La educación, una prioridad para el Ayuntamiento de Granada

La educación es uno de los servicios esenciales que afectan de una u otra forma a todas las familias de un municipio. Quizá por ello, los ayuntamientos siempre han tenido entre sus prioridades el servicio educativo más allá incluso de sus competencias.

Me voy a centrar en el Ayuntamiento de Granada, que ya en 1980 decidió crear el Patronato de Escuelas Infantiles con el fin de estudiar la escolarización de los niños y niñas de 0-6 años y promover la creación de escuelas infantiles públicas de calidad. Se configuro lo que se llamó Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Granada.

En 2008 se constituyó la Fundación Pública Local Granada Educa, y como queda reflejado en sus Estatutos se pretende convertir a Granada en una ciudad educadora. En su Capitulo II artículo 3. Fines de la Fundación, destacaría los siguientes puntos:

1) Posibilitar la utilización de la ciudad como instrumento educativo.

2) Impulsar la colaboración con las Administraciones con competencias educativas … y el

4) Hacer de la educación uno de los pilares básicos de la gestión local.

El pasado mes de febrero el concejal de Educación del Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, se quejaba de la falta de colaboración de la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía con la Fundación Granada Educa, al no recibir el trato que sí reciben los centros concertados y privados de la ciudad. Hay que recordar que las competencias en educación son de la Junta de Andalucía, por eso la falta de colaboración del Gobierno Andaluz está menos justificada.

Está claro que la Ley 7/1999 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (artículo cuatro) y el Decreto 18/2006 (artículo ocho) “señalan la titularidad municipal de los colegios y las obligaciones de las corporaciones locales con respecto a su mantenimiento”.

Además, la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica de Educación 2/2006 dispone que “la conservación y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación son responsabilidad del municipio”. Pero todos somos conscientes que los ayuntamientos en general y el ayuntamiento de Granada en particular, ha hecho desde siempre un esfuerzo más allá de sus competencias, el cual se ha visto incrementado en tiempos de pandemia.

En el presente curso académico 2021/2022 el Ayuntamiento ha invertido 240.000 euros para poner apunto los 38 colegios de la ciudad. Todos los esfuerzos destinados a la educación son pocos, y más en tiempos de pandemia como ha quedado dicho, por eso se ha echado en falta la colaboración de la Junta de Andalucía, que ha recibido del Gobierno de España en torno a 380 millones de euros para llevar a cabo medidas extraordinarias contra la pandemia.

Desde la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, no se hizo una planificación acorde con la situación sanitaria, y los ayuntamientos en general y el de Granada en particular, ha tenido que asumir gastos extraordinarios en materia de desinfección de los que la Junta se ha desentendido.

Desde el Ayuntamiento de Granada, se ha seguido trabajando en el presente curso con los centros educativos de nuestra ciudad más allá de sus competencias. Como botón de muestra podemos referirnos a los 87 programas educativos en los que han participado 186 centros de nuestra ciudad, lo que supone un contacto real con la ciudad, del que el año pasado se beneficiaron más de 50.000 alumnos.

Granada viene trabajando de forma decidida desde el Gobierno Municipal en convertirse, por mérito propio, en Ciudad Educadora.

En la ciudad educadora, la educación trasciende los muros de la escuela para impregnar toda la ciudad. Se trata de una educación ciudadana, donde todas las administraciones asumen su responsabilidad de educar y transformar la ciudad en un espacio de respeto a la vida y la diversidad.

La ciudad educadora vive en un proceso permanente que tiene como finalidad la construcción de comunidad y de una ciudadanía libre, responsable y solidaria, capaz de convivir en la diferencia, de solucionar pacíficamente los conflictos y trabajar por el bien común.

Todo ello, se plasmará en un proyecto educativo de ciudad, que habrá de ser elaborado de forma participativa, y los centros educativos por su parte tendrán que tener en su plan de centro muy presente el entorno.

Haría bien el Gobierno andaluz en valorar el esfuerzo de los ayuntamientos, y debería de colaborar de forma estrecha en un servicio esencial como es la educación de los niños y niñas de Andalucía, en vez de pelearse con la FAM (Federación Andaluza de municipios).