El Albayzín a la UCI

EL título no es un invento mío, y sí las palabras del anterior gerente de la ya desaparecida Fundación Albayzín que ha gestionado el PP desde el Ayuntamiento de Granada en los últimos nueve años. Sorprende que ahora, precisamente que ya no tiene responsabilidad institucional, Miguel Valle lance este auxilio.

Por otro lado, me tranquilizan sus palabras en los medios, porque atina en muchos de los problemas del Albayzín: lamentable estado del patrimonio, pérdida y envejecimiento de la población, desprotección urbanística por la demora en la aprobación del nuevo Plan Especial del Albayzín, etc.

Conocemos, pues, el diagnóstico, el que hacen los propios vecinos del barrio, el que hace la Universidad, el que recogen los diferentes estudios de las administraciones y, sin embargo, todo resulta un embrollo partidista.

Hay veces que los responsables del PP en el Ayuntamiento de Granada hablan del Albayzín como si fuese un barrio de Víznar. Y alegan que los problemas son competencia de la Junta de Andalucía.

Efectivamente, la Junta de Andalucía, según la Ley de Patrimonio Histórico, tiene competencias en el barrio del Albayzín, si bien son competencias delegadas al Ayuntamiento de Granada. Sí que se reserva la Junta de Andalucía la responsabilidad de aprobación del Plan Especial y el seguimiento del mismo. Pero la redacción y ejecución de dicho Plan le corresponde al Ayuntamiento. Lo que ocurre es que, al final, todo esto termina siendo un galimatías, un juego confuso, una serie de trompadas partidistas y entre instituciones. No obstante, en este galimatías, hay que saber quién lo provoca y por qué.

Para el PP en el Ayuntamiento de Granada, en ningún caso parece prevalecer el interés del barrio, ni abordar de forma acuciante los problemas existentes. Es mucho mejor echar la culpa a otra institución. Y esta situación termina siendo insostenible porque tras 9 años el Plan Especial del Albayzín sigue sin aprobarse, ya que primero se presentó un borrador que, entre otros errores, incluía fichas de catálogo de edificios de otra ciudad, o bien, posteriormente, y por poner sólo un ejemplo, no incluía medidas para abordar la movilidad dentro del barrio. De modo, que no son pocas las voces, incluyendo muchos vecinos, que reclaman que la Junta de Andalucía retire las competencias delegadas al Ayuntamiento. Pero esta situación supondría el fracaso de una institución, la municipal, incapaz de gestionar su presente y su futuro, al tiempo que se pondría en peligro la declaración del Albayzín como Patrimonio de la Humanidad o la posible declaración del Sacromonte que, a iniciativa del PSOE, aprobaron todos los grupos municipales del Ayuntamiento por unanimidad.

En caso de que dichas competencias se retiraran, el PP en el Ayuntamiento seguiría tomando decisiones en el barrio: como la de suprimir el transporte público en la Carrera del Darro o cambiar el sentido de la circulación en la calle San Juan de los Reyes, o gestionar un centro de servicios sociales, en el Callejón del Gallo, que incumple todas las medidas de accesibilidad imaginables, o de la limpieza, o de la ocupación de vía pública.

La clave para la Unesco, en el momento de adoptar la declaración como Patrimonio de la Humanidad, era la participación vecinal. De un tiempo a esta parte, las medidas que toma el PP, y para las que es total y exclusivamente competente, se han llevado a cabo con el cabreo de los vecinos y vecinas. Algo, por tanto, se está haciendo al revés desde el Ayuntamiento de Granada y todavía nos preguntamos por qué: ¿por la presa en el Valle del Darro, el ascensor a la Alhambra, el Cerro de San Miguel…? Veremos.