Urbanismo estudia ya opciones para la zona de restauración del pabellón Mulhacén: legalización para evitar reclamaciones millonarias

La sentencia del TSJA que confirma la ilegalidad de la zona de restaurantes junto al pabellón mulhacén del Zaidín ha caído como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento de Granada, que ahora tiene que hacer frente a una sentencia que deja una situación compleja en el urbanismo. El TSJA, según avanzó este periódico, ha dado firmeza a la sentencia contencioso-administrativa de 2018, que declabara ilegal la ordenación de la parcela donde se construyó el pabellón Mulhacén y una zona de restauración. Y ahí estaba la irregularidda avalada por el TSJA, en haber destinado gran parte de ese suelo que tenía un uso deportivo obligatorio a la construcción de edificios con usos lucrativos, los restaurantes.

A esa primera sentencia interpuso el Ayuntamiento recurso de casación (también la mercantil que construyó los edificios) y ahora, más de un lustro después, ha quedado zanjado el pleito con el auto en el que la Sala de casación autonómica inadmite esos recursos.

Y para el Ayuntamiento no son buenas noticias porque ahora tendrá que ver cómo cumple la sentencia pero sin que le ocasione un quebranto económico mayor. Y en eso, según ha podido confirmar este periódico, está el área de Urbanismo ya junto a la Asesoría Jurídica municipal. Desde el área van a trabajar de la mano de los jueces y del TSJA para el cumplimiento de la sentencia, aunque aseguran que el criterio del Ayuntamiento sigue siendo que aquella es una ordenación legal, por lo que se trabajará en su legalización.

Esa legalización sería la forma menos gravosa y perjudicial para la ciudad porque de lo contrario, si se tuviera por ejemplo que derribar la zona, el Ayuntamiento se expondría a posibles reclamaciones económicas de los negocios y del concesionario del edificio, que lo tiene asignado por contrato durante 40 años. El Ayuntamiento teme indemnizaciones millonarias inasumibles.

En la defensa de la parcelación actual de la zona, teniendo los restaurantes fuera de la zona deportiva y no dentro, hay otros ejemplos urbanísticos en la ciudad que están realizados igual como en Neptuno o el 02, por lo que considera que esta zona del Pabellón Mulhacén es legalizable. Eso es lo que pretendía el Ayuntamiento en su recurso alegando que el caso podría afectar a un gran número de situaciones parecidas en el urbanismo de la ciudad siendo habitual que se destine una parte de esas parcelas de uso deportivo a la instalación de negocios lucrativos. Pero el TSJA no lo considera así y circunscribe la resolución a esa parcela.

Según la sentencia que avala el TSJA, se anulaba un estudio de detalle de 2013 de época de Torres Hurtado, un estudio que se ha calificado judicialmente como "una reparcelación ilegal, fáctica", en la sentencia del TSJA. Precisamente la gestión municipal de la parcela es uno de los asuntos más importantes investigados en el caso Nazarí. La pieza Mulhacén es la principal de la macrocausa y se investiga precisamente esa conversión en negocios lucrativos de una concesión que debía de ser inicialmente para la construcción de un pabellón deportivo de mayor dimensión del que se levantó al final en la parcela. El complejo deportivo fue mermando y en su lugar se construyeron restaurantes que el promotor alquila a distintas empresas de restauración, como McDonalds.

Así, el Ayuntamiento va a trabajar para aclarar qué se puede hacer con las consideraciones de la sentencia y hacer lo posible para intentar legalizar la zona evitando medidas drásticas que generen reclamaciones y más perjuicio al Ayuntamiento si la anulación del estudio de detalle que permite aquellos edificios afecta a la continuidad de los establecimientos instalados allí. La concesionaria de todo el recinto (Fontdeis, que era del empresario Roberto García Arrabal) presentó un documento en el juzgado que investiga el caso Nazarí donde valora el negocio por encima de 2,4 millones de euros. Si esas instalaciones tuvieran que cerrar o, incluso, ser demolidas, es de suponer que la mercantil haría valer esa pérdida.

Fontdeis, la sociedad concesionaria tiene a su vez arrendados los solares o los locales comerciales a otras empresas, como McDonald’s. En el contrato de alquiler firmado por la conocida cadena de restauración en 2011, al que ha tenido acceso este periódico, ya se contempla en uno de sus apartados la posibilidad de que el restaurante tuviera que suspender su actividad a causa de algún cambio en la concesión del Ayuntamiento.

En ese caso, además de dar por resuelto el acuerdo entre ellos, McDonalds tendría derecho a que la arrendadora (Fontdeis) “le indemnice por los daños y perjuicios que le ocasione dicha resolución o modificación de la concesión, incluido el lucro cesante” por los años de negocio que dejaría de explotar. Y añade el documento, que esto se produciría “independientemente del monto de la compensación que pudiera recibir la arrendadora de la Administración”.

Es decir, que las empresas inquilinas podrían reclamar a la sociedad arrendadora y a su vez ésta tendría la opción de pedir compensaciones económicas al Ayuntamiento.

En 2018, tras conocerse la sentencia del TSJA sobre la ilegalidad de esas construcciones de uso lucrativo en la esquina entre la calle Torre de la Pólvora y Emperador Carlos V, el Ayuntamiento de la capital, gobernado entonces por el PSOE, optó por recurrir esa resolución, pero no tomó ninguna medida práctica, como rescatar la concesión administrativa, ordenar el cierre de los establecimientos, la demolición o el intento de legalización a través de un cambio en las normas urbanísticas. Solo se ha dejado correr el tiempo y siete años después, el largo periodo que el TSJA ha tardado en inadmitir el recurso, el problema pende ahora de otro gobierno del PP, liderado por Marifrán Carazo. No le quedan más recursos en la vía ordinaria, así que esta vez los responsables municipales tendrán que tomar decisiones.