Una veintena de docentes de la UGR se suma a las críticas a los rectores catalanes
Cataluña
Figuran entre los 800 firmantes de una carta abierta que califica de "aberrante" la postura adoptada por las universidades catalanas
Al menos 25 docentes de la Universidad de Granada han mostrado su adhesión, a través de una carta abierta, a la "defensa de la libertad ideológica". La misiva, difundida en la cuenta de la red social Twitter Foro de profesores, califica de "contenido aberrante" los manifiestos firmados por los claustros de las universidades públicas catalanas "en los que se reclama el derecho a la autodeterminación y la libertad de quienes denominan presos políticos", en relación a los políticos y dirigentes que fueron condenados el mes pasado por la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017.
Entre los firmantes, 800 docentes, figuran también profesores y catedráticos de la Universidad de Granada. Es el caso de María Dolores Suárez Ortega, catedrática que durante el mandato del rector Francisco González Lodeiro fue vicerrectora de Investigación; Estanislao Arana, catedrático de Derecho Administrativo; o Gregorio Cámara, catedrático de Derecho Constitucional y ex diputado en el Congreso por el PSOE. También rubrica la carta dirigida a los rectores de las universidades catalanas la catedrática de Literatura Española Amelina Correa, entre otros.
El escrito considera de "extraordinaria gravedad" el contenido de los manifiestos aprobados en estos días por las universidades catalanas, en los que se condena la "represión y la violencia policial".
Por su parte, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), ha manifestado su apoyo a los rectores de las universidades catalanas "en su labor de defender las normas fundamentales de convivencia que deben regir en todo momento en un Estado democrático", recoge Europa Press. La CRUE recuerda que los rectores de las siete universidades públicas de Cataluña cuyos claustros han aprobado manifiestos pidiendo la libertad de los líderes independentistas condenados por el 'procés' se limitaron a cumplir su "obligación" de someter a votación los textos propuestos por miembros de estos claustros.
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