Balance de legislatura

La XIV legislatura ha concluido y es el momento de hacer balance. Veníamos de una legislatura fallida, en la que no se había podido investir a un presidente del Gobierno y hubo que repetir las elecciones. Tras las nuevas elecciones de noviembre de 2019, la investidura no resultaba fácil pero al menos se había alcanzado un acuerdo PSOE-Unidas Podemos que abría esa posibilidad. Al final fue investido el presidente Sánchez, con una fuerte presión de los odiadores. Como coincidió con mi efímero paso por el Congreso de los Diputados, guardo como recuerdo los mensajes con insultos y amenazas que recibí de los que ahora gobiernan Castilla y León, a mayor gloria de la tuberculosis bovina, y a partir del próximo sábado gobernarán en diversos municipios de Granada. Producida la investidura, se formó el primer gobierno de coalición desde la aprobación de la Constitución. Ha sido una experiencia rica en propuestas y actuaciones aunque, como toda primera vez, con aspectos mejorables en su funcionamiento para la siguiente legislatura.

Nada más formarse el Gobierno, se produjo el hecho que no sólo ha marcado la legislatura sino nuestras vidas: la pandemia de la Covid-19. Lo más relevante es la tragedia por la pérdida de vidas humanas. Pero, además, el hundimiento económico parecía inevitable. No obstante, el Gobierno respondió con audacia a través de dos instrumentos que serán valorados positivamente cuando se analice esta crisis con perspectiva: los préstamos ICO y los ERTE. Las ayudas financieras al tejido productivo con el aval del Instituto de Crédito Oficial para impedir que quedara desmantelado y los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo para impedir que millones de personas fueran despedidas, reincorporándose a su puesto de trabajo, sin haberlo perdido, una vez recuperada la actividad.

El programa legislativo quedaba retrasado para desarrollar en 2021 y 2022 una actividad frenética. Se han aprobado leyes de las que marcan una legislatura como una reforma laboral que está cambiando nuestro mercado de trabajo; la que garantiza la subida de las pensiones conforme al IPC; la ley de eutanasia o la primera ley de vivienda, entre muchas otras. Han quedado tareas pendientes para la próxima legislatura. Como progresista, y también como constitucionalista, destaco la aprobación de una ley básica de servicios sociales, con mínimos comunes para toda España; la modificación de la ley de protección de seguridad ciudadana de 2015, para eliminar limitaciones de derechos inasumibles en una democracia pluralista, o una regulación que impida el bloqueo de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial.