El vuelo de inmigrantes Canarias-Granada, la falta de una orden, el silencio de Interior y la lucha política

Granada/De sobra es conocida esa frase de el que calla otorga y si la misma se traslada a la política, más concretamente cuando uno se encuentra sumido en una crisis respecto a la gestión que está llevando a cabo, las consecuencias derivadas de ese silencio administrativo hacen que la cuestión cada vez vaya acaparando más volumen hasta el punto de verse entre la espada y la pared. Algo así le habría pasado al Gobierno de España respecto al famoso vuelo de inmigrantes llegado a Granada desde Canarias, un viaje del que no hubo un pronunciamiento oficial hasta casi 48 horas después y que incluso dejó aún más incógnitas. Y eso que, precisamente, este mismo Gobierno era el que había puesto en marcha el llamado Ministerio de la Verdad, para luchar contra la desinformación. Si bien, las respuestas quizá se encuentren el próximo miércoles, cuando, según han asegurado fuentes del Gobierno central a Granada Hoy, todo apunta a que lo ocurrido se abordará el próximo 16 de diciembre, a partir de las cuatro de la tarde, cuando se celebre la Comisión de Interior. Y es que pese a tratarse de un asunto que estaría relacionado con Extranjería, es la gestión del Ministerio de Fernando Grande-Marlaska la que se encuentra, precisamente, en el punto de mira.

Lunes: el traslado

El lunes saltaban todas las alarmas en Granada cuando se conoció que un vuelo regular lleno de inmigrantes llegaba hasta el Aeropuerto Federico García Lorca de Granada procedente de Canarias. En primer lugar se exponía que se trataba de un traslado organizado por el Gobierno central y que en él habían viajado personas a las que no se les había sometido a la PCR, un requisito obligatorio debido a la actual pandemia que mantiene la provincia cerrada perimetralmente.

Los vídeos que certificaban la llegada de esos inmigrantes, que fueron publicados por este diario, no tardaron en hacerse virales, mientras que el Gobierno, sin dar señales de vida al menos de forma oficial, dirimía cómo afrontar esta cuestión. Y es que parecía hacerse caso omiso las preguntas de los medios por vía oficial. Tan solo un portavoz del Ministerio del Interior indicó a Grupo Joly, algo que ya había indicado días antes el propio Grande-Marlaska, que no se estaban haciendo reubicaciones masivas, sino que se estaban poniendo en marcha "traslados puntuales" en los que se priorizaban los perfiles de protección internacional y los colectivos más vulnerables. Pero, ¿los inmigrantes del famoso vuelo a Granada eran uno de esos traslados "puntuales? ¿Se les había hecho la PCR? 24 horas después las respuestas brillaban por su ausencia.

Martes: la batalla política

El tiempo seguía pasando, las denuncias públicas del Sindicato Unificado de Policía (SUP) ya estaban en el epicentro informativo y los grupos de la oposición al Gobierno no tardaron en entrar en lo que acabaría convirtiéndose en una batalla política. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, criticó que no se les había comunicado "absolutamente nada", por lo que acusó al Gobierno de "desleal", después de que incluso hubieran tratado de contactar con la delegada del Gobierno en Andalucía, la granadina Sandra García, sin fortuna. A su vez, la diputada por Vox, Macarena Olona, señalaba a Grande-Marlaska y le decía "que hubiera acogido a los inmigrantes en su casa", tras lo que pedía una aclaración oficial.

El delegado de la Junta en Granada, Pablo García, tildó lo ocurrido de "grave irresponsabilidad", mientras que el alcalde de Granada, Luis Salvador, que señaló al Gobierno como responsable de la "suelta de inmigrantes" en la provincia "en mitad de una pandemia", dijo que sí que había hablado con la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, quien le habría asegurado "que venían en regla y que, por tanto, podían circular por donde quisieran". Eso sí, las declaraciones habían sido en privado ya que públicamente tan solo se mostró el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá y en apenas 200 caracteres. A través de un tuit, Escrivá tildó de "sospechas infundadas" la polémica de las PCR, tras asegurar la existencia de los protocolos, como respuesta, precisamente, a otro tuit del SUP.

Miércoles: fin al silencio

Tras dos días de polémica llegaron las explicaciones públicas, las cuales corrieron a cargo de la subdelegada del Gobierno en Granada, que más que despejar la sospecha, generó aún más dudas. López Calahorro insistió en que todos los inmigrantes tenían la PCR negativa y aseguró que el Gobierno no había fletado ningún avión, sino que se habían desplazado "con sus propios recursos para reunirse con familiares legales", ya que una vez cumplidas las 72 horas de estancia bajo custodia policial tras llegar en patera, "eran ciudadanos libres". Pero claro, ¿cómo pudieron entrar en una comunidad que está cerrada perimetralmente?

Jueves: el Congreso

Como las incógnitas seguían sobrevolando por todo el territorio nacional y el debate se había trasladado al Congreso, donde al igual que en el plano local, hubo un cruce de reproches entre los señalamientos de Vox, por un lado, y PP y Cs por otro alejado de la "postura radical" del grupo liderado por Santiago Abascal, y las acusaciones de "xenófobo y partidista, ante las ambiciones electorales de Vox en Canarias" vertidas por el PSOE.

El debate continuaba y el Ministerio del Interior, que horas antes había comunicado que espera recuperar "a corto plazo" las llamadas devoluciones en caliente, algo actualmente afectado por el cierre de fronteras, respaldó a través de un escueto comunicado las palabras dichas un día antes por la subdelegada del Gobierno en Granada.

Granada, Málaga y Sevilla

La crisis migratoria que está afectando a Canarias con la llegada masiva de inmigrantes hizo que el Gobierno central, a través del Ministerio del Interior, localizara en la península lo que se llaman "puntos de distribución de migrantes". En Andalucía, según ha podido saber este diario, son precisamente Granada, Málaga y Sevilla –los tres lugares con conexión aérea con las islas– las zonas designadas como tal.

Sin embargo, como el propio alcalde de Granada aseguró, en las famosas reuniones del Comité de Coordinación de Seguridad (CECOR), en la que participan todas las instituciones, Subdelegación nuca alertó a Granada de que esto se estaba produciendo.

Cómo se pagan los vuelos

El Gobierno central asegura que en esta ocasión los inmigrantes se habían pagado los billetes "de su bolsillo". Fuentes del Ejecutivo aseguraron a este diario que en esta ocasión, los migrantes habrían localizado los vuelos más baratos y vacíos y habrían adquirido los billetes ya que en el ámbito insular la única forma de desplazarse hacia la provincia es por aire o mar. Sin embargo, Granada Hoy ha podido indagar más al respecto y quienes habría tras el pago de estos billetes serían ONG o asociaciones como Cruz Roja, que a través de las subvenciones públicas recibidas dentro de los acuerdos con el Gobierno, habrían subvencionado los billetes.

Interior y los controles

La normativa aérea es muy restrictiva, hasta el punto de que uno debe estar plenamente identificado para poder volar. ¿Cómo lo hacen entonces los inmigrantes? Según ha podido saber Granada Hoy, haciéndose con un "documento de entrada personal", un documento firmado por la unidad de Extranjería de Policía Nacional a través de una orden del Gobierno.

Tras la polémica creada entorno a estos vuelos de inmigrantes a Granada, fuentes de Interior aseguraron a este diario que se intentó aumentar el control en el destino. Sin embargo, aún no existe una orden clara para tal fin y es que pese a que se trata de inmigrantes, si se desplazan con la documentación pertinente o en su defecto dicho documento de entrada personal se les debe dar el mismo trato que al resto de pasajeros.

En este sentido, los agentes de los controles de Extranjería pese a la insistencia del Gobierno no pueden "insistir" en la identificación exhaustiva. Sin embargo, a todo ello hay que añadir que en el Federico García Lorca, quien tiene las competencias de custodia del aeropuerto es realmente la Guardia Civil y no Policía Nacional. En este sentido, fuentes del Instituto Armado consultadas por este diario aseguran que "no se tiene constancia" a través de ninguna orden ministerial de que se tenga que intensificar las actuaciones.