apenas una ínfima parte de los casos se denuncian, lo que a su vez genera desamparo en las presuntas víctimas. El objetivo era aflorar esos casos silenciados.

Ya ese texto, el de 2016, recogía la aplicación de "las medidas que en cada caso procedan para la protección de las víctimas en todo momento, emplear las medidas cautelares legalmente procedentes, acabar con la situación de acoso y, en su caso, utilizar las medidas sancionadoras pertinentes". Asimismo, se indicaba que "la investigación y la resolución del procedimiento, incluida la imposición de medidas cautelares y sanciones en su caso, se llevarán a cabo con la mayor celeridad posible".

El abordaje del acoso en el ámbito universitario y la puesta en marcha del protocolo fueron elementos significativos del mandato de Aranda. Desde su aprobación, en consejo de gobierno de octubre de 2016, se ha propuesto en varias ocasiones su actualización con el fin de ganar agilidad. Incluso el anterior defensor universitario, Antonio Ángel Rodríguez, pidió en claustro su remodelación.

"El actual Protocolo de Acoso de 2016 supuso un evidente paso adelante en la respuesta de la UGR frente al acoso, pero durante estos siete años hemos podido ir detectando problemas de muy diversa naturaleza en su implementación, como ocurre con cualquier tipo de norma jurídica", explicaba en el informe de 2023 -el último publicado- el entonces defensor de la UGR, que también se manifestaba en el mismo documento sobre la aplicación de medidas cautelares que se recogen en el texto inicial con una petición: que se describan medidas concretas y quién las debe adoptar.

"Es importante acometer con acierto el tema de las medidas cautelares que se pueden adoptar, describiéndose las medidas concretas y fijándose con claridad el órgano competente para su adopción, etc. En este punto también se recomienda que se encargue a los servicios jurídicos un previo estudio al respecto, por el tema de las reservas legales", indicaba entonces el profesor Rodríguez.

A la oficina del Defensor han llegado desde 2016 a 2022 -según los datos del informe de 2023- trece casos de acoso. Todos ellos, según se indicaba, fueron trasladados a la OPRA.

2025

En el plan director elaborado para este ejercicio 2025 por el equipo del actual rector, Pedro Mercado, se recoge que este año publicará la modificación y mejora del protocolo de acoso vigente. Ya en el programa electoral con el que Mercado concurrió a las elecciones al Rectorado se recogía que "nos comprometemos a mejorar los protocolos de acatuación para agilizar la resolución de los expedientes y acompañar a las personas que los sufren". Ya entonces señalaba, en el mencionado programa electoral, que se abordaría con "especial atención" la adopción de "medidas cautelares ante denuncias de carácter grave", sin entrar a especificar.

Quiénes pueden denunciar

En la oficina se distingue entre distintos tipos de acoso, desde ciberacoso al laboral, además del sexual. Se establece que puede denunciar tanto la persona afectada como terceros que conozcan la situación e incluso la Unidad de Igualdad y Conciliación si tiene conocimiento de los hechos.

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