Asistenta desasistida

ASÍ se debe haber sentido Isabel Laranjeira, la empleada de hogar portuguesa que trabajó entre 2001 y 2002 en casa del matrimonio Zapatero sin estar dada de alta en la Seguridad Social, a pesar de trabajar una media de 120 horas mensuales, traspasando así el límite de 80 que marca la ley para obligar a dar de alta a un empleado del hogar fijo.

Y es que si a cualquiera de los españoles de a pie se nos hubiera ocurrido no dar de alta en la Seguridad Social a una trabajadora del hogar -en caso de poder tenerla-, nos podríamos preparar porque se nos iba a caer el pelo, otra "pequeña" diferencia entre la clase política y el común de los mortales.

Pero nuestro aún Presidente con esta actuación parece olvidarse de su Anteproyecto de Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación, que tiene como objetivo que "nadie pueda sentirse humillado" por razones de nacimiento, raza, sexo, convicción, discapacidad, edad, religión, identidad sexual o enfermedad", y que lleva camino de convertirse en otro ejemplo de fomento al chivatazo, dada la obligación de los particulares de "colaborar" con la Administración si se enteran, por ejemplo, de que un vecino no ha querido dar de alta en Seguridad Social a su asistenta inmigrante. Independientemente de que algunos aspectos de la polémica ley podrían entrar en colisión con otros derechos fundamentales de la CE, Zapatero debería ser el primer sancionado por la "Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación" que prevé esta norma, ya que Moncloa en ningún momento ha desmentido la veracidad de las declaraciones de la ex asistenta, que se corroboran no sólo con el testimonio de cinco personas del entorno, sino también porque entre junio de 2001 y febrero de 2002 no consta ninguna asistenta dada de alta por parte del matrimonio Zapatero -según el expediente de contrataciones de Espinosa-, coincidiendo con las fechas en las que Laranjeira afirma haber trabajado en su domicilio, de manera "fija e ininterrumpida" y cobrando algo más de 300 euros mensuales.

Frente al "aquí no pasa nada" nacional, en Estados Unidos los "nanny gates" han fulminado la carrera de muchos políticos, es el caso de Zoë Baird, candidata de Clinton en 1993 al cargo de Fiscal General, que tuvo que renunciar al haber empleado en su casa a dos inmigrantes peruanos ilegales, aunque reconoció su error y pagó las cuotas a la Seguridad Social. La siguiente candidata de Clinton, Kimba Word, también había empleado en el pasado a una inmigrante ilegal y vio igualmente truncadas sus aspiraciones. Linda Chávez tuvo que retirar en 2001 su candidatura a la Secretaría de Trabajo por emplear a una inmigrante ilegal guatemalteca. Bernie Kerik, comisario de policía de NY y candidato de Bush en 2004 al cargo de Secretario de Seguridad Nacional, tuvo que rechazar su nominación por emplear a una inmigrante ilegal como niñera, tras una investigación oficial se declaró culpable y pagó una sanción de 221.000 dólares. Meg Whitman, candidata republicana en 2010 para suceder en el cargo de Gobernador de California a Schwarzenegger, empleó a una mexicana sin papeles y se negó a regularizar su situación, no retiró su candidatura, pero perdió las elecciones de noviembre pasado. Igual que aquí…