Una batalla que dura dos años y medio

La orden judicial para que la empresa Odyssey devuelva a España en un plazo de diez días un tesoro valorado en 500 millones de dólares (unos 349 millones de euros) podría poner fin a un conflicto judicial que se inició en mayo de 2007, poco después de que fuera rescatado del fondo del Atlántico.

El 18 de mayo de 2007 la compañía Odyssey, con sede en Trampa (Florida, EEUU) anunció el hallazgo en aguas internacionales de medio millón de monedas de plata y oro, con un peso de casi 17 toneladas, pero se negó a facilitar la localización exacta del tesoro y la nacionalidad del buque del que fuera extraído el tesoro. El anuncio levantó las sospechas del Gobierno español, que abrió entonces una investigación y presentó, el día 30 de ese mismo mes, una demanda legal contra Odyssey en un tribunal federal de Tampa (Florida) para defender la propiedad del tesoro.

El juez de Tampa encargado del caso ordenó a la empresa norteamericana que entregara información precisa sobre el tesoro, si bien los datos facilitados por Odyssey fueron considerados insuficientes por las autoridades españolas. Ante el mismo tribunal España presentó documentos históricos que indicaban que el tesoro procedía de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, que zarpó del entonces virreinato del Perú y fue hundida el 5 de octubre de 1804 frente a las costas del Algarve (Portugal) por barcos ingleses.

Por ello, España, que también acusó a Odyssey de haber excavado en el suelo marino "en secreto" para extraer el tesoro, ha defendido que el tesoro es patrimonio histórico, además de ser la tumba de más de 250 marinos y ciudadanos españoles. Odyssey argumentó por su parte que no había pruebas para identificar el barco que transportaba el tesoro, ni restos humanos del naufragio dentro de un conflicto al que, en agosto de 2008, se sumó también Perú, que presentó una reclamación sobre el tesoro, en el se incluyen monedas del reinado de Carlos IV acuñadas en Lima.

El 3 de junio de 2009 el juez Mark Pizzo dictaminó que el tesoro debía ser devuelto a España, lo que supuso una importante victoria para el Gobierno español en la batalla legal, aunque no su final. De hecho, contra la recomendación de Pizzo se han pronunciado Odyssey, el Gobierno peruano y descendientes de los comerciantes propietarios de la mercancía, mientras que el Gobierno de Estados Unidos se ha posicionado a favor de España.

Según el Gobierno español, al pertenecer el buque Nuestra Señora de las Mercedes a la Armada Española, su cargamento está bajo la protección del principio de inmunidad soberana, aunque Odyssey, por su parte, insiste en que cuando se produjo el hundimiento, el barco se hallaba comprometido en una misión comercial.

El pasado mes de septiembre la empresa caza-tesoros ofreció un diez por ciento del botín a los descendientes del comandante de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, el almirante Diego de Alvear y Ponce de León, que perdió a su esposa, a siete de sus ocho hijos y toda su fortuna en el ataque de la flota inglesa a la nave española. Muchos de ellos desconfiaron de esta oferta, mientras el juzgado proseguía sus diligencias hasta que ahora ha ordenado a la empresa estadounidense devolver en un plazo de diez días el tesoro en una sentencia que estipula que Odyssey puede seguir haciéndose cargo de las 500.000 monedas hasta que se establezca la forma de entrega y a la espera de un posible recurso de la empresa.