"Los vecinos del Albaicín saben que necesitan el turismo", el sector responde a las quejas del barrio

Siguiendo el ejemplo de otras ciudades como Málaga o Tenerife, los vecinos del Albaicín se han movilizado en contra del turismo de masas que invade sus calles y que está destruyendo, y vaciando, un barrio histórico de Granada como consecuencia de "la especulación inmobiliaria", como denunciaron este domingo desde la Plataforma Albayzín Habitable, que convocó a los residentes de este barrio en el Mirador de San Nicolás, uno de los puntos calientes del turismo de la zona, para denunciar la situación.

Esta acción supone un nuevo eslabón en una cadena que parece eternizarse ya que la solución se antoja complicada, como reconoce Juan Peláez, presidente de la patronal de las agencias de viajes de Granada, asegurando que "los vecinos del Albaicín saben que necesitan el turismo", es más, insiste en que tanto este barrio como el resto de la ciudad tampoco pueden desprenderse de él, pues "ya no tenemos nada más", en alusión a la falta de una industria que pueda compensar una hipotética desaparición del turismo.

Pese a todo, Peláez no duda en dar la razón a los vecinos de la zona, asegurando "que se quejan con toda la razón del mundo" ante las constantes masificaciones que sufre esta zona y el ruido que ello conlleva. De hecho, en varias de las pancartas exhibidas este domingo se podían leer mensajes como "¿me deja pasar?, voy al cole" u otra variante "voy al médico", en referencia a la imposibilidad de conciliar ambos modelos.

Ante esta situación, la solución que proponen desde la patronal parece casi obvia, "el turismo controlado", en palabras de su presidente, que asegura es lo que se gestiona desde las agencias frente a ese otro "turismo descontrolado" que es el que a la larga genera las molestias de sobra conocidas. Así, Peláez propone buscar un acuerdo con los residentes, que permita establecer por ejemplo horarios o zonas por las que pasar o visitar, para evitar grandes aglomeraciones. El problema, insiste Peláez, es que "cada uno va cuando quiere y como quiere" y eso genera masificaciones.

Actualmente, la legislación permite grupos de hasta 30 personas por cada guía turístico, explica Peláez, sin embargo la realidad es que normalmente se suelen conformar grupos de no más de 20 personas, pues el turista también rehúye de los grandes grupos, una tendencia que redundaría en reducción de la masificación y una de las medidas incluidas en el decálogo presentado este domingo por la plataforma. "Cuando cogemos el autobús para subir al barrio es imposible encontrar hueco. El autobús es un bien para los vecinos y no para los turistas", explicó en este sentido Arturo Muñoz, portavoz de la plataforma, durante la manifestación.

Llegados a este punto, Peláez entona el mea culpa asegurando que pese a que los vecinos de los barrios más afectados por el turismo de masas ya han mostrado varias veces su malestar y se han reunido con el Ayuntamiento "aún no hemos hecho ninguna acción seria sobre este asunto".

Preguntado sobre quién debe dar el paso para esa acción que permita establecer un "turismo organizado", Peláez apunta a las administraciones, concretamente al Ayuntamiento de la capital, como quien debe "sentar a las partes y comenzar a organizarlo todo".

En este sentido, desde Plaza del Carmen ya se han empezado a mover para tratar de solucionar el problema. Recientemente la alcaldesa, Marifrán Carazo, estampó su firma en el nuevo decreto que ordena la regularización de uso a través de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que actualmente está en vigor y que permite tomar medidas restrictivas sin esperar al nuevo PGOM.

Así, para regular los pisos y viviendas de uso turístico que hay en la ciudad -se calcula que unas 3.000- se necesita modificar el PGOU como instrumento de ordenación y que incluirá una serie de condiciones técnicas de obligado cumplimiento para los dueños de pisos que quieran darle uso turístico, como son que tenga el título habilitante, que disponga de accesos independientes y que también haya instalaciones de suministro (luz, agua o teléfono) independientes, dos medidas estas últimas con claro objetivo limitante ya que por ejemplo garantizar en comunidades de vecinos accesos desde la calle independientes del resto de vecinos será casi tarea imposible.

Eso sí, esta acción llevará su tiempo. En primer lugar, la modificación del POGU debe pasar por la comisión municipal de Urbanismo, después se aprobará en Junta de Gobierno Local y pasará finalmente por Pleno para su aprobación inicial, un trámite que desde el Ayuntamiento esperan que sea el próximo julio si llegan a tiempo con los plazos. "Lo importante y la novedad es que a partir de la aprobación inicial de la innovación se suspende las nuevas licencias hasta la aprobación definitiva del expediente o hasta que se acuerden las medidas y limitaciones propuestas", ha explicado la alcaldesa. Por lo que desde el Ayuntamiento se le dirá a la Junta (que es quien concede autorización) que no conceda más permisos porque el municipio tiene congeladas las licencias, todo parece que desde julio hasta nuevo aviso cuando llegue la aprobación definitiva, para lo que pueden pasar unos meses una vez pasado el verano y los periodos de alegaciones.