El verdadero origen del caso Nazarí

Una familia, hermanos y primos, que heredaron de su madre unos pequeños terrenos en la linde de la zona norte de Granada, ha podido sacudir los cimientos del Ayuntamiento de esta ciudad, propiciando con su denuncia una investigación judicial que persigue una supuesta trama corrupta, además de dar lugar al cambio en la Alcaldía.

Cuando muchos de los detenidos el pasado 13 de abril, incluido el alcalde, la concejal de Urbanismo y los altos cargos municipales, recibían cada cierto tiempo insistentes escritos, dirigidos a ellos personalmente, de una familia que denunciaba irregularidades e ilícitos en la operación urbanística de Casería de San Jerónimo, difícilmente podrían imaginar que eso les llevaría a estampar sus huellas dactilares en la Comisaría de la Policía Nacional de la calle Palmita y salir en todos los telediarios del país.

El Plan Parcial N2 o Casería de San Jerónimo, recoge unos terrenos ubicados al norte de la capital, cercanos a Kinépolis. Era uno de los escasos desarrollos urbanísticos pendientes en el actual Plan General de Ordenación Urbana y en él ha actuado como propietario principal el empresario José Julián Romero (también detenido aquel día), que ha construido varios edificios con 300 viviendas, conocidos en su conjunto como Ciudad de la Luz.

Pero ese Plan Parcial abarca los terrenos de otros pequeños propietarios, como la familia denunciante, el Banco Santander o el propio Ayuntamiento de la ciudad. La gestión que el promotor principal ha hecho en este entorno le ha beneficiado particularmente y ha perjudicado los intereses de la ciudad, que debía recibir unos terrenos perfectamente acondicionados para espacios libres, según han reiterado los denunciantes en su centenar de escritos al Consistorio granadino.

En esos documentos, los afectados llegan a advertir a todos los responsables municipales competentes, después de cuatro años de batalla burocrática, que si no le justifican ciertas decisiones municipales pondrían este tema en manos de la Fiscalía.

La normativa establece que en un Plan Parcial los propietarios deben asumir los costes de las obras de urbanización de todos los terrenos (saneamientos, alumbrado, calles, aceras…) antes o en paralelo a la construcción de cualquier edificación residencial, para garantizar que la zona es habitable y que el municipio recibe todas las compensaciones que marca la ley. Pero los edificios de la promotora de Julián Romero estuvieron finalizados antes de que esas obras estuvieran completadas. Es más, a día de hoy no han finalizado, salvo en la parcela que afecta exclusivamente a su residencial.

La cuestión clave en este extenso caso, con años de batalla por la gestión de las obras, sus costes y la legalidad medioambiental de algunas actuaciones, es por qué el Ayuntamiento de Granada le otorgó a la promotora la licencia de primera ocupación de unas viviendas sin estar finalizado todo el proyecto de urbanización en la zona, incluido el correcto desvío de un barranco.

La propia concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, remitió en marzo de 2012 a los después denunciantes, un escrito de contestación a sus múltiples quejas en el que les informa de que el Ayuntamiento no podrá dar la licencia de ocupación a las viviendas si queda "pendiente gran parte de la ejecución de la urbanización del Plan Parcial, incluyendo el desvío del barranco donde existen futuras parcelas municipales". Ella misma reconoce ser consciente del "complicado cariz que estaba tomando la situación". En ese momento ya había un informe del Servicio de Licencias que era desfavorable a la petición de la promotora.

Pero ese mismo verano, sin que la situación urbanística hubiese variado apenas, el Ayuntamiento otorgó esa licencia para ocupar las casas. Y todo se hizo en un mismo día, el 24 de julio de 2012, que debió de ser la jornada más frenética que se recuerda en el área de Urbanismo. En el mismo día se reúnen representantes de la promotora con altos cargos de Urbanismo para firmar un acta de puesta en servicio (que garantizaba que la zona contaba con los suministros adecuados, aunque solo en la parcela del edificio y no en todo el Plan Parcial), el director de Obras Municipales (Manuel Lorente) firma el informe clave que da el visto bueno a la licencia, el director de Edificación (Emilio Martín Herrera) hace otro informe favorable y la concejal Isabel Nieto firma el decreto con el visto bueno definitivo.

La familia denunciante no fue la única que advirtió a Urbanismo de la "ilegalidad" que suponía dar al promotor la licencia de primera ocupación con las obras sin terminar. También el Banco Santander remitió a la edil un escrito para ponerla sobre aviso. Pero este documento corrió peor suerte, porque un mes después de su presentación en el Registro, fue remitido de un departamento a otro de Urbanismo para su estudio. Y mientras, el promotor ya tenía la licencia.

Lo único que había cambiado desde unos meses antes, cuando Nieto dijo a los otros propietarios que sería imprescindible terminar todas las obras, es que el promotor había presentado ante el área de Urbanismo unos avales de dos entidades bancarias por un importe total de casi 2 millones de euros que podrían garantizar la terminación futura de las obras.

Julián Romero presentó al área de Urbanismo esos avales el 23 de julio de 2012. Al día siguiente se redactaron todos los informes y hasta el decreto para darle la licencia.

Los pequeños propietarios comenzaron entonces otra batalla, que era demostrar el "fraude", supuestamente "pactado" entre le promotor y los responsables de Urbanismo, que suponían esos avales. En el informe técnico de Urbanismo se viene a explicar que esos documentos bancarios garantizan que el Ayuntamiento podría obtener los dos millones de euros para completar la urbanización de la zona, caso de que el promotor no lo hiciera. Pero en los documentos reales la condición para ejecutarlos es bien distinta, pues su cobro queda sujeto a otro concepto. Y además se introduce un plazo de ejecución de 24 meses. Los avales caducaron en junio de 2014, sin que los denunciantes recibieran respuesta del Ayuntamiento sobre si se había cobrado esa cantidad. Fue entonces cuando esta familia remitió a todos los responsables, incluso al interventor municipal, un escrito en el que afirmaba que "para el caso de que este Ayuntamiento demore o no actuara con la diligencia oportuna en la ejecución de los avales, lo cual pone en grave riesgo la finalización de la urbanización del PP N2, con los consiguientes perjuicios económicos para el resto de propietarios y para el interés general, se dará traslado de inmediato al Ministerio Fiscal para la incoación de diligencias oportunas".

Además de los cambios de criterio en lo informes técnicos, del desbloqueo de la situación con una solución (la de los avales) cuando menos poco convencional, y de la enorme rapidez con que se gestionaron todos los trámites de la licencia, en un solo día, hay un factor que arroja más sospechas sobre esta operación: los informes clave, fundamentales para que el Ayuntamiento otorgue la licencia de primera ocupación, son firmados por el director de Obras, Manuel Lorente, el ex gerente de Urbanismo que ya fue investigado por el Juzgado de Instrucción 4 en 2008 por su estrecha relación con el empresario José Julián Romero. Se indagaron entonces posibles tratos de favor sin encontrar el juez pruebas al respecto.

En la operación Nazarí se ha vuelto a pedir a ambos, detenidos y puestos en libertad con cargos, documentación sobre sus relaciones, como justificantes de que el funcionario hubiera pagado varios coches a Julián Romero, cuando éste tenía el concesionario BMW en Granada. Este dato fue confirmado a este periódico por el propio empresario, que aseguró no haber encontrado esos documentos durante el registro de su domicilio y lugar de trabajo que realizó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) el pasado 13 de abril.

Aquella investigación fue paralela durante un tiempo al desarrollo de este Plan Parcial de San Jerónimo que ahora ha dado lugar a la apertura de una operación mucho más amplia, en el caso Nazarí.

La confluencia en los juzgados de dos querellas de la Fiscalía, una por este caso y otra por la operación urbanística del Pabellón Mulhacén, en el que está implicado el promotor Roberto García Arrabal, propició una gran investigación centralizada en Instrucción 2 y que comenzó a indagar sobre otra decena de operaciones urbanísticas desarrolladas en la ciudad durante la última década.