La Fiscalía pide 18 meses de cárcel para el jugador del Granada CF Darwin Machís

Granada/La Fiscalía de Granada ha pedido una condena de 18 meses de cárcel para el futbolista venezolano Darwin Machís, que milita en el Granada CF, por causar lesiones a dos trabajadores de una cafetería en el transcurso de una pelea.

Los hechos tuvieron lugar en la noche el 4 de abril de 2021 en Churriana de la Vega (Granada) cuando los acusados, Machís y dos procesados más, se personaron en una cafetería de la localidad donde estaban un trabajador y un cocinero de la misma, según consta en el escrito de acusación avanzado este viernes por el portal web ahoraGranada.

El mismo indica que los procesados se bajaron “apresuradamente” del vehículo actuando de común acuerdo, después de golpear a otro coche que se encontraba en la zona y también que se produjo una pelea entre los dos empleados del local y los procesados.

El escrito indica que Machís y los otros dos procesados se intercambiaron golpes con los denunciantes con “ánimo de menoscabar la integridad física de unos a otros” y que tras esto todos los acusados abandonaron el lugar a bordo del coche.

Como consecuencia de estos hechos resultaron heridos los dos trabajadores, heridas de las que tardaron en curar treinta días, veinte de ellos impeditivos, mientras que el jugador venezolano del Granada también resultó herido tardando catorce días en curar de los que siete estuvo impedido, aunque no presentó denuncia.

Escrito de la Fiscalía

La Fiscalía considera a los acusados como presuntos autores de dos delitos de lesiones, por lo que solicita imponer una condena de 18 meses de cárcel para cada uno de ellos.

Además, indica que deberán indemnizar a los dos empleados de local con 4.725 euros y 1.525 euros respectivamente por las secuelas y las lesiones causadas, según avanza ahoraGranada.

La Fiscalía interesa también la apertura de la pieza de responsabilidad civil e indica que para adecuar la pena pecuniaria a imponer con la capacidad de solvencia del penado, se debe averiguar el estado de solvencia del penado mediante la remisión de oficios pertinentes a los registros públicos de naturaleza tributaria, catastral y demás que procedan.